Democracia en ebullición
Sin elecciones de por medio, la democracia mexicana vive un interesante período de ebullición. Los vientos que avivan las llamas del sistema democrático, más allá de los procesos electorales, han sido, sin duda, las votaciones para la revocación de mandato, y la formación de un dique opositor que, desde el poder legislativo, contuvo el avance de la reforma eléctrica.
Habremos de incluir en esta etapa de hervor democrático la iniciativa de reforma electoral que enviará AMLO al Congreso, la cual, de no crearse los consensos correctos, encontrará un horizonte muy parecido que su antecesora, la reforma eléctrica.
Se trata, desde mi punto de vista, de la puesta en marcha de dos mecanismos que, al funcionar de manera efectiva, resaltan la noción de una democracia consolidada, expresada a través de, por una parte, alentar y facilitar la participación ciudadana y, por la otra, garantizar el equilibrio de poderes situando en la Cámara de Diputados y el Senado de la República la deliberación de los asuntos públicos y la representación popular para la toma de decisiones.
Recordemos que, por un largo período, la presencia de un régimen autoritario, sostenido en la figura de un presidente con poderes ilimitados más allá de los que le otorga la Constitución, a cargo de un partido dominante en ambas cámaras que seguía al pie de la letra las instrucciones presidenciales, impidió la creación y el fortalecimiento de mecanismos de participación directa de la ciudadanía en las decisiones políticas.
Ese mismo régimen inhibió el establecimiento de contrapesos institucionales y la aparición de actores democráticos que limitaran, en términos políticos y constitucionales, los excesos de un presidente democráticamente electo, pero con claras tendencias totalitarias al momento de ejercer el poder e imponer sus creencias y condiciones.
A partir de la alternancia en el 2000, se llevó a cabo un nuevo proceso para la consolidación democrática. Gracias a la relativa pluralidad con la que se conformó el Congreso, el legislativo daba las primeras señales para constituirse como un auténtico contrapeso al poder presidencial. El nuevo partido en el poder (PAN) se vio en la necesidad de debatir y negociar las reformas e iniciativas presidenciales con las fuerzas opositoras representadas en la Cámara de Diputados, principalmente con el PRI y la izquierda que en aquellos momentos encabezaba el PRD.
Al mismo tiempo, la transición contribuyó a normalizar la democracia electoral, siendo las elecciones cada vez más competidas y menos cuestionadas. Salvo el proceso federal de 2006, en el resto de las votaciones los partidos políticos y sus candidatos han acatado los resultados. La autoridad electoral y las reglas de juego adquirieron un significado legal y político condicionante para que funcione el sistema democrático.
No obstante, recientemente la democracia en México vuelve a ser cuestionada, destacando tres aspectos:
Primero, el déficit de participación ciudadana en los ámbitos de las decisiones políticas.
Segundo, la aparición de un nuevo régimen de origen democrático, ampliamente legitimado, pero con algunos rasgos personalistas que hacen recordar al pasado.
Por último, la controversia planteada desde el poder respecto a la efectiva contribución de las autoridades electorales para el fortalecimiento democrático del país en esta nueva etapa de transformaciones.
Estos tres planteamientos me hacen coincidir con quienes afirman que las transiciones democráticas nunca se concluyen. Las transformaciones políticas y sociales que constantemente experimenta el país erosionan las bases institucionales y simbólicas del régimen democrático, manifestándose en ciertos momentos un desencanto frente a los aspectos normativos que regulan la participación ciudadana, la división de poderes y los procesos electorales, independientemente del partido que se encuentre en el poder.
Por este motivo, considero que, en términos de mejorar el sistema democrático a través del fortalecimiento de los mecanismos de representación, deliberación y decisión en los asuntos públicos, tanto la participación ciudadana en plebiscitos, consultas y referéndum, así como la construcción de diques opositores desde el Congreso, contribuyen a la reducción del déficit de legitimidad y credibilidad política.
La reciente ebullición democrática es una buena noticia para la política, incluyendo la reforma electoral propuesta por el presidente. Veremos si, desde el Gobierno, se logran construir los consensos o, al igual que lo sucedido con la reforma eléctrica, la oposición unida impone su poder de veto.
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