Ciudad de México.- En 2020, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 126 millones de pesos a la Fiscalía General de la República (FGR) para atender los delitos cometidos en contra de las mujeres, pero en la práctica solo recibió 33 millones de pesos, es decir, tuvo un recorte de 73%.
Animal Político publicó que en ese año, pese al confinamiento debido a la pandemia de Covid en México, 10 mujeres fueron asesinadas cada día, la violencia intrafamiliar subió 4.7% y hubo más de un millón de llamadas al 911 relacionados con delitos contra las mujeres, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por lo tanto, en un contexto como este, el recorte presupuestal significa que “no hay recurso para operar, no hay recurso para investigar, no hay recursos para las pruebas de ADN, no hay instalaciones propiamente adecuadas para recibir a las mujeres que denuncian. No hay herramientas para atender el tema de la violencia porque no hay recurso”, advierte Elsa Conde, feminista e integrante de la iniciativa Aliada, integrada por las organizaciones Cejil, Colectiva Ciudad y Género, Equality Now, MIDI y Raíces.
El Anexo 13, dirigido a lograr la igualdad entre hombres y mujeres con presupuesto etiquetado para programas con ese objetivo, tuvo 103 mil millones de pesos repartido en 33 dependencias del gobierno federal, de acuerdo con información de la Cuenta Pública, el mecanismo donde la Secretaría de Hacienda reporta en qué y cuánto gastó el gobierno durante un año.
De ese total, a la Fiscalía General de la República le había sido etiquetado 126 millones 317 millones de pesos, pero después de una modificación, terminó solo con 27% del presupuesto original, esto es, 33 millones de pesos.
La Fiscalía usó la mayor parte de ese presupuesto para el programa para “Investigar los delitos cometidos en materia de Derechos Humanos” que tuvo 68 millones de pesos etiquetados, pero con un recorte de 55%, por lo que solo dispuso de 30 millones para las unidades que operan el programa: la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, la Unidad de Género de la FGR y la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra).
Esto último delito que atiende esa Fiscalía, incluso, tuvo un incremento de 13.5% en ese año de recorte, pues mientras en 2019 se iniciaron 399 expedientes por trata de personas, en 2020, hubo 453.
Para promover la formación profesional y capacitación del capital humano, es decir, lograr que los funcionarios públicos atiendan a las denunciantes y realicen las investigaciones con perspectiva de género, tuvo 493 mil pesos etiquetados, pero solo le entregaron 378 mil pesos. Para el rubro de Actividades de apoyo administrativo la FGR tuvo 2 millones 873 mil pesos etiquetados, pero le entregaron 1 millón 920 mil pesos.
Animal Político preguntó a la FGR cuál es la razón del recorte presupuestal, pero no hubo respuesta.
“La reducción de recursos para la implementación de la política de igualdad en nuestro país implica una grave afectación a la vida de las mujeres, una violación a sus derechos humanos; incumple con la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece la irreductibilidad de los presupuestos para la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia”, advierte el posicionamiento de Aliada en el que ponen en evidencia el recorte presupuestal.
El recorte de 2020 fue el más considerable, pero no el único. De acuerdo con la Cuenta Pública de 2019, la Fiscalía también tuvo menos presupuesto, pues aunque le fue aprobado 130 millones de pesos, solo gastó 106 millones de pesos.
Y 2022 no pinta mejor en el presupuesto para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, pues aunque el Anexo 13 tuvo 75% más recursos que en 2021, el aumento está concentrado en los programas sociales prioritarios de esta administración, pues 89% del presupuesto irá a Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o las becas Benito Juárez, entre otros programas sociales, mientras que las acciones dirigidas hacia las mujeres para disminuir la brecha de género tendrán menos.
Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar tendrá la mayor asignación en el anexo 13 con 139 mil millones de pesos, pero 91% de ello se destinará a la pensión para adultos mayores. Mientras que en la Secretaría de Educación Pública, el 80% de los 54 mil millones etiquetados será para el programa de Becas Benito Juárez, ambos programas que son paritarios, es decir, hay igual número de hombres que mujeres beneficiarias, pero eso no significa que tienen enfoque de género.
El enfoque de género se trata de atender disminuir las desigualdades que, en este caso, enfrenta más las mujeres que los hombres, como lo hacían las estancias infantiles que apoyaban a madres trabajadoras cuyos hijos eran cuidados en lugares subsidiados por el gobierno Federal, pero que desapareció al inicio de la actual administración. Fue sustituido por el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras que en 2022 tendrá 2 mil 684 millones de pesos, una reducción de 3.6% con respecto a 2021.
El Programa Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), tendrá 288 millones de pesos, apenas 0.2% más que en 2021, aunque aún no se sabe que instancia operará el recurso, pues lo hacía el Instituto de Desarrollo Social, pero fue desaparecido por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador el 31 de diciembre de 2021. (ANIMAL POLÍTICO)
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