Ciudad de México.- En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de efectivos del Ejército Mexicano. El saldo de estos casos ha sido de al menos diez personas muertas y diez lesionadas, además de afectaciones materiales.
Aunque se trata de hechos que constituyen posibles delitos federales – algunos de ellos graves – la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General de la República (FGR). Ello bajo el argumento de que no le toca. En cambio, ha pagado a las víctimas indemnizaciones millonarias a través de la firma de convenios secretos.
La información oficial de la Sedena obtenida por Animal Político a través de solicitudes de transparencia arroja que tan solo en el primer semestre de 2021 se registraron ocho casos de víctimas colaterales por actuaciones de elementos de las fuerzas armadas, entre los que figuran la muerte de al menos dos personas en Tamaulipas y Chiapas.
Cabe señalar que la Defensa no precisa el número exacto de víctimas en ningún caso por lo que un asunto que clasifica como “deceso”, podría tener incluso una o más personas implicadas.
Los otros casos registrados este año corresponden al de una persona lesionada en Tamaulipas, cuatro casos de malos tratos y abuso de autoridad en Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí y Ciudad de México, y dos casos más de daños materiales causados por sus elementos en Chiapas y San Luis Potosí. De ninguno proporcionó mayores detalles.
Estos ocho casos de afectaciones colaterales se suman a otros 39 que la Defensa Nacional reconoce en los dos primeros años de la actual administración federal, de los cuales 28 son de 2019 y 11 más a 2020.
De los 47 casos acumulados hasta la fecha hay diez que corresponden a gente que perdió la vida tras ser heridos por efectivos del Ejército Mexicano. Hay otra decena de casos con al menos igual número de víctimas donde las personas resultaron lesionadas pero no murieron. A ellos se suman seis casos de negligencias médicas por parte de los servicios de salud militares, cinco casos de malos tratos y abusos de autoridad, entre otros.
Estas afectaciones colaterales se han presentado en 17 estados del país. Tamaulipas es el estado que concentra más casos con siete, seguido de Sonora y Ciudad de México con cuatro casos respectivamente. Después se ubican Jalisco, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas, Tabasco, y San Luis Potosí, cada una con dos incidentes con elementos de las fuerzas armadas respectivamente.
Finalmente, se registró un incidente en las siguientes entidades: Hidalgo, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato Sinaloa, Chiapas y Guerrero.
Una década de abusos
Los abusos de la fuerza y hechos de negligencia en que elementos del Ejército Mexicano han incurrido al participar en acciones de seguridad pública y combate a la delincuencia no son exclusivos de este sexenio. Desde hace poco más de una década se han registrado decenas de casos de este tipo, muchos de los cuales no se han conocido públicamente.
En respuesta a otra solicitud de transparencia, la Defensa Nacional informó que son 195 los casos de afectaciones colaterales registrados desde 2010 hasta la fecha, entre los que figuran 54 casos de homicidio con – al menos – igual número de víctimas.
Los casos reconocidos por la Defensa Nacional se distribuyen de la siguiente manera: diez casos ocurrieron en 2010; 13 casos ocurrieron en 2011; ocho casos en 2012; 14 casos en 2013; 22 casos en 2014; 15 en 2015; 16 en 2016; 22 en 2017; 28 en 2018; 28 más en 2019; 11 casos en 2020; y los ocho registrados en el primer semestre de 2021.
Los pormenores de estos casos y las fechas y localidades precisas no se conocen dado que la Sedena no los reporta en sus informes de actividades anuales, ni tampoco se mencionan en los informes de labores que los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador envían anualmente al Congreso.
Pero lo que investigadores independientes han identificado a lo largo de la última década es que el Ejército Mexicano ha incurrido en reiteradas ocasiones en un uso excesivo de la fuerza al momento de realizar distintas operaciones relacionadas con temas de seguridad pública, que en muchos casos derivan en enfrentamientos.
Por ejemplo, los investigadores Javier Treviño, Laura Atuesta, Raúl Bejarano y Sara Velázquez construyeron a partir de los datos oficiales disponibles un índice de letalidad con el que obtuvieron indicadores que les permiten presumir que, en efecto, hay un uso excesivo de la fuerza.
“Pongamos esto en perspectiva. En la Guerra de Vietnam hubo cuatro personas heridas por cada persona muerta. En los operativos del Ejército mexicano ocurre lo contrario: hay muchas más personas muertas que heridas o detenidas”, concluyen los investigadores.
Los arreglos secretos
En junio de 2010 la Sedena creó su denominada Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC) con el objetivo, entre otras cosas, de “atender de manera oportuna y eficaz a personas civiles que resulten afectadas por la participación de personal militar en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.
Y se facultó a dicha unidad para que proponga acciones para ser adoptadas en la solución de conflictos. Entre dichas acciones se encuentra la firma de convenios específicos con las víctimas en las que el Ejército acepta brindar diversos tipos de asistencia, además de una compensación económica (indemnización).
De acuerdo con la información proporcionada por la Sedena, la UNIVIC se ha hecho cargo de la atención de los 47 casos registrados en el actual sexenio y en 43 de ellos ya firmó con las víctimas los convenios correspondientes. Sin embargo, el monto de los apoyos que se han otorgado se mantiene como información reservada.
“La información se encuentra reservada por un periodo de cinco años en virtud de que su divulgación pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas que recibieron la indemnización con motivo de los hechos a los que se hace referencia”, indicó la respuesta proporcionada por la dependencia castrense.
Autoridades castrenses que conocieron de este tipo de procedimientos – y que piden reserva con su identidad – señalaron que las indemnizaciones que se otorgan en los casos más graves llegan a ascender a varios millones de pesos y que los referidos convenios incluyen cláusulas de secrecía o confidencialidad para que la información no sea divulgada por parte de las víctimas.
Expertos consultados por Animal Político para esta nota ya habían adelantado que este tipo de mecanismos paralelos resultan violatorios de las disposiciones establecidas en la Ley General de Víctimas. La abogada Reyna Velasco dijo, por ejemplo, que el pago de una indemnización no representa por si sola una reparación integral del daño, sino que se requieren de otro tipo de coberturas y servicios.
De acuerdo con la referida ley es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la institución facultada para brindar la atención integral que requieren las víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos a nivel federal. Pero segñun la propia Sedena, menos de la mitad de todos los casos (solo 94 de los 195) fueron reportados ante la referida comisión.
¿Y las sanciones?
Finalmente se solicitó a la Defensa Nacional conocer cuáles han sido las acciones que se han implementado en contra de los elementos involucrados en todos estos casos de abusos y negligencia. Pero la respuesta de la Sedena es que no le corresponde a ella emprender acciones legales ni presentar las denuncias.
A la pregunta específica de cuántos elementos han sido sancionados por la institución por estos hechos la Sedena dijo que “no cuenta con la información solicitada pues las investigaciones que involucran personal civil se remiten al agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que no se tiene seguimiento de las mismas”.
Y en seguimiento de dicha respuesta se le cuestionó, entonces, cuantos de sus elementos han sido denunciados ante el Ministerio Público por su probable responsabilidad en estos hechos; la Sedena respondió simple y llanamente que “no cuenta con esa información”, y recomendó preguntarla a la Fiscalía General de la República (FGR). (ANIMAL POLÍTICO)
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