MEXICO

El Estado Mayor Presidencial no desapareció; sólo está “en receso”

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6 diciembre, 2021

Lo anunció en noviembre de 2016 como parte de su Proyecto Alternativo de Nación. Lo repitió decenas de veces antes y durante su campaña política. Una vez ganada la elección presidencial de 2018, lo enlistó en el número 62 de sus 100 compromisos de gobierno.

Ya como presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador reiteró lo que había machacado en incontables ocasiones: el Estado Mayor Presidencial (EMP), ese cuerpo de élite militar que desde 1942 se encargaba de la seguridad y de cuidar hasta la respiración del presidente y su familia, se extinguiría.

Las razones para desaparecer a ese cuerpo militar eran, básicamente, tres:

1) Resultaba altamente costoso para las finanzas públicas.

2) El presidente no necesitaba de seguridad especial porque el pueblo sería quien lo cuidaría.

3) El Estado Mayor Presidencial había conspirado y participado en operativos contra el pueblo, como el del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en cuya masacre desempeñó un papel principal.

Tres años después, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo documenta que no es así: el Estado Mayor Presidencial, con sus más 8 mil elementos incluidos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida en el medio militar como “en receso”.

Legalmente, el Estado Mayor Presidencial, a cuyos integrantes se les conoce en la jerga del ejército como los militares de terciopelo, no se extinguió.

Es más, desde octubre del 2019 la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se encuentra “congelada” por “razones políticas” en la Cámara de Diputados, a pesar de que el grupo de legisladores de Morena contaba y cuenta con los votos necesarios para aprobarla en cuanto lo desee. Pero no ha querido.

Y el presidente López Obrador tampoco actuó para que ocurriera, aunque públicamente siga insistiendo en lo contrario: que el Estado Mayor Presidencial ya desapareció.

Acomodados en filas de sillas inusualmente ordenadas, más de 5 mil delegados de la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en todo el país han llegado a la explanada del Deportivo Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

La fecha es altamente simbólica: 20 de noviembre de 2016. Es el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y el segundo día de trabajos del Congreso Nacional Extraordinario de ese partido.

Andrés Manuel López Obrador es la figura del día. Además de encabezar en ese momento la dirigencia nacional de Morena, se prepara para lanzarse a su tercer intento por llegar a la Presidencia del país.

Aún se encuentra lejos de ser candidato, pero no hay nadie que le haga sombra. Ataviado sobriamente con un traje negro, camisa blanca y una corbata a rayas negras y guindas, presenta ante el clamor y los gritos de sus compañeros los 50 lineamientos básicos de su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024.

Delinea los elementos que con el paso del tiempo se convertirán en un mantra de su gobierno: la honestidad, la lucha contra la corrupción, y antes que nada, primero los más pobres.

Y, por primera vez, coloca en la mira al Estado Mayor Presidencial. Hacia el minuto 22 de su extenso discurso, y apenas se están apagando los aplausos de sus seguidores, que celebran el anuncio de que se implantará una “austeridad republicana” y se acabarán los excesos y derroches del gobierno, López Obrador lee el punto número 14:

“El próximo presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual (entonces Enrique Peña Nieto) y no gozará de ninguna otra prestación o canonjía; no viajará en aviones ni helicópteros privados, sino en aviones de línea comercial y por carretera. El Estado Mayor dejará de formar parte de la Presidencia y se incorporará por completo a la Secretaria de la Defensa Nacional”.

Los gritos, las porras y los aplausos de sus seguidores rematan cada uno de los puntos. Andrés Manuel apenas si hace una pausa en la lectura, que al final durará una hora y 20 minutos.

Es una de las primeras veces que menciona el tema. Y ya no lo soltará. Comienza un largo camino para desaparecer, eliminar, derogar, al “ejército de terciopelo”.

EMP: el ejército de terciopelo. La raíz del Estado Mayor Presidencial se encuentra en los años en que México se convertía en una nación independiente. El primer cuerpo militar con funciones de protección personal y asistencia al presidente se creó con Agustín de Iturbide, quien contó desde 1823 con un denominado Estado Mayor.

Poco tiempo duró. Guadalupe Victoria, el primer presidente mexicano, estableció un año después la “Ayudantía General”. Desde entonces, ha tenido modificaciones: adquirió el nombre de “Estado Mayor Facultativo” bajo el interinato de Mariano Paredes, y tuvo una fugaz transformación en un “Estado Mayor de su Alteza Serenísima” por órdenes de Antonio López de Santa Anna.

Presidentes como Benito Juárez, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero también tuvieron bajo sus órdenes a este cuerpo militar. Al triunfo de la Revolución que acabó con el Porfiriato, la guardia adquirió relevancia por sus acciones de lealtad: se opuso al golpe de Estado alentado por una facción del ejército en contra de Madero.

Con matices y diversos nombres, la guardia personal del presidente, su familia y los hombres más cercanos se mantuvo en operación hasta 1942, cuando Manuel Ávila Camacho reformó la legislación militar y le dio a ese grupo el nombre que actualmente posee.

Desde su fundación, ese cuerpo militar tuvo misiones esenciales: salvaguardar la seguridad del presidente y su familia, así como la de visitantes especiales (mandatarios y jefes de Estado de otros países); le asignaron la organización de actos oficiales del presidente y los de su esposa, además de la protección y cuidado de las instalaciones presidenciales. Y una tarea estratégica: actividades de inteligencia y contrainteligencia.

Más de medio siglo después, el panista Vicente Fox Quezada actualizó la estructura, organización y funcionamiento y adquirió el carácter legal de órgano técnico militar y de unidad administrativa, adscritos directamente al titular del Ejecutivo.

Con el regreso del PRI al poder en 2012, tuvo un protagonismo adicional: Enrique Peña Nieto estableció el 18 de febrero como el Día del Estado Mayor Presidencial, en reconocimiento a que en 1913 los capitanes Gustavo Garmendia y Federico Montes salvaron al presidente Francisco I. Madero del ataque del 29 Batallón de Infantería.

Las razones del senador Salgado Macedonio. Apenas se ha estrenado el nuevo gobierno y las expectativas se encuentran por los cielos. La ola que llevó a López Obrador a la Presidencia ha cubierto una vasta porción del territorio nacional.

El moderno edificio del Senado de la República no es la excepción. Desde septiembre de 2018 la mayoría de sus integrantes pertenece a Morena. Y se aprecia en muchos momentos.

Por ejemplo, en la sesión del jueves 13 de diciembre de 2018. El senador Félix Salgado Macedonio sube a la tribuna, serio, bien peinado y con una cazadora negra de piel.

Hombre de las confianzas del presidente, Salgado Macedonio se apoya con ambas palmas de las manos en el atril y va directo a los micrófonos: “Compañeras y compañeros, traigo esta propuesta de reforma: el Estado Mayor Presidencial no tiene por qué existir más. Sabemos que ahora con el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, éste ya se incorporó a sus cuarteles, pero es necesario hacer la reforma”.

El Estado Mayor Presidencial, razona el senador, utilizaba instalaciones militares, tenía campos deportivos, hospitales, flota aérea, flota naval, hangar presidencial, el control del Palacio Nacional, de Los Pinos. “También servían como escoltas para los familiares, parientes, amigos de los presidentes de la República; servían de escoltas, choferes, etcétera. Era un papel completa y absolutamente indigno”.

El senador por Guerrero se pregunta casi de inmediato: “¿Por qué debe desaparecer el Estado Mayor Presidencial?”. Y sin mucho preámbulo, lanza 10 argumentos en favor de su propuesta de eliminarlo:

Porque es una fuerza militar inconstitucional y se constituyó en un ejército personal del presidente en turno, a cuyos caprichos y necesidades responde.
Porque es un ejército dentro del ejército, lo cual socava la moral y disciplina militar y el orden institucional de la República.
Porque funciona como un Estado Mayor conjunto, sometiendo a los estados mayores de las tres fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea).
Porque se ha constituido en una guardia pretoriana, parecida a la que cuidaba a los emperadores en Roma.
Porque es una cuarta fuerza militar paralela al ejército, nombrada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, apartada de los controles institucionales y del escrutinio social.
Porque suple las funciones y se arroga facultades exclusivas de otras instituciones y dependencias en la formulación de políticas públicas y de gobierno.
Porque el jefe del Estado Mayor Presidencial es un mando paralelo, y muchas veces contrapuesto, a los secretarios de Defensa Nacional y de Marina.
Porque a través del sistema de escoltas y de funciones de seguridad pública realiza actividades de espionaje político.
Porque hace uso discrecional de tropas, recursos materiales y de todas las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
Porque asigna personal militar a funciones y actividades que denigran la dignidad militar.

Esas son las razones que expone desde la tribuna, pero omite un argumento que ha colocado en la iniciativa de reforma legal: “Se tiene la suspicacia que desde el Estado Mayor Presidencial se han fraguado los crímenes de Estado que laceran la conciencia de la sociedad mexicana, como las masacres contra estudiantes en 1968 y el Halconazo del 10 de junio de 1971, así como el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, entre otros”.

Una vez que Salgado Macedonio concluye su intervención, la iniciativa recorre un terso camino: se turna a las comisiones unidas de Defensa y Estudios Legislativos del Senado, cuyos integrantes la aprueban por unanimidad el 3 de abril de 2019.

Tres semanas después, la fuerza de Morena se muestra en el pleno del Senado: con 108 de 124 votos, se aprueba reformar los artículos 14, 15, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se elimina así legalmente la existencia del Estado Mayor Presidencial. Sólo falta que la Cámara de Diputados haga lo mismo para que el cuerpo de élite militar pase a la historia y sólo permanezca su recuerdo.

A mí me cuida el pueblo. En un ambiente vibrante, con los ánimos hasta el tope por su reciente ascenso al poder, Andrés Manuel López Obrador arranca en diciembre de 2018 una nueva fase de sus tradicionales conferencias mañaneras.

Apenas empieza la del día 5 de diciembre, hace varios anuncios: que ya se aprobó la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que Margarita Ríos Farjat es la nueva directora del SAT, que ya se publicó el decreto para crear la Comisión de la Verdad para “el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”.

–¿Qué medidas piensa tomar para reforzar su seguridad; si no va a ser el Estado Mayor Presidencial, alguna otra agrupación para que lo pueda cuidar, presidente? –le pregunta una reportera y López Obrador aprovecha la oportunidad para “improvisar” y reiterar que ya tiene una ayudantía.

–Aquí está el jefe de ayudantes, Daniel Asaf. No estaba preparado, se los presento. Él coordina a un grupo de 10 mujeres, 10 hombres, que forman parte de la Ayudantía del Presidente. Son profesionales, abogados, ingenieros, médicos, comunicólogos, que se hacen cargo de apoyarme. Van a estar siempre junto a mí y, también, los ciudadanos en general. Todos me protegen y me cuidan.

–¿Qué va a pasar con las 70 camionetas blindadas que dejó el Estado Mayor Presidencial? –curiosea otra reportera, a lo que López Obrador responde:

–Lo de las camionetas blindadas, no se van a usar en Presidencia. Todo eso pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Todo lo que era el Estado Mayor, instalaciones, desde luego, los elementos, pasan a formar parte de la Secretaría de la Defensa.

Todo indicaba que, efectivamente, además de que ya no se verían imágenes del presidente rodeado de elementos del Estado Mayor Presidencial, también desaparecería toda huella de su existencia en la estructura de la Presidencia y de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que requería obligadamente reformas legales y administrativas.

Nueve días después, el 22 de diciembre, durante un discurso en el pueblo de San Juan Evangelista, Oaxaca, y como remate de una cita de Benito Juárez (“Decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía”), el presidente recuerda: “También, les digo, ya no hay las pensiones millonarias a los expresidentes. Y ya no existe el Estado Mayor Presidencial”.

Y revela un dato: “¿Saben cuántos elementos tenía el Estado Mayor para cuidar al presidente? Ocho mil elementos. Se terminó eso. ¿Quién me cuida a mí? Me cuida el pueblo”.

Los 8 mil guardianes del presidente. Más o menos del tamaño del ejército de naciones como Bosnia, Albania, Bután, Eslovenia, Irlanda o Kirguistán, los efectivos del Estado Mayor Presidencial poseían un estatus especial dentro de las fuerzas armadas derivado de sus lazos directos con la Presidencia de la República.

Y si en sus orígenes comenzó como un pequeño grupo de algunas decenas de guardias personales del presidente de la República, con el paso de los años se creó una estructura muy amplia que abarcó tareas de todo tipo y efectivos del ejército, la marina y la fuerza aérea.

Encabezado por un alto mando con el grado de general, su organigrama incluía nueve secciones, cuyos jefes se responsabilizaban lo mismo de tareas de logística, seguridad, promociones y becas de militares en el extranjero, como de actividades de inteligencia y contrainteligencia, la protección personal del presidente de la República, la organización de eventos de su esposa o de hacer cumplir los protocolos en los actos y giras de trabajo.

Con sede principal en la que era la residencial oficial presidencial Los Pinos, la estructura incluía de todo: ayudantía del presidente, coordinaciones administrativas, de promoción deportiva y de mantenimiento, centros hospitalarios y unidad jurídica.

Los jefes y oficiales que nutrían la plantilla eran egresados de los diferentes planteles universitarios de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina: especialistas en ingeniería, medicina, comunicaciones y política exterior en materia militar, por ejemplo.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el senador Salgado Macedonio, la fuerza con que contaba el Estado Mayor Presidencial era de 11 generales, 174 jefes y capitanes, 402 oficiales subalternos, 821 elementos de tropa y marinería, 45 policías, así como 410 civiles para tareas administrativas, lo que suma un total de mil 863 elementos, según los datos disponibles a 2006.

Pero eso era sólo una parte del cuerpo. A ellos se sumaban los integrantes de las siguientes estructuras:

Cuerpo de Guardias Presidenciales (siete batallones, incluido uno de transportes, y una compañía de intendencia): 5 mil elementos.

24º Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales: 800 efectivos.
Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales: 500 efectivos y 15 aeronaves.
Primer Grupo de Caballería Montada.
Escuadrón de Caballería de Honores.
Batería Hipómovil.
Compañía de Ingenieros de Combate.
Batería de Artillería de Honores.
Banda de Música.

Total de efectivos registrados: 8 mil 163.

Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados. Una vez que la iniciativa presentada por Félix Salgado Macedonio fue aprobada por el pleno del Senado, la minuta llegó el 23 de mayo de 2019 a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su revisión y previsible aprobación dada la mayoría de legisladores de ese partido.

Un tema tan destacado en la agenda política del presidente López Obrador se sumió inesperadamente en una zona de silencio, que se rasgó tímidamente tres meses después cuando los integrantes de la Comisión de Defensa se reunieron el 17 de octubre de ese año en el salón C del edificio G.

A las 9:35 de la mañana de ese día, y encabezada por su presidente, el diputado priista y general Benito Medina Herrera, la comisión revisó y analizó la iniciativa para derogar al Estado Mayor Presidencial.

Sin mayor debate, y con la propuesta única del diputado Medina Herrera para eliminar el artículo cuarto transitorio que establecía que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargaría de organizar la seguridad del presidente, se aprobaron “por unanimidad” ese y otros dos dictámenes.

Sesión casi de trámite, la reunión concluyó apenas 24 minutos después de ser iniciada. A las 09:59 se dio por concluida. El final, al menos este final, del Estado Mayor Presidencial estaba casi consumado. Sólo faltaba que el dictamen se aprobara en el pleno de los 500 diputados.

Yo cumplí y ya no supe nada. El general Benito Medina Herrera envió en esos días la minuta con la aprobación de la Comisión de Defensa a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que la iniciativa que extinguiría al Estado Mayor Presidencial fuera aprobada y un hecho de legalidad plena.

El presidente de esa comisión legislativa registró ese hecho en su informe final de actividades y asentó que la iniciativa se encontraba “aprobada por la comisión en sentido positivo” y que había sido trasladada a la Mesa directiva para que se incluyera en las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados para su debate, análisis y votación.

Pero eso nunca ocurrió. La iniciativa jamás fue discutida y, por tanto, jamás fue aprobada o desechada.

El general y presidente de la Comisión de Defensa, Benito Medina Herrera, sostiene que no sabe por qué razones la iniciativa se quedó en un hoyo negro legislativo.

–¿Qué pasó con esa minuta, general?

–Cumplí con lo que a mí correspondía y pasó a la Mesa Directiva. De ahí, ya no supe nada. Ya no es de mi competencia –responde en entrevista.

–¿Por qué no pasó al pleno?

–No lo sé. Lo que pasa después de que la entregamos, ya en la Mesa Directiva, es ya negociación entre los dirigentes. Ya no es algo de lo que uno pueda enterarse.

–¿No supo nada?

–No.

El general ya no se enteró del destino de esa iniciativa, aunque entre los exintegrantes de la propia comisión se comenta que algunos intereses políticos se cruzaron en las negociaciones entre los grupos parlamentarios, pues, de haber pasado al pleno, “seguro se aprobaba sin problema”.

La Presidencia de la Mesa Directiva era ocupada en ese momento por la diputada Laura Rojas Hernández, del Partido Acción Nacional, quien debía haber instruido a que la iniciativa se incluyera en el orden del día de las sesiones.

–¿Por qué nunca pasó al pleno la iniciativa para derogar al Estado Mayor Presidencial?

–No sé, no recuerdo que pasó –dice la exdiputada en una primera respuesta por mensaje escrito–. Seguramente no se aprobó en comisiones.

–Sí se aprobó. La misma Comisión de Defensa lo publicó en su informe final de actividades.

–Mándeme eso que dice para recordar qué pasó, ¿por qué no pasó?

Algunos días más tarde se contactó a la ex legisladora para obtener sus comentarios. De nuevo, no recordó:

–No recuerdo por qué no pasó. Esa es la única respuesta que tengo.

* * *

Ni derogado, ni eliminado. “En receso”. Casi tres años después de que Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente en funciones, afirmó que el Estado Mayor Presidencial había desaparecido, la información oficial muestra que no, al menos en estricto sentido legal.

Y aunque el Congreso no concluyó el proceso legal para extinguir el Estado Mayor Presidencial, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, se adelantó y, desde el primer día de este gobierno, colocó al cuerpo de élite “en receso”.

Al tercer día de haber asumido su cargo, el general Sandoval González hizo circular un mensaje C.E.I en el que informaba textualmente: “con fecha del 1º de diciembre de 2018 QUEDA EN RECESO el Estado Mayor Presidencial (Los Pinos Cd. de México) y los organismos que lo integran”.

El mensaje, de una sola hoja, fue entregado por la Oficina de la Presidencia en respuesta a una solicitud de información en la que se pedía el documento, acuerdo o decreto que avalaba legalmente la extinción del EMP.

Inicialmente, la oficina de transparecia de la Presidencia entregó la cita textual de las palabras de López Obrador en la conferencia del 5 de diciembre de 2018 y, como documento de prueba, una imagen de la versión estenográfica de la misma conferencia.

Posteriormente, y ante un recurso de revisión, la misma oficina respondió que luego de haber realizado una “búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada en los archivos físicos y electrónicos, no se encontró nada de lo solicitado”. Entre ello, ningún documento que diera cuenta de la orden o acuerdo entre el secretario de la defensa nacional y el presidente, para poner “en receso” al Estado Mayor Presidencial.

Por ello, argumentó, procede la “declaración de inexistencia”, “al no existir elemento alguno que permita suponer que la información obra u obró en sus archivos”.

Casi al final de este reportaje, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió a las diferentes solicitudes que se le hicieron. Sobre la pregunta específica de si tenía en sus archivos documento alguno de la orden directa del presidente al secretario Crescencio Sandoval para poner “en receso” al EMP, la respuesta fue similar al de la presidencia. No se había localizado documento que diera cuenta de esa orden o acuerdo entre el funcionario y el Ejecutivo.

Legalmente no ha desaparecido. Para Felipe Neri Narváez, especialista en derecho constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, para que la decisión del titular de la Defensa Nacional de “poner en receso” al Estado Mayor Presidencial tenga validez legal, se requiere cumplir algunas condiciones básicas e indispensables.

Primero, que la orden se la haya dado directamente el presidente. Y aunque en un primer momento pudo haber sido una instrucción verbal, explica Neri Narváez, luego se debió emitir un decreto presidencial, mismo que tendría que haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En pocas palabras, sin las reformas, la ley sigue tal y como estaba. “El Estado Mayor Presidencial sigue siendo una unidad administrativa que depende del presidente. Su existencia se encuentra dictada por una ley, que es válida hasta que las reformas no se aprueben y se publiquen en el Diario Oficial”, argumenta.

Por ello, el documento emitido por el secretario de la Defensa Nacional no tiene sustento jurídico. “Sin la reformas aprobadas, éste u otro presidente, puede reactivar al Estado Mayor Presidencial. No hay nada que lo impida.

–¿Cuál es el estatus, legal y administrativo, de los elementos del EMP?

–Fácticamente, están en funciones, al servicio de Sedena. Los dejaron sin presupuesto y sin operar porque cambiaron sus funciones administrativas, pero jurídicamente no han desaparecido. Eso es lo que explica que hayan usado el concepto de “en receso”. Pero es muy irregular porque se hizo a través de figuras no previstas en la ley. Lo mismo ocurre con el proceso de reforma legislativa. Hubo un intento legal por desaparecerlo, pero al no concluirlo, legal y jurídicamente no ha desaparecido.

–¿Y entonces qué pudo haber pasado?

–Había todas las condiciones para que se derogara. Era una reforma simple, no constitucional, por lo que pudieron haberla pasado sin votos de la oposición. Durante estos tres años se han hecho reformas trascendentales que requerían de consensos políticos, como la ley de hidrocarburos o la ley laboral. Y pasaron casi sin obstáculos. Es extraño que ésta no haya pasado. Tenían todo: votación asegurada, ya había sido aprobada en la Cámara de Senadores, todo, pero no quisieron.

Es “alegal”. Raúl Benítez Manaut es uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de las fuerzas armadas. Autor de libros y artículos sobre el tema, ha sido profesor en varias universidades de México y Estados Unidos, así como en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina y en el Colegio de la Defensa Nacional.

“Lo que tenemos es algo alegal, más que ilegal. Es decir, se hicieron de facto los cambios administrativos del Estado Mayor Presidencial, sin haber sido reglamentado”. Es muy posible, dice, que la no aprobación final de las reformas para derogarlo sea más resultado de la inexperiencia legislativa de los diputados de Morena que dieron por hecho algo a lo que simplemente no le dieron seguimiento.

Y, en efecto, concluye Raúl Benítez, sin una reforma legislativa concluida, dejaron el botón en pausa. En cualquier momento se puede reactivar al Estado Mayor Presidencial. Si un próximo presidente lo decide, puede volver a armarlo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó a principios de septiembre de 2021 su segundo libro ya en el cargo. Titulado A la mitad del camino, el presidente dedica una sola mención al Estado Mayor Presidencial:

“Es público y notorio que desde mi toma de posesión se puso en práctica una política diferente: el primer día me trasladé al Palacio Legislativo de San Lázaro, en compañía de mi esposa, en un automóvil austero y sin aparato del Estado Mayor Presidencial ni la hasta entonces habitual parafernalia del poder”. (JACINTO RODRÍGUEZ MUNGUÍA/MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD)

Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/el-carrusel-de-dinero-del-secretario-de-lopez-obrador/