Ciudad de México.- El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, no acudió este lunes a su audiencia de imputación por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la investigación del caso Odebrecht, por lo que la Fiscalía General de la República podrá emitir un citatorio o una orden de presentación para el panista.
Así lo determinó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, quien declaró improcedente la audiencia, ante la «injustificada inasistencia» del excandidato presidencial y pidió a la fiscalía actuar conforme a lo que considere conveniente.
Expansión publicó que en la audiencia, que estaba citada para las 9:00 horas en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, lo abogados de Anaya no pudieron justificar la ausencia de su cliente, por lo que abogados Eduardo Ismael Sierra y Arturo Germán Rangel solicitaron al juez federal un “tiempo razonable” para justificar la inasistencia de su defendido a la sala.
“No tenemos conocimiento de ¿qué fue lo que sucedió? la solicitud es para efecto de conocer las causas del por qué no está aquí, no hemos tenido contacto con él desde la mañana” aseguró su defensa.
No obstante, el juez federal afirmó que al no existir una justificación válida, era improcedente la petición de la defensa.
No ha ingresado al país
Los representantes de la FGR presentaron ante las partes y el juez federal un informe emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM) respecto a que desde julio de 2021 Anaya Cortés ya no se encontraba en territorio nacional y al 4 de octubre de 2021, 31 de enero de 2022 y a las 7:00 AM de este 14 de febrero, no había ningún registro de ingreso al país, por tanto apelaron la solicitud planteada por la parte contraria.
“No hay lugar para un tiempo prudente, Ricardo Anaya no quiere comparecer, ha quedado demostrada la reticencia y ha mostrado una actitud desafiante hacia la autoridad, por tanto no hay argumento válido para no tenerlo presente aquí en esta sala” afirmó el ministerio público de la Federación.
El juez dijo que de manera oficiosa, la autoridad judicial no podía emitir una medida de apremio sin que la FGR o las partes afectadas la hayan solicitado, por lo que pidió al Ministerio Público de la Federación que proceda conforme a lo que considere conveniente y por tanto a Ricardo Anaya se le podría girar un citatorio o una orden de presentación.
«No me voy a dejar»
Casi a la par que el término de la audiencia, Anaya subió un video a sus redes sociales en donde solo se refirió brevemente a la audiencia donde dijo que no se dejará, pero tampoco seguirá hablando de las «mentiras de Lozoya».
El panista no habló de su decisión de no acudir a la audiencia ni aclaró si está o no en territorio mexicano.
«Hoy (lunes) se llevó a cabo una audiencia a la que fueron los abogados y que se suspendió. Lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que (Emilio) Lozoya es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio, por eso está en la cárcel y por eso la Fiscalía ya le pidió una pena de 54 años de cárcel», expresa Anaya, donde asegura que ya no hablará del tema.
Desde las 8:06 horas, su abogado Eduardo Aguilar Sierra omitió dar a conocer si Anaya asistiría ante el juez o si se encontraba en territorio nacional, pero se pronunció en contra de las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al asegurar que son «mentirosa y sin sustento».
Por orden del juez, Ricardo Anaya estaba obligado a presentarse en la audiencia de este lunes, pues las otras se llevaron a cabo vía remota sin que pudiera comprobar que se encontraba dentro de territorio nacional.
Al no hacerlo, la FGR podría solicitar una orden de aprehensión por posible riesgo de fuego.
Esta es la quinta ocasión en que la Fiscalía General de la República busca imputar al excandidato presidencial del PAN por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque esos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, el ministerio público federal podría solicitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido a su capacidad económica ante un posible riesgo de fuga.
Según la acusación, en 2013, Anaya Cortés habría recibido 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
En agosto, octubre y noviembre de 2021, las audiencias fueron aplazadas porque los abogados del panista argumentaron que no tenía las copas completas de la carpeta de investigación de la FGR, lo que le impedía tener una defensa adecuada. La que estaba agendada para el 31 de enero de este año, también fue suspendida debido a que el juez de control, Marco Antonio Fuente Tapia, dio positivo a COVID-19. (EXPANSIÓN)
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