Ciudad de México.- José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco” habría sido asesinado en el estado de Sinaloa, de acuerdo con información de la Fiscalía de aquel estado, lo que se dio a conocer durante la madrugada del miércoles.
El cuerpo habría sido encontrado sin vida el 18 de marzo en una brecha en el municipio de Choix, Sinaloa.
Se informó que fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) viajaron a Sinaloa para confirmar si el cuerpo encontrado corresponde a Portillo Gil.
“El Chueco” está acusado de matar a los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquin Mora, así como al guía de turistas Pedro Palma y aún joven beisbolista en Cerocahui, municipio de Urique en Chihuahua el 20 de junio del 2022.
El crimen ocurrió en la parroquia San Francisco Javier del poblado de Cerocahui, el cual se llenó de luto, ya que los sacerdotes jesuitas formaban parte de la vida de los pobladores.
Durante nueve meses permaneció prófugo de la justicia y aunque se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones por su paradero y pese a que los habitantes de la región en constantes ocasiones denunciaron haberlo visto en la región de San Rafael y Cerocahui en Urique, así como en Temoris, no había podido ser detenido por las autoridades, que desde junio del 2022 mantenían un operativo en toda la zona.
Además del crimen en Cerocahui, a “El Chueco” se le acusa de haber matado a un profesor estadounidense de nombre Patrick Braxton, asesinado en la Sierra de Chihuahua en el 2018.
José Noriel Portillo Gil “El Chueco”, era uno de los líderes del crimen organizado más temido en la zona de la Sierra Tarahumara.
Los habitantes de la región contaron anteriormente a EL UNIVERSAL, que antes de la muerte de los sacerdotes jesuitas, se le veía pasar por las calles de las regiones de Bahuichivo, San Rafael y Cerocahui en el municipio de Urique, con vehículos de reciente modelo e incluso algunos blindados.
Desde el 2018 era buscado por la muerte del profesor estadounidense y de acuerdo con datos oficiales pertenecía al grupo de la Gente Nueva del Cártel de Sinaloa.
Las zonas de operación que tendría en la Sierra de Chihuahua serían Mesa de Arturo, Bahuichivo, donde se dice que vivía hasta el día del crimen de los sacerdotes, así como San Rafael, Cerocahui, entre otras.
Al no ser detenido la comunidad jesuita que opera en la Sierra Tarahumara, obtuvieron medidas, las cuales les fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 22 de enero de 2023.
Los beneficiarios de las medidas cautelares, son tres religiosas y nueve sacerdotes, quienes hasta el momento se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente, derivado de sus actividades en la comunidad y de la exigencia de justicia por los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza.
El pasado lunes 20 de marzo al cumplirse 9 meses del crimen, la comunidad jesuita volvió a pedir a las autoridades de los tres niveles de gobierno seguridad y justicia en la Sierra Tarahumara. (EL UNIVERSAL)
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