Chilpancingo.- «Estamos armados, pero qué quieren, ¿Qué nos dejemos matar?», soltó un policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PC) al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Luego le describió las razones por las que están armados: «Quieren someternos a la fuerza y por no dejarnos someter nos han privado de muchas cosas, no podemos salir de nuestras comunidades […] nos han matado a 40 de nuestros compañeros y otros 20 están desaparecidos».
Enseguida, el comunitario le dijo al presidente los nombres a quienes responsabilizan: la organización criminal «Los Ardillos» y, según aseguró, sus líderes, Celso Ortega Jiménez y su hermano, el diputado local, el perredista Bernardo Ortega Jiménez.
Eran las 4 de la tarde en el crucero de Colotepec sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, y unos 200 pobladores de comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera detuvieron la comitiva de López Obrador.
El presidente se detuvo, bajó el cristal de su camioneta y escuchó las demandas de los pobladores que desde hace casi una década viven armados para protegerse del acecho de organizaciones criminales.
«Vivimos aislados, no podemos bajar, antes se sembraban productos del campo que se llevaban a vender a Chilapa, sin embargo, han matado señoras, han dejado viudas, muchos niños huérfanos. En una ocasión mataron a 10 músicos, y el ex fiscal (Jorge Zuriel de los Santos) señaló al grupo delictivo ‘Los Ardillos’ que cometió los asesinatos, tenemos muchos desaparecidos y no tenemos un detenido», le contó el comunitario.
Este corredor de comunidades que comienza en Atzacualoya, en Chilapa, y termina en el municipio de José Joaquín Herrera desde hace más de una década viven atrincherados: han sido constantes los ataques armados, los asesinatos, las desapariciones.
Algunos de estos pueblos han tenido que armar hasta a los niños.
«Muchos de nuestros compañeros bajan a Chilapa a vender sus productos y ya no vuelven y siguen desapareciendo y nosotros hacemos responsables a ‘Los Ardillos’, a Celso Ortega y al diputado Bernardo Ortega y al presidente municipal (el priista Aldy Esteban) que está coludido con ellos».
Otro comunitario le contó que antes de estos ataques, las autoridades de Guerrero prácticamente no han hecho nada.
«Seguimos olvidados, sin nada, sin internet, con caminos para caballos. En la pandemia por Covid-19 los niños pasaron dos años sin clases y ahora los maestros no quieren venir», le explicó al presidente.
Luego, le dijeron que además de que no los ayudan, la Fiscalía General del Estado (FGE) los persigue.
«Hay averiguaciones previas contra unas 10 mujeres de nuestro pueblo, usted cree que las viejitas ahora van andar con sus armas, no y las están acusando, pero los criminales ahí andan libres, como si nada», le recriminó.
Después le exigió la destitución de la fiscal general del estado, la teniente Sandra Luz Valdovinos, quién fue nombrada por el Congreso local por injerencia del gobierno de López Obrador.
El presidente les sugirió que buscarán otras formas de lucha. «Hay más formas más efectivas de lucha contra la violencia». Les pidió no caer en la provocación.
López Obrador se comprometió a que los visitará el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas para atender sus demandas.
«¿Entonces qué quieren, que nos dejemos matar? No se puede, tenemos familia que defender, si no nos defendemos quién lo va hacer? le dijo el comunitario a López Obrador. (EL UNIVERSAL)
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