Mientras se avanza en la “socialización” del proyecto del gobierno federal “Agua saludable para La Laguna”, no cesan los señalamientos y acusaciones hacia las familias acaparadoras de tierras y derechos de agua en la región.
Todo apunta a la familia Tricio. Y es que en cualquier ejido o municipios laguneros de la parte de Coahuila como de Durango, donde surge la pregunta “y esas tierras, ¿de quién son?”, la respuesta es invariable: “De los Tricio”.
Por ello, los observadores, analistas, ambientalistas, periodistas advierten que no podrá solucionarse realmente de fondo el problema de la falta de agua y de calidad del vital líquido en la Región Lagunera sin considerar el “factor Tricio”.
Si es sabido que el acuífero se recarga anualmente con 534 millones de metros cúbicos, la extracción supera los mil millones de metros cúbicos y un elevado porcentaje se trata de un criminal robo del recurso hídrico, a través de pozos clandestinos, de una extracción superior a lo establecido por pozos autorizados pero que no es medida.
Las sobrexplotación de los mantos acuíferos provoca la contaminación del agua con arsénico en porcentajes cada vez mayores. De acuerdo con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, de 70 pozos que manejan, un 30 por ciento ya rebasó la Norma Oficial Mexicana. Pero si nos atenemos a la norma de la Organización Mundial de la Salud, más estricta, de esos pozos, únicamente siete cuentan con agua de calidad para el consumo humano.
El proyecto del gobierno federal persigue agua suficiente y libre de arsénico, con una superinversión de 10 mil millones de pesos, pero las posturas más optimistas advierten que se trata de una solución a medias, al corto plazo, ni siquiera a un mediano plazo.
Y los campesinos, los directamente involucrados en el proyecto, son los que menos información tienen de los planes federales. Muchos de ellos ya fueron despojados de sus tierras con engaños, con argucias legales, con amenazas, con borracheras, incluso con golpes. Pero esa es otra historia.
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