Ciudadanía, elecciones y desarrollo en Coahuila
El proceso electoral que se avecina en Coahuila representa una gran oportunidad para que los ciudadanos den forma a una nueva agenda de desarrollo, la cual deberá servir como una renovada visión para las autoridades estatales que entrarán en funciones en diciembre del próximo año.
En este nuevo orden de prioridades, las necesidades de los coahuilenses deben colocarse al centro de los programas gubernamentales. Con tal propósito, la participación ciudadana será trascendente para configurar un plan, no solo de recuperación frente a los efectos coyunturales que desencadenó la pandemia, sino para llevar a cabo las transformaciones estructurales que posicionen a Coahuila en los más altos estándares de desarrollo.
La tarea no será sencilla, sobre todo porque en los procesos electorales los partidos suelen imponer sus propias agendas. Los organismos políticos acotan la participación ciudadana, haciendo uso de una lista de prioridades redactada en los escritorios de las casas de campaña y ‘palomeada’ por los candidatos.
Lo mismo sucede cuando llega el momento de elaborar los planes y programas oficiales. Si bien la Ley de Planeación estatal contempla la participación ciudadana, lo cierto es que se utilizan borradores previamente elaborados por los asesores del mandatario.
Por ello, desde mi punto de vista, la sociedad civil deberá ir un paso delante de los partidos políticos. Es el tiempo propicio para organizar foros que promuevan un extenso diálogo social, en el cual se aborden los asuntos públicos que inciden en el desarrollo de Coahuila.
Si las organizaciones sociales actúan rápido y con efectividad, a los partidos no les quedará más remedio que adoptar la nueva agenda integrada desde una perspectiva ciudadana, independientemente de la coalición que gané la elección del próximo año.
Una vez establecido el modelo de participación ciudadana, y superada la resistencia de los partidos a todo aquello que proviene de la sociedad civil, habrá que seleccionar los temas estratégicos. En este sentido, propongo orientar el diálogo social en torno al eje crecimiento económico-inclusión social-seguridad.
Se trata, en primer término, de medir el impacto que dejó la pandemia en el empleo y la actividad económica. Determinar si el tiempo que le resta a la actual administración estatal será suficiente para recuperar las ocupaciones pérdidas y regresar a los niveles de bienestar previos al estallido de la crisis.
Al mismo tiempo, deberá reconocerse que en los últimos años el crecimiento económico ha sido inconsistente. Sin considerar el desplome de 2020, el PIB de Coahuila ya mostraba una desaceleración en 2018 y una caída en 2019.
Por lo que, respecto al primer componente del eje estratégico, la ciudadanía podría proponer las herramientas que posicionen a Coahuila a la vanguardia en el impulso del crecimiento y la mitigación de los efectos económicos de la contingencia sanitaria.
Por otra parte, debe quedar claro que, para asegurar un desarrollo económico incluyente, justo y equilibrado, no basta con promover el crecimiento y alentar nuevas actividades económicas. Ya que en realidad la industrialización acelerada ha dejado problemas graves, entre ellos el aumento de la desigualdad urbana, produciéndose una dualidad en el desarrollo de las ciudades.
En Saltillo y Ramos Arizpe, por ejemplo, resultan evidentes las diferencias entre las unidades habitacionales de las periferias y las zonas residenciales, en aspectos como el nivel de ingresos, dotación de servicios públicos, seguridad, vivienda e infraestructura de transporte y movilidad.
Entonces, el principal desafío en la discusión ciudadana en materia de inclusión es encontrar un modelo de desarrollo que asegure un equilibro entre el crecimiento económico, garantizando empleo e ingreso para la población, y la construcción de entornos urbanos y rurales menos polarizados, desiguales o segregados.
Por último, el diálogo social para el desarrollo de Coahuila no podría agotarse sin la participación ciudadana en los temas de seguridad y promoción de la paz. Si bien en el contexto estatal los resultados han sido positivos, en mi opinión, ha llegado el momento de involucrar a la ciudadanía en temas como el mando único, violencia intrafamiliar y vecinal, previsión social, impartición de justicia, entre otros aspectos que deberán ser incluidos en el programa estatal de seguridad pública.
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