Ciudad de México.- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, no solo es investigado por presuntamente frenar un procedimiento administrativo y penal por irregularidades en la concesión del Viaducto Bicentenario otorgada a OHL (hoy Aleática); la Fiscalía General de la República (FGR) indaga si el exfuncionario obtuvo un beneficio personal por sus gestiones, pues existen indicios de que familiares y socios suyos han laborado en firmas de abogados al servicio de esa constructora.
El despacho de su hermano Pedro Scherer, ADS, fue contratado directamente por OHL para la reestructura de una deuda, mientras que su sobrino y el hijo de su pareja trabajan en un despacho de abogados, “Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca”, que representa a los principales accionistas de la constructora. El propio Julio Scherer fue socio de esa misma firma de abogados.
Incluso en 2016 los litigantes del despacho de Gaxiola, junto con Scherer, fungieron como representantes legales del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en un litigio que este inició en contra del diario Wall Street Journal por una nota publicada sobre propiedades no declaradas. Así consta en el documento de la denuncia subido en la página del propio López Obrador.
Cuestionado por Animal Político sobre si lo anterior podría significar un posible conflicto de interés, Julio Scherer consideró que no, pues personalmente “no tenía relación alguna” con Aléatica ni sus representantes mientras fungió como consejero jurídico.
La FGR inició una carpeta de investigación en la que presume que Scherer utilizó sus facultades legales y se coludió con otros funcionarios públicos para validar una concesión que le reporta a Aleática ingresos millonarios. Esto, mediante actos de autoridad emitidos por Scherer desde su cargo como consejero jurídico, y mientras sus familiares y allegados tenían una relación contractual con despachos al servicio de la constructora.
De acuerdo con datos contenidos en el expediente ministerial, en abril de 2020 –cuando Aleática aun enfrentaba un inminente conflicto por las irregularidades en el Viaducto Bicentenario– la constructora le pagó alrededor de 200 millones de pesos al despacho ADS, del que es socio Pedro Scherer Ibarra, como honorarios por el refinanciamiento de la deuda de la Autopista Urbana Norte, que también le fue concesionada a Aleática.
Poco después de ese pago, ese mismo mes, ante la fe del notario público 121 en el Estado de México, la empresa IFM Investors Pty Ltdl –principal accionista de OHL Aleática– nombró como uno de sus apoderados legales al abogado Rodrigo Lagos Scherer, quien es sobrino de Julio Scherer Ibarra. Este medio tiene copia de ese documento.
Lagos Scherer es a su vez socio de la firma de abogados “Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca”, que es uno de los despachos que defiende a Aleática en diversos conflictos, entre ellos el que mantienen con el abogado Paulo Díez, quien ha denunciado desde hace varios años irregularidades en las concesiones a esta empresa. En el despacho trabaja, pero como abogado pasante, Carlos Suarez Tavernier, hijo de la actual pareja de Julio Scherer Ibarra.
El despacho es encabezado por el abogado Alonso Rivera Gaxiola, que también fue designado como apoderado de IFM en abril de 2020, junto con el sobrino del entonces consejero jurídico de la Presidencia.
El propio Julio Scherer consignó en su currículum, presentado ante la Consejería Jurídica de la Presidencia y que puede revisarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido socio del despacho del abogado Rivera Gaxiola, cuando este se denominaba Rivera, Gaxiola, Carrasco y Kalloi S.C.
Aunque Scherer dejó de ser socio de Rivera Gaxiola en 2013, según lo asentado en el currículum, la relación entre él y su familia con el despacho se mantuvo en los años siguientes. Prueba de ello es que, en 2016, tanto Rivera Gaxiola como Scherer Ibarra y Suarez Tavernier fueron autorizados en conjunto por Andrés Manuel López Obrador para representarlo en la demanda civil promovida por daño moral en contra de Dow Jones & Company por una nota publicada en el diario Wall Street Journal.
Dicha nota reportaba la existencia de al menos dos propiedades que el entonces aspirante a la presidencia de México había omitido en su declaración patrimonial 3 de 3. Obrador consideró que la publicación perjudicaba su imagen, pues la información no había sido bien corroborada. Hasta donde se sabe, dicha demanda judicial no prosperó.
Julio Scherer confirmó a Animal Político todos los vínculos mencionados previamente, pero insistió en que esto no constituye –a su juicio– ningún conflicto de interés, pues el dejó de ser socio de Gaxiola hace años, y el trabajo de sus familiares en esas firmas viene de años previos.
En la carpeta de investigación abierta por la FGR en contra de Scherer por múltiples delitos se denuncia que el despacho del abogado Alonso Rivera Gaxiola, en su calidad de representante de la empresa Aleática, fue uno de los beneficiados de manera indirecta por la determinación de la SCT de legalizar la concesión que esa empresa ostenta para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario hasta el año 2038.
El convenio que legalizó esta concesión fue autorizado por el titular de la Unidad Jurídica de la SCT, Román García Álvarez, 15 días después de asumir el cargo. Quien designó a este funcionario fue, justamente, Julio Scherer Ibarra, usando una facultad que él mismo se otorgó para elegir a los abogados de todas las dependencias.
La línea de investigación de la Fiscalía apunta a que el exconsejero Jurídico de la Presidencia habría operado para favorecer a Aleática, con la supuesta finalidad de obtener beneficios a través del referido despacho en el que laboran sus exsocios y familiares. Esto, ya que los eventos que favorecieron a la constructora ocurrieron mientras los referidos vínculos se mantenían.
Se trata del mismo modus operandi que la FGR también indaga en por lo menos otras tres carpetas de investigación. El común denominador es la intervención de despachos de abogados cercanos al exconsejero Jurídico de la Presidencia, que prometían a sus clientes potenciales arreglos de sus conflictos con la autoridad a cambio de honorarios elevados.
Uno de esos casos, que involucra al despacho liderado por el abogado Juan Araujo (también vinculado con la representación legal de Aleática), ya fue enviado ante un juez con acusaciones en contra de dicho litigante y otros integrantes de su despacho, y por delitos que incluyen la extorsión y lavado de dinero.
Scherer y el despacho de su hermano
En abril de 2020, Aleática pagó al despacho de abogados Alfaro, Dávila y Scherer (ADS, ADyS o AD&S) honorarios por alrededor de 200 millones de pesos por el servicio de reestructura de la deuda de la Autopista Urbana Norte (Aunorte), que también le fue concesionada a la constructora española.
El despacho, que se especializa en asesoría financiera, fue fundado en 2003 por los abogados Isauro Alfaro y Ricardo Dávila; tiempo después se sumó como socio Pedro Scherer Ibarra, hermano del asesor jurídico presidencial.
Aunque en sus respuesta enviadas a Animal Político Julio Scherer señala que “hasta donde tiene conocimiento” esta contratación ocurrió antes de que él ingresara a la Consejería, en realidad en el momento en que Aleática pagó a ADS, Julio Scherer ya ocupaba dicho puesto en Palacio Nacional.
Además, se encontraba en curso una investigación de la SCT y la FGR que buscaba sancionar la concesión del Viaducto Bicentenario otorgada ilegalmente a OHL (hoy Aleática) desde 2008.
De acuerdo con el expediente integrado por la FGR, Aleática contrató al despacho ADS como asesor financiero para obtener un crédito puente de 7 mil 050 millones de pesos con el objeto de financiar la deuda que tenía con los bancos por la construcción de la Autopista Urbana Norte.
El crédito finalmente fue otorgado el 2 de abril de 2020 por parte de Santander y Banobras a dos años. La propia empresa reportó, en sus estados financieros del segundo trimestre de ese año, una erogación de 264 millones de pesos por una operación de contratación de deuda: el refinanciamiento de la Autopista Urbana Norte.
La denuncia que dio origen a la investigación ministerial sostiene que hay indicios de que, ese 2 de abril, al menos 200 millones de pesos fueron pagados al despacho ADS por su asesoría financiera, mientras que el resto fue por concepto de comisión de los bancos.
El propio despacho ADS reconoce, en su sitio web, que estuvo a cargo del refinanciamiento de la Autopista Urbana Norte. De hecho, entre sus clientes “selectos” también estuvo OHL, que en 2018 contrató a ADS como asesor en la oferta pública de adquisición que permitió al fondo australiano IFM comprar la compañía, que después pasaría a llamarse Aleática.
El 30 de abril de 2020, menos de un mes después del pago de Aleática al despacho de Pedro Scherer, IFM Global Infrastructure Fund designó como apoderados legales, entre otros, a Rodrigo Lagos Scherer, sobrino del exconsejero Jurídico presidencial, y Alonso Rivera Gaxiola, uno de sus socios.
De acuerdo con la denuncia que obra en la carpeta de investigación de la FGR, con el refinanciamiento de la Autopista Urbana Norte, Aleática tenía planes de lanzar una FIBRA-E, esto es, un fideicomiso de inversión en proyectos de infraestructura, lo que finalmente no ocurrió, debido a irregularidades detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en los estados financieros de la constructora.
Animal Político envió un correo electrónico al despacho ADS para solicitarle un posicionamiento respecto de las acusaciones de conflicto de interés contenidas en la denuncia en poder de la FGR, pero, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
Gaxiola en silencio
Este medio también buscó al despacho “Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca” para conocer su posicionamiento sobre la investigación abierta en contra de los abogados Alonso Rivera Gaxiola y Rodrigo Lagos Scherer, así como los nexos señalados con Aleática.
Se solicitó una entrevista tanto por correo electrónico como por la vía telefónica con la oficina de Rivera, sin embargo, hasta el momento de esta publicación no se ha recibido respuesta.
Otro despacho denunciado en este caso, el del abogado Juan Araujo Rivapalacio, señaló que esperarán a las audiencias correspondientes para emitir algún comentario, aunque reiteraron que la FGR sigue sin darles el acceso a las carpetas de investigación correspondientes. (ANIMAL POLÍTICO)
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