Ciudad de México.- Luego de un largo proceso de tres años y medio que ha enfrentado múltiples irregularidades y retrasos, las autoridades británicas decidirán a más tardar en enero si es procedente o no la extradición de Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte, para enfrentar acusaciones en su contra por el presunto desvío de millones de pesos del DIF de Veracruz con empresas fantasma.
Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que el próximo lunes 29 de noviembre a las 10 de la mañana se realizará la última audiencia en la que las partes podrán presentar evidencia previo a se anuncie la determinación de la Corte. Durante esta semana se llevaron a cabo varias sesiones en el complejo judicial de Westminster en el que los representantes del gobierno de México y la defensa de Macías expusieron sus argumentos.
Los fiscales mexicanos explicaron ante el tribunal británico que sobre Macías pesa una orden de aprehensión por el delito de fraude específico girada en su contra desde el 27 de mayo de 2018 a petición de la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz.
Sostuvieron que existe evidencia que demuestra que durante el tiempo que ella encabezó el DIF, cuando su entonces esposo gobernó Veracruz, salieron por lo menos 112 millones de pesos en contratos a una red de empresas fachada. Y explicaron que se cuenta con datos de inteligencia bancaria que prueban que, si bien Macías no era la responsable de firmar los contratos, si pudo ser la beneficiaria final del dinero.
La defensa, por su lado, ha sostenido desde un inicio que Macías fue víctima de una persecución política y que ella no era la responsable de administrar los recursos públicos que presuntamente fueron malversados. Agregaron que tampoco hay indicios iniciales de que ese dinero haya llegado a su cuenta y por lo tanto no es procedente el proceso que pretende iniciársele.
Para sostener dicha versión los abogados británicos de Macías han ofrecido varios testigos. El miércoles, por ejemplo, compareció a petición de la defensa José Antonio Nemi Dib, quien se desempeñó como director del DIF Estatal cuando Macías fue presidenta del mismo, y quien en su momento declaró que Macías si había participado en los presuntos desvíos de recursos.
Lo que Nemi sostuvo es que estos hechos no ocurrieron, y que lo que declaró fue resultado de las presiones y amenazas que hubo en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia en el periodo en que la misma fue encabezada por Jorge Winckler.
Y el jueves compareció, también a petición de la defensa, el exrelator de Naciones Unidas sobre tortura, Juan Ernesto Méndez, para exponer la frecuencia con la que en México se han empleado mecanismos violatorios de derechos humanos en indagatorias.
De acuerdo con las fuentes consultadas, a partir de que concluya la audiencia del lunes, el tribunal responsable estará en posibilidad de anunciar su determinación, lo cual se prevé que ocurra en enero.
Cualquiera que sea la decisión que la Corte adopte esta podrá ser apelada por las partes, situación que de presentarse significará que el caso avance a otro magistrado para su revisión. Es decir, aun cuando se concediera la extradición de Macías su regreso a México no sería inmediato.
Proceso lento y complicado
Aunque la orden de aprehensión en contra de la exprimera dama de Veracruz se giró desde mayo de 2018, fecha en la que ya se sabía que residía en el Reino Unido, su procedimiento de extradición tardó más de un año tan solo para poder ponerse en marcha, y sin que hasta ahora se haya resuelto.
Los problemas iniciaron desde un inicio cuando la documentación que México envió al Reino Unido para solicitar la extradición de Macías estaba, a juicio de las autoridades británicas, incompleta. Y es que los escritos iniciales solo señalaban a la exfuncionaria como titular de la dependencia donde había ocurrido el presunto fraude, pero no documentaban de forma alguna su participación en los hechos.
Los británicos solicitaron entonces que el expediente fuera perfeccionado. Con ayuda de la UIF la Fiscalía de Veracruz y la General de la República pudieron establecer una red de vínculos que explicaba el supuesto rol de la exfuncionaria en la malversación de los fondos.
Con esas correcciones iniciales solventadas el poder judicial británico solicitó a Macías entregarse ante la Corte. El 20 de octubre de 2019 agentes de aquel país la detuvieron justo cuando se presentó ante la Corte de Westminster en cumplimiento de la orden de aprehensión con fines de extradición.
La entonces esposa de Javier Duarte permaneció casi una semana detenida hasta que logró pagar una fianza de 150 mil libras esterlinas (casi tres millones de pesos) para recuperar su libertad condicional- El juez ordenó que se le colocara un brazalete electrónico (que porta hasta la fecha) para tener constancia de su ubicación mientras se desarrollaba todo el procedimiento.
En enero de este año Animal Político evidenció que el procedimiento habría vuelto a complicarse. La pandemia sanitaria y la falta de evidencia de tipo financiero en el expediente volvieron a retrasar las audiencias que se habían programado para noviembre de 2020.
Finalmente, en abril pasado la FGR emitió un comunicado en el que indicó que las cortes británicas estaban por retomar el procedimiento y que sería en noviembre cuando se tomaría una determinación.
Mientras este procedimiento judicial se desahoga Karime Macías ha podido continuar con su vida en el Reino Unido en términos casi normales. La única diferencia ha sido la obligación de portar el brazalete electrónico y presentarse a firmar periódicamente ante los tribunales.
Indagatorias estancadas
En 2018 una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció que desde el DIF de Veracruz presidido por Karime Macías se había conseguido desviar más de 415 millones de pesos en contratos a una red de 33 empresas fantasma. El monto es cuatro veces mayor que el referido por la Fiscalía de Veracruz en su acusación.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda inició su propia investigación sobre la ruta que habían seguido los recursos y sobre las operaciones financieras en torno a Macías y su entorno. Su conclusión es que el dinero se habría triangulado en un esquema complejo con la intención de blanquear su origen.
En marzo de 2020, la UIF presentó una denuncia por posible corrupción y lavado de dinero ante la FGR y, en abril pasado, presentó una segunda querella ante la Fiscalía de Justicia de Veracruz, en contra de 92 personas y 36 empresas fachada.
Sin embargo, hasta ahora las investigaciones en contra de Macías por estos casos no han tenido algún resultado concreto. Autoridades de la FGR indicaron que, en su caso, no se han identificado recursos federales desviados a través de referido entramado por lo que carecen de competencia para proceder en contra de los probables responsables.
En cuanto a la Fiscalía estatal no se ha dado a conocer, hasta ahora, algún resultado respecto a la carpeta de investigación que iniciaron en su momento. Animal Político solicitó ayer a dicha institución conocer los avances de la indagatoria pero, hasta el momento de esta publicación, no se ha recibido respuesta.
El que hasta ahora las indagatorias no hayan derivado en procesos con sentencias condenatorias por los desvíos registrados en el DIF Estatal ha ocasionado que los 400 millones de pesos que fueron desviados no hayan sido devueltos y, por lo tanto, el daño no se ha reparado. (ANIMAL POLÍTICO)
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