Ginebra, Suiza.- Seis expertos de la ONU* pidieron este miércoles al Consejo de Derechos Humanos que abra una investigación internacional sobre la explosión masiva en el puerto de Beirut hace dos años, con el fin de garantizar la justicia para quienes murieron y resultaron heridos.
El 4 de agosto de 2020 se registró un fuerte estallido que mató a más de 200 personas y diezmó gran parte de la capital libanesa. La causa fue una reserva de nitrato de amonio en un almacén portuario.
En un comunicado conjunto, los relatores especiales recordaron que la explosión destruyó 77 mil viviendas, hirió a 7 mil personas y desplazó a más de 300 mil, entre los que se contaron 80 mil niños.
“Esta tragedia marcó una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia reciente, pero el mundo no ha hecho nada para averiguar por qué sucedió”, señalaron los expertos.
La gente sigue esperando justicia
“En el segundo aniversario de la explosión, lamentamos que la gente en el Líbano todavía esté esperando justicia, y pedimos que se inicie sin dilación una investigación internacional”, recalcaron.
Poco después de la explosión de 2020, 37 expertos en derechos humanos emitieron una declaración conjunta en la que instaban al gobierno libanés y a la comunidad internacional a que respondieran de manera efectiva a los pedidos de justicia y restitución.
Sin embargo, la indagación nacional ha sido obstruida varias veces, apuntaron los expertos.
Por lo tanto, -agregaron- las familias de las víctimas han solicitado a la comunidad internacional que emprenda una investigación independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos, con la esperanza de que dé las respuestas que las autoridades libanesas no han podido proporcionar.
Negligencia y corrupción
La explosión y sus consecuencias han puesto aún más de relieve los problemas sistémicos de gobierno negligente y corrupción generalizada en el Líbano, sostuvieron los expertos.
El grupo de relatores especiales visitó recientemente ese país y descubrió que aún no se han establecido responsabilidades por la explosión, que las áreas afectadas siguen en ruinas y que los fondos de reconstrucción de la comunidad internacional apenas han comenzado a llegar a los beneficiarios legítimos.
Además, continúa siendo muy difícil el acceso a los alimentos y otros bienes básicos en el país asolado por la crisis.
Líbano importa hasta el 80% de sus alimentos y la explosión dañó el principal punto de entrada y el silo de granos de la nación.
Escasez, devaluación e inflación
La población también debe luchar todos los días para acceder a insumos esenciales como combustible, electricidad, medicinas y agua limpia; la moneda ha perdido más del 95% de su valor en los últimos dos años, y la tasa de inflación promedio de junio alcanzó cerca del 210%, destacaron los expertos.
Asimismo, recordaron que algunos países prometieron ayudar a las personas en el Líbano después de la explosión, deplorando que hasta ahora no hayan hecho lo suficiente para hacer justicia e iniciar una investigación internacional.
Los firmantes del comunicado son: Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Obiora Okafor, experto independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional; David Boyd, relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente; y Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada. (ONU NOTICIAS)
* Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
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