Ciudad de México.- En toda América Latina, las mujeres jóvenes enfrentan una serie de desigualdades que se entrecruzan y afectan sus trayectorias de vida para lograr una mejor posición social, laboral y económica. Pero en México esto se recrudece al ser el país donde al año se registran 350 mil embarazos adolescentes, casi mil por día, y donde la violencia hacia las mujeres se refleja en el alto número de desapariciones y femicidios (10 diarios).
Animal Político publicó que además, la pandemia de COVID-19 vino a agravar la situación: la recesión económica resaltó las condiciones precarias que prevalecen en un gran número de empleos, sobre todo en sectores donde las mujeres suelen insertarse; y las políticas de confinamiento incrementaron la violencia de género y han obligado a muchas víctimas a convivir de manera permanente con sus agresores.
El informe Danzar en las brumas, género y juventudes en entornos desiguales en América Latina y El Caribe, de Unesco, el Colegio de México y Clacso, resalta todas estas desigualdades y su impacto en un momento nodal en el curso de vida de las mujeres como es la juventud, cuando se construyen una serie de recursos que van a definir la forma en que se vive la adultez.
“En América Latina y en México, por supuesto, las transiciones a la adultez, al primer trabajo, a la salida de la escuela, al primer hijo, son marcadamente desiguales, por ejemplo en el momento en el que ocurren: hay segmentos importantes de las juventudes experimentando el embarazo a muy temprana edad, lo cual tiene consecuencias a lo largo de la vida, mientras otro segmento retrasa mucho la llegada del primer hijo. Son transiciones de vida que cada vez se están polarizando más”, explica Landy Sánchez Peña, directora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México y una de las autoras del estudio.
El embarazo adolescente se relaciona de manera estrecha con desigualdades sociales preexistentes que se entrecruzan, señala el informe, por ejemplo: es más frecuente que las adolescentes indígenas con acceso limitado a la educación sexual, de hogares con ingresos bajos y que residen en zonas con niveles altos de violencia se embaracen que las adolescentes que no viven vulneradas por estas condiciones.
“En México alrededor de 350 mil adolescentes se embarazan al año, aproximadamente mil cada día. Esas mujeres ya están en desventaja, unas más que otras dependiendo de la condición socioeconómica, porque no tendrán el mismo acceso a educación y a oportunidades laborales que quienes se embarazan después”, señala Laura Flamand, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades en el Colegio de México y una de las coordinadoras de Danzar entre brumas.
Los efectos económicos, sanitarios y sociales de la pandemia han exacerbado la vulnerabilidad de las y los adolescentes en el plano global. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por cada seis meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se proyectan siete millones más de embarazos no planeados en el mundo.
El Consejo Nacional de Población en México estima un aumento de 30% de los embarazos adolescentes no intencionados, es decir, poco más de 29 mil nacimientos adicionales a los proyectados para 2021.
Esto parece haber resultado, señala el informe, de una combinación de factores. Primero, las estrategias de confinamiento significaron que niñas y adolescentes fueran más vulnerables a ataques sexuales y abusos.
Segundo, la suspensión de las clases presenciales y la falta de atención al público en unidades de salud a necesidades no relacionadas con la covid-19 privaron a muchas niñas y adolescentes de acceso a instancias de prevención, atención y/o contención psicológica.
Tercero, como las acciones gubernamentales se concentraron en combatir el virus, las campañas orientadas a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la distribución de métodos anticonceptivos se suspendieron.
La pandemia también agravó otras vulneraciones a derechos en las mujeres, al dejarlas, como ya se mencionó, más expuestas a agresiones.
En el contexto de COVID-19, en México, se registró un aumento del 2.9% de pedidos de auxilio por casos de violencia basada en el género, en comparación con los registrados en 2019, de acuerdo con información de ONU Mujeres. Además, se recibieron 610 mil 446 denuncias al 911 por motivos de violencia contra la mujer en 2020, y también un promedio de 45 denuncias diarias por violación.
Esto en un país donde cada año 5.4 millones de menores son víctimas de abuso sexual; el 90% de los casos perpetrados contra niñas, donde se registra la mayor incidencia de desapariciones de mujeres (jóvenes y adolescentes) de la región y donde ocurren 10 feminicidios al día (2020).
Los impactos psicológicos no reparados en las víctimas las hacen más susceptibles a la ocurrencia de nuevas y diversas formas de violencia, especialmente en contextos no protectores, dice el informe.
Esto puede significar para muchas víctimas tener que enfrentar un continuo de violencias como la negligencia, el abandono, el castigo físico y emocional, los abusos y violencias sexuales, la explotación sexual, la violencia de pareja e incluso los feminicidios, entre otras.
Y en salud mental, las mujeres jóvenes tampoco tienen garantizados sus derechos. El informe revela que del total de gasto en salud en América Latina solo 2% se dedica a salud mental.
“Esto en un momento en que la pandemia ha hecho que crezca la ansiedad, sobre todo en las mujeres, y esto tiene que ver también con una distribución desigual de los trabajos de cuidado, con una diferencia de 30 horas entre hombres y mujeres; es decir es casi como si ellas tuvieran otro empleo”, dice Laura Flamand.
El trabajo de cuidados, puntualiza el informe, tiene un fuerte impacto en las jóvenes de la región, quienes se ven imposibilitadas de continuar sus trayectorias laborales y/o estudiantiles por asumir estas labores, lo que las convierte en jóvenes que ni estudian ni trabajan (en labores remuneradas).
Aquí ya se entrecruzan desigualdades que se han venido arrastrando por décadas, justo como el tema del trabajo de cuidados no remunerado, el acceso desigual a la educación y a mejores trabajos e ingresos para las mujeres.
En especial, las mujeres jóvenes participan menos y son más propensas al desempleo, construyen trayectorias laborales intermitentes y se enfrentan a una mayor precariedad y segregación ocupacional. Esta situación se relaciona en gran parte con el hecho de que ellas siguen siendo las principales responsables del trabajo reproductivo, lo que deriva en una sobrecarga global de trabajo que termina condicionando su inserción y las trayectorias laborales y de vida.
En cuanto a educación, en el caso mexicano, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan es de solo 3.9 % entre los hombres, pero alcanza el 21.6 % entre las mujeres, lo que refleja importantes brechas en factores relevantes al momento de explicar las trayectorias educativas.
Acceso desigual al mundo digital
En el periodo de distanciamiento social asociado a la pandemia de covid-19, las oportunidades de participación en los diversos ámbitos de la vida social han dependido en buena medida de la inclusión digital. Las desigualdades entre quienes están incluidos digitalmente y quienes no lo están se han ahondado, situación que deberá ser retomada desde las políticas en el escenario postpandemia, describe el informe.
Respecto a la dimensión de género en particular, Danzar entre brumas, en América Latina y el Caribe, señala que el nivel de acceso a las tecnologías de información tiende a ser paritario entre varones y mujeres. Sin embargo, las diferencias se manifiestan en el uso de la tecnología y en el desarrollo de las habilidades digitales.
“En el caso de la brecha digital no se ve diferencia entre hombres y mujeres, pero cuando se analizan las habilidades resulta que en las mujeres están más enfocadas al manejo de software de oficina y los hombres a programación”, explica Juan Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y otro de los autores del informe.
Así habilidades como conectar e instalar nuevos dispositivos las tienen 82 % de los hombres del estrato más alto y 56 % del estrato más bajo, mientras que entre las mujeres poseen esta habilidad 75 % del estrato más alto y 49 % del estrato más bajo.
Encontrar, bajar, instalar y configurar software y aplicativos está presente en 73 % de los hombres del estrato más alto y 59 % de los del estrato más bajo; entre las mujeres, lo está en el 73 % de las del estrato más alto y 55 % de las del más bajo.
Esas diferencias se asemejan a otra en el ámbito educativo y laboral: “sigue habiendo pocas mujeres estudiando ciencia, ingeniería y matemáticas, y para las que lo hacen después les es difícil insertarse en el ámbito laboral”, apunta Olmeda.
Entre los factores de años más recientes que están contribuyendo a la desigualdad hay que considerar al cambio climático. Para las mujeres jóvenes, la escasez asociada a amenazas climáticas supone el riesgo de profundización de las brechas de género que ya enfrentan en la propiedad, la actividad laboral y el ingreso, así como de afectaciones de su salud y seguridad física.
“Para los jóvenes, los impactos están vinculados a los ingresos. El hecho de que el cambio climático afecte a las cosechas hace que el campo ya no sea una oportunidad de trabajo y aunque se piensa que el trabajo agrícola lo realizan más los hombres, la verdad es que las mujeres sí lo practican, pero está considerado como trabajo doméstico, porque se dedican a deshierbar o a levantar las cosechas en la agricultura familiar”, señala Landy Sánchez Peña.
La escasez de recursos que los efectos del cambio climático provocan sobre la agricultura puede incidir en el abandono temprano de la escuela, las posibilidades de contraer matrimonio temprano y el número de hijos.
¿Qué hacer ante todo esto?
Laura Flamand explica que este informe no es solo un diagnóstico, también incluye propuestas y es una especie de llamado a la acción para los jóvenes. “Las políticas públicas para solucionar estos problemas tiene que involucrar a las juventudes. A los jóvenes no necesitamos guiarlos, sino entenderlos. Son los ciudadanos con los que estamos viviendo hoy y hay que generar políticas que los incluyan y afiancen sus transiciones”.
Coinciden con ella, Juan Olmeda, quien apunta que los jóvenes no son sujetos pasivos que deben recibir la acción del estado, “deben ser participantes en el diseño de las políticas públicas”, y Landy Sánchez Peña, quien asegura, al respecto, que “es necesario dejar de pensar en políticas de tutelaje para las juventudes, porque los jóvenes no necesitan ser guiados, son ciudadanos activos”.
Las propuestas del informe para diseñar políticas públicas que permitan resolver estas desigualdades que afectan a los jóvenes y en particular a las mujeres incluyen:
1.- Es indispensable promover la participación ciudadana de las personas jóvenes y abandonar la perspectiva de tutelaje de derechos en las políticas dirigidas a la juventud.
2.- Necesitamos generar más información desagregada por género y edad.
3.- Preservar políticas que durante la pandemia han evitado la profundización de desigualdades sociales (la emergencia colocó en la agenda pública temas que no tenían la visibilidad que ameritan: el derecho a la salud mental y el bienestar, la carga desproporcionada de trabajos de cuidados que recae sobre las mujeres o las brechas que existen en el acceso a internet o herramientas digitales) y aquellas que pueden facilitar las transiciones de vida.
4.- Es indispensable establecer políticas públicas incluyentes y antidiscriminatorias que empoderen a las mujeres jóvenes.
5.- Necesitamos promover políticas que permitan a las personas jóvenes continuar o retornar a la educación.
6.- Es indispensable redistribuir socialmente los trabajos de cuidado. (ANIMAL POLÍTICO)
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