Las diputadas y diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobaron un dictamen por unanimidad, con objeto de enviar un atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal, así como al Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, para que en coordinación con las demás entidades federativas y municipios, desarrollen e impulsen políticas públicas y protocolos de atención a la violencia intrafamiliar en niñas, niños y adolescentes para que se apliquen en las escuelas, con el fin de una efectiva detección y erradicación de los casos de violencia y abuso infantil de las y los alumnos que toman clases de manera presencial, así como los que aún se encuentra tomando sus clases desde sus casas.
El dictamen con Punto de Acuerdo de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas, se fundamentó en proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las diputadas Teresa de Jesús Meraz y Martha Loera Árambula.
La diputada Meraz García propuso la elaboración de un protocolo de atención de la violencia intrafamiliar en niñas, niños y adolescentes, en consideración a que, “el maltrato es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que puede presentarse en familias de cualquier nivel económico y educativo, que vulnera sus derechos fundamentales, por lo tanto, debe ser detenido, cuanto antes, mejor”.
Así mismo, dijo se sabe que la violencia ejercida contra los menores tiene como una de sus consecuencias, la pérdida del potencial humano manifestada a menudo en disminución de su capacidad para aprender en los primeros años de educación.
Por su parte, la Diputada Loera Arámbula propuso exhortar a la Secretaría de Educación Federal y al Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, para que en coordinación con las autoridades de las entidades federativas, desarrollen e impulsen políticas públicas que permitan la efectiva detección y erradicación de casos de violencia y abuso infantil de las y los alumnos que siguen tomando las clases desde sus hogares.Añadió que lo anterior tiene su base, entre otras consideraciones, al impacto emocional, ya que la pandemia ha afectado de manera negativa las relaciones sociales de las personas y ha generado contextos de violencia e inseguridad en los propios hogares, en donde los propios familiares son generalmente los victimarios. Otra consideración es que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año 2020 hubo 220 mil 28 denuncias por violencia familiar, el mayor número desde que se tiene este registro. Subrayó que, las cosas no han mejorado mucho en 2021, pues según la misma instancia, hasta el 30 de abril de este año había un total de 82,702 denuncias por violencia contra menores.
En el dictamen, los diputados de la Comisión que coordina la Diputada María Eugenia Calderón Amezcua, consideran acertadas y de suma importancia, las Proposiciones con Punto de Acuerdo planteadas, debido a que en todo momento las autoridades tienen como obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños, y que vivan en un ambiente sano y libre de violencia.
Además, que las instituciones educativas deben participar coordinadamente, en la elaboración no solo de los protocolos de atención de la violencia intrafamiliar en niñas, niños y adolescentes, sino también en el desarrollo e impulso de políticas públicas que permitan la efectiva detección y erradicación de los casos de violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes. (EL HERALDO)
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