Integridad electoral
Ningún otro país de América Latina cuenta con un marco legal e institucional tan completo y robusto como el sistema electoral mexicano. De hecho, para todos los componentes y supuestos que se presentan en una elección, existe una norma jurídica que indica los pasos, derechos, obligaciones y sanciones que deben seguir y respetar los actores políticos y las autoridades.
Estas normas abarcan desde la existencia, funcionamiento y atribuciones de las autoridades electorales, la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, los procesos, los medios de impugnación, la tipificación de los delitos, el acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión, hasta la constitución y dirección de los partidos políticos.
El surgimiento de este conjunto de mandatos constitucionales, leyes generales, reglamentos, códigos y disposiciones locales es en gran medida el resultado de lo que llamamos “síndrome del escepticismo electoral”. Al calor de los resultados electorales, casi todos a favor del partido oficial, los partidos de oposición denunciaban anomalías con frecuencia, y por buenas razones.
¿Cómo olvidar las continuas denuncias de fraude en las casillas y el sistema de votación, la compra de votos, el uso de recursos públicos, la parcialidad con la que actuaban las autoridades electorales y, más recientemente, la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación, los gastos de campaña desproporcionados y el uso de recursos ilícitos?
A lo largo del tiempo, se ha establecido un marco jurídico que, si bien es susceptible de perfeccionamiento, ha logrado tipificar estas conductas anómalas como delitos electorales, al mismo tiempo que dota a las autoridades de autonomía y herramientas para investigar y sancionar los actos prohibidos.
Sin embargo, en última instancia, la responsabilidad no recae en las regulaciones, e incluso si estas fueran perfectas. Siempre existirá el riesgo de que algunos actores obtengan ciertas ventajas a través de conducirse al margen de la ley. Podría ocurrir en momentos y lugares en los cuales las autoridades se relajan o actúan tardíamente. Asimismo, en aquellas áreas donde las sanciones no sean lo suficientemente fuertes para disuadir conductas inapropiadas o ventajosas durante el proceso electoral.
De ahí que exista un importante valor democrático en el Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral 2023 impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Documento que recientemente firmaron las autoridades electorales, incluyendo al INE, al Instituto Electoral de Coahuila y al Tribunal Electoral del estado, la Administración Estatal, el Congreso local, organismos de la sociedad civil, así como la mayoría de los partidos políticos en Coahuila.
La integridad en el ámbito electoral se da cuando los actores políticos se comportan en pleno apego a sus principios y sistema de valores. Coherencia entre pensar, expresar y actuar.
Es decir, el camino íntegro en un proceso electoral, requiere que los actores políticos se apeguen a las normas jurídicas, y en aquellos espacios donde existan vacíos normativos o donde las autoridades electorales no alcancen a documentar y sancionar las conductas indebidas, actúen de acuerdo con su declaración de principios.
Claramente, la democracia en México ha evolucionado hasta convertirse en uno de los sistemas con mayor regulación electoral. Sin embargo, la única manera de eliminar por completo la desconfianza encarnada en el “síndrome del escepticismo electoral” es asegurar que los partidos políticos, candidatos y autoridades se comprometan a actuar con integridad en todas las actividades político-electorales.
Es por ello que el compromiso público asumido por los actores políticos en Coahuila al firmar dicho Acuerdo en vísperas de lo que se considera un intenso y disputado proceso electoral, merece un mayor grado de difusión entre los militantes, medios de comunicación y votantes.
El mayor riesgo de las próximas elecciones es que se ignore algo tan básico.
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