Ciudad de México.- Legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara de Diputados, propusieron reformar la Constitución federal para evitar que las niñas sean obligadas a casarse o unirse en pareja, y para que los usos y costumbres de las comunidades indígenas no sea un pretexto para avalar matrimonios infantiles forzados.
Cimacnoticias publicó que en la sesión de este jueves 18 de noviembre, las diputadas Laura Lorena Haro Ramírez y Ana Lilia Herrera Anzaldo, ambas del PRI, y Karen Michel González Márquez, del PAN, propusieron por separado reformas para hacer frente a las uniones tempranas, luego de que en octubre pasado se dio a conocer el caso de una niña de 15 años de edad, originaria del estado de Guerrero, fue violentada en su matrimonio.
De acuerdo con medios locales, la niña huyo de casa porque su suegro intentó violarla argumentando que el esposo se fue a trabajar a Estados Unidos y él, como suegro, tenía derechos sobre ella porque pagó por el matrimonio. Las autoridades comunitarias encarcelaron a la niña durante once días por abandonar la casa de su esposo.
Piden límites a usos y costumbres
Las diputadas del PRI señalan en su propuesta de reforma que, si bien las comunidades indígenas tienen derecho a organizar sus formas internas de convivencia y sus sistemas normativos para regular y solucionar sus conflictos, el modelo que usan es machista y sus usos y costumbres no reconoce los derechos de niñas y mujeres.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Geográfica 2018, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 4.5 por ciento de las adolescentes y niñas de 12 a 17 años en México están casadas o viven en pareja. Además, la organización Save the Children ha señalado que siete de cada diez niñas y adolescentes casadas dejan sus estudios o son obligadas a dedicarse a labores del hogar.
En este contexto, las diputadas Lorena Haro Ramírez y Ana Lilia Herrera Anzaldo expusieron que si bien el matrimonio forzoso o servil es considerado trata y el matrimonio antes de los 18 años está prohibido en la ley, es necesario dejar claro en la Constitución que los usos y costumbres de las comunidades indígenas deben reconocer los Derechos Humanos de niñas y mujeres.
“Lo explicamos así, para evitar cualquier salida jurisdiccional (amparo) que permita a los hombres de estas comunidades poder salir libres de este tipo de actos, tanto quien venda como quien compra, por el reconocimiento claro y constitucional del derecho de sus usos y costumbres”, exponen las priistas en su propuesta de reforma constitucional.
La propuesta de las legisladoras es señalar en el artículo 2 constitucional, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, que los usos y costumbres no deben violar ningún otro Derecho Humano reconocido en esta Constitución y en algún tratado internacional de los que el Estado mexicano sea parte.
Matrimonio infantil pone en riesgo a niñas
La propuesta de la diputada del PAN, Karen Michel González Márquez, coincide en que los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, han provocado que el intercambio de niñas por algún bien material sea una práctica común. “Se dice en defensa de esa práctica que, así se acostumbra en esa comunidad, situación que se repite sin consecuencia legal alguna”, aseguró la diputada en su iniciativa.
La legisladora expuso en el documento que lo peor de esta situación es que las niñas terminan en condiciones de esclavitud laboral y sexual, así como en embarazos precoces que ponen en riesgo su vida. Además, reconoció que la Convención para los Derechos del Niño establece que las niñas y niños son individuos con derechos y los Estados deben garantizar el respeto y la protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.
En esta propuesta de reforma se busca incorporar en la Constitución una serie de derechos a favor de las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas, para que puedan vivir su infancia de manera plena, sin el temor a ser negociados como mercancía, utilizando la figura de los usos y costumbres.
Con el objetivo de impedir que las niñas sean cambiadas por un terreno, animales o bebidas alcohólicas, la legisladora González Márquez propuso reformar el artículo 2 constitucional para establecer que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de garantizar a las niñas, niños y adolescentes, una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, particularmente de la violencia sexual y de género.
La diputada también propuso que se prohíban las uniones y matrimonios de menores de edad, a pesar de que, para su realización, se argumenten usos y costumbres y que el artículo 4 constitucional prohiba los matrimonios infantiles en México, para reforzar la propuesta de adición al artículo segundo y para que la prohibición beneficie a todas y todos los niños y adolescentes. Las iniciativas serán analizadas en comisiones. (CIMACNOTICIAS)
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