Ciudad de México.- Magistrados electorales utilizaron la tarjeta de crédito institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer compras en tiendas de venta de botellas de alcohol, cantinas, cines, tiendas departamentales, establecimientos en línea, tiendas de regalos, y también para pagar el súper, recibos telefónicos, boletos para espectáculos, libros y hasta servicios de blindaje de autos.
Los cargos, que suman cientos de miles de pesos, contravienen el reglamento para el uso de las tarjetas bancarias institucionales del Tribunal, que establece que éstas deben utilizarse estrictamente para el pago de boletos de avión, reservaciones en hoteles y viáticos de alimentación de los magistrados sólo cuando se encuentren en comisiones de trabajo.
Pero, por ejemplo, con las tarjetas se hizo un pago de 48 mil 598 pesos en El Palacio de Hierro el 23 de abril de 2020, menos de un mes después de que declaró la emergencia sanitaria en México por la pandemia de COVID-19.
Más casos: entre 2019 y 2020, durante la gestión del magistrado Felipe Fuentes como presidente de la Sala Superior, se registraron cargos a las tarjetas institucionales por 10 mil 877 pesos en La Europea, establecimiento especializado en la venta de botellas de alcohol; también se hicieron cargos por 158 mil 818 pesos en Office Depot; en Ticketmaster –que vende boletos para espectáculos– se pagaron 30 mil 914 pesos; en la tienda en línea Mercado Libre se pagaron 44 mil 406 pesos; en TPS Armoring, compañía dedicada al blindaje de autos, se hicieron cargos por 62 mil 239 pesos; a la aseguradora Quálitas se le hizo un pago de 7 mil 380 pesos.
Los estados de cuenta de las tarjetas institucionales del TEPJF también muestran pagos de miles de pesos en restaurantes lujosos ubicados en la Ciudad de México y el área metropolitana; dichos gastos a menudo superaron el límite del apoyo mensual para alimentación otorgado por el tribunal a los magistrados.
Animal Político obtuvo los estados de cuenta de los ejercicios 2017 a 2020 a través de solicitudes de transparencia, tras varios intentos del TEPJF por testar la información contenida en esos documentos, como el nombre y RFC de los establecimientos donde se hicieron los cargos, la fecha y el monto de los mismos, argumentando que revelar esos datos pondría en riesgo la seguridad y hasta la vida de los magistrados.
El Comité de Transparencia del tribunal reservó por cinco años los estados de cuenta, pero el INAI revocó esa resolución y le ordenó entregar los documentos íntegros, al determinar que son instrumentos de rendición de cuentas, pues contienen gastos pagados con recursos públicos.
En respuesta a una petición de réplica hecha por este medio, el área de comunicación social del TEPJF informó que se iniciará una indagatoria interna por el uso irregular de las tarjetas institucionales.
“No se tiene conocimiento de ninguna investigación en curso por los hechos que se mencionan. No obstante lo anterior, en caso de que, derivado de la información proporcionada, se presuma alguna irregularidad, se hará de conocimiento de los órganos competentes del TEPJF, quienes, de acuerdo con sus atribuciones, tomarán las acciones correspondientes”, indicó.
“Se pone en riesgo a magistrados”
El Tribunal Electoral tiene una cuenta institucional de crédito en HSBC con la finalidad de agilizar la compra de boletos de avión y la reservación de hoteles para las comisiones de trabajo de los magistrados de la Sala Superior, conforme los “Lineamientos para el trámite y control de egresos del TEPJF”.
El área encargada de desempeñar esa labor fue en un inicio la Dirección General de Vinculación Social, que se transformó en la Jefatura de Vinculación y Protocolo. Al interior del tribunal, dicha área es conocida comúnmente como “Unidad de Atención a Magistrados”, y la tarea de sus integrantes es, en los hechos, estar a disposición de los magistrados y tener lista la tarjeta de crédito institucional para efectuar los pagos que les requieran, de acuerdo con funcionarios consultados para esta investigación.
Entre 2017 y 2018, cuatro funcionarios administrativos de “Atención a Magistrados” tuvieron tarjetas de crédito asociadas a la cuenta institucional. Se trata de Héctor Barrera Lavín, que era titular de dicha área; Sergio Soriano Caselín, Pedro Blancas Cueto y Agustín Millán Gómez.
El TEPJF también autorizó la expedición de tarjetas de crédito directamente a dos magistrados, Felipe Fuentes Barrera, que ha sido presidente de la Sala Superior, e Indalfer Infante Gonzales, para solventarles gastos de alimentación.
Los restantes cinco magistrados de la Sala Superior no han tenido una tarjeta institucional, pero es posible que algunos cargos efectuados por los funcionarios administrativos de “Atención a Magistrados” hayan sido para su beneficio.
El Comité de Transparencia del TEPJF rechazó dos veces entregar a este medio los estados de cuenta bancarios de las tarjetas, y, más aún, determinó reservarlos durante 5 años, con argumentos excesivos o contradictorios.
En los acuerdos CT-CI-SAI-38/2020 y 4/2021, el comité sostuvo que revelar los nombres de los establecimientos donde se registraron cobros, así como el concepto de los consumos, la fecha y hasta los montos pagados, podría significar un riesgo para la seguridad y la vida de los magistrados y sus familias, pues permitiría que se establezcan “patrones” de sus itinerarios, lo que los expondría a “amenazas, extorsiones, secuestros, atentados, entre otras actividades ilícitas”.
El comité aseguró que los establecimientos donde se hicieron cobros con cargo a las tarjetas institucionales son lugares a los que los magistrados “acuden por una situación de trabajo”. Sin embargo, también sostuvo que revelar los nombres de los establecimientos “no es relevante para la rendición de cuentas”, o bien, que no es “información (que) permita a la ciudadanía evaluar su desempeño”.
El comité también justificó la censura de la información con el argumento de que algunos gastos, si bien se pagaron con las tarjetas institucionales, posteriormente fueron reembolsados por los servidores públicos con su dinero, por lo que, sostuvo, se trata de información de carácter privado.
Al resolver el recurso de revisión RRA 2529/21, el INAI rebatió que los estados de cuenta deberían ser entregados sin reserva alguna porque la cuenta bancaria está a nombre de la institución –el TEPJF– y no de servidores públicos en específico.
El INAI también afirmó que, si bien algunos cobros fueron reintegrados por los funcionarios, ello fue así porque, en principio, se trató de pagos para fines no autorizados y que no debieron realizarse. Los “Lineamientos para el trámite y control de egresos del TEPJF” señalan que los gastos deben ser comprobados por los titulares de las tarjetas, y que sólo deberán ser cubiertos por ellos, con sus recursos propios, cuando no puedan justificar que los cargos fueron para solventar gastos de pasajes aéreos, hospedaje y viáticos.
Es decir, para el INAI, que un usuario reembolse un cargo a las tarjetas del tribunal es señal de que se trató, de antemano, de un gasto no justificable o indebido.
De hecho, al requerir al TEPJF las versiones íntegras de los estados de cuenta, el INAI detectó que, en efecto, además de cargos por la compra de boletos de avión, reserva de hospedajes y pago de alimentos, había consumos que se desviaron de los fines autorizados.
“(De los estados de cuenta) se desprenden conceptos distintos al fin para el cual fueron proporcionadas las tarjetas a las personas servidoras públicas, es decir, no dan cuenta de gastos en hospedaje, avión o alimentación, por lo que es dable concluir que, si bien dichos gastos pudieron ser pagados por las personas servidoras públicas que utilizan las tarjeras, lo cierto es que dichos pagos se realizaron por la falta de comprobación de la finalidad para el cual fueron utilizados”, cita la resolución RRA 2529/21.
El INAI también sostuvo que, aunque los funcionarios hayan reintegrado algunos pagos, los cargos fueron cubiertos inicialmente con recursos públicos del tribunal.
El carrito del súper de Fuentes
Animal Político comparó las versiones censuradas de los estados de cuenta con las versiones íntegras, sistematizó los nombres y RFC de los establecimientos, y agrupó los gastos efectuados por cada servidor público que era titular de una tarjeta. La comparación entre las dos versiones de los estados de cuenta pone de relieve qué gastos eran los que el TEPJF intentó mantener ocultos.
En marzo 2018, cuando aún no asumía la presidencia de la Sala Superior, el magistrado Felipe Fuentes utilizó la tarjeta institucional a su nombre para hacer un pago de 6 mil 259 pesos en una tienda de autoservicio Chedraui de Metepec, municipio mexiquense donde el funcionario tiene una residencia, según confirmaron fuentes del tribunal.
Ese mes también pagó 406 pesos en un Cinépolis, y 1 mil 127 pesos en la agencia de viajes Expedia. En julio hizo un pago de 2 mil 910 pesos en una sucursal de la Farmacia San Pablo ubicada, también, en Metepec, y en octubre, pagó 5 mil 337 pesos en un Sanborn’s de ese municipio.
El 12 y el 18 de octubre, el magistrado Fuentes hizo dos pagos por 12 mil y 5 mil 700 pesos a dos médicos particulares, un otorrinolaringólogo y un anestesiólogo que dan consulta en el Hospital Español.
Este medio contactó directamente a la ponencia de Fuentes para solicitarle una aclaración por los cargos que no estuvieron apegados a los “Lineamientos para el trámite y control de egresos del TEPJF”. En respuesta, la ponencia proporcionó comprobantes de 14 reembolsos efectuados por el magistrado entre 2018 y 2020 a la cuenta bancaria del Tribunal Electoral por una suma de 119 mil 889 pesos.
Aunque los reembolsos confirman que hubo un uso irregular de la tarjeta institucional, tal como acreditó el INAI, Fuentes insistió en que ello no fue así, pues él terminó cubriendo los cargos indebidos con sus propios recursos.
“El TEPJF me asignó una tarjeta institucional. Reconozco que la utilicé, pero es importante señalar que todos los gastos fueron reintegrados y cubiertos por mí. No existe mal uso de la tarjeta, (pues) los cargos no fueron absorbidos por el TEPJF”, indicó el magistrado en su respuesta.
Fuentes insistió en que “en ningún momento hubo mal uso de recursos públicos” y que no hizo “ningún pago que no se apegara a los Lineamientos para el Trámite y Control de Egresos del TEPJF”. Sin embargo, el INAI estableció que cualquier cargo que no fuera para solventar la compra de boletos de avión, pago de hospedaje y viáticos de alimentación en comisiones de trabajo de los magistrados, tal como establecen esos mismos lineamientos, es un gasto indebido o irregular que afecta los recursos públicos del Tribunal Electoral.
Como parte de su respuesta, Fuentes también proporcionó copia de un oficio del pasado 20 de abril en el que solicitó la cancelación de la tarjeta institucional a su nombre.
Si bien Fuentes reintegró a las arcas del TEPJF los cobros que no se apegaron a la normativa, lo cierto es que, durante su periodo como presidente de la Sala Superior (enero de 2019 a octubre de 2020), el uso indebido de las tarjetas institucionales en posesión del área de “Atención a Magistrados” se salió de control, principalmente desde la cuenta a cargo de Héctor Barrera Lavín, que era titular de dicha unidad. El TEPJF no aclaró si los cargos irregulares fueron debidamente comprobados y, en su caso, reembolsados.
Este medio estableció que, de enero a octubre de 2020 –cuando ya estaba en curso la emergencia sanitaria por la pandemia en México–, los pagos irregulares desde la tarjeta institucional de Barrera Lavín ascendieron a 444 mil 862 pesos. No fue posible definir a qué magistrado habrían beneficiado los conceptos pagados, pues dicho funcionario trabaja al servicio de toda la Sala Superior.
Además de las cuentas en la licorería La Europea, Ticketmaster, Office Depot, El Palacio de Hierro y TPS Armoring descritas al comienzo de este reportaje, desde la tarjeta de Barrera Lavín se hicieron tres pagos por 55 mil 585 pesos al restaurante Estoril el 12 de noviembre de 2019; también se hizo un pago de 3 mil 949 pesos en el hospital privado Médica Sur el 3 de mayo de 2020, y el 20 de mayo se pagaron 2 mil 600 pesos por dos pruebas COVID en Salud Digna.
El 12 de agosto se pagaron 2 mil 610 pesos a la razón social Dath Cosméticos; el 18 de agosto se hizo un pago de 2 mil 550 pesos en la tienda Laura Regalos y Accesorios; el 8 de septiembre se pagaron 4 mil 800 pesos en The Home Depot, que vende productos para mejoras en el hogar, y el 25 de octubre se hizo un cargo de 2 mil 890 pesos en la tienda de accesorios electrónicos Steren.
En 2020 también se dispararon las compras en tiendas en línea y equipo de cómputo. Ese año, mediante la tarjeta de Barrera Lavín, se pagaron 77 mil 696 pesos en Compudabo, un distribuidor autorizado de productos de Apple, y 26 mil 629 pesos en Reparastore, establecimiento de reparación de equipos.
También se hicieron pagos por 44 mil 406 pesos en Mercado Libre; 21 mil 108 pesos en Best Buy; 6 mil 226 pesos en Amazon; 5 mil 198 pesos en la tienda en línea de Apple, y 6 mil 725 pesos por viajes en Uber.
Entre agosto y septiembre de 2019 se registraron cargos a la tarjeta de Sergio Soriano Caselín, jefe de la Unidad de Tesorería, por concepto de anuncios de publicidad en Facebook por un monto de 5 mil 245 pesos.
Otro funcionario de “Atención a Magistrados”, Agustín Millán Gómez, director general de Documentación, efectuó cargos por 437 mil 725 pesos en librerías a lo largo de diciembre de 2019. Por ejemplo, hizo pagos por 187 mil 363 pesos a la editorial Dijuris, especializada en libros jurídicos; a la editorial Tirant le pagó 107 mil 248 pesos; a Porrúa, 49 mil 882 pesos; a la librería Derecho Global, 14 mil 245 pesos; en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara hizo cargos por 10 mil 044 pesos.
La fórmula de usar la tarjeta institucional para gastar en librerías se repitió en diciembre de 2020, cuando, desde la cuenta asignada a este funcionario, se hizo un pago de 192 mil 954 pesos a la editorial Dijuris y de 62 mil 445 pesos a Derecho Global. Estos cargos se efectuaron durante el periodo del magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente de la Sala Superior (Vargas es sucesor de Fuentes en ese cargo desde el 3 de noviembre de 2020 a la fecha).
El mal uso de las tarjetas no fue exclusivo de una presidencia del TEPJF y también alcanzó el periodo de la magistrada Janine Otálora (noviembre de 2016 a enero de 2019). Por ejemplo, el 4 de mayo de 2018 hubo un cargo de 5 mil pesos a la tarjeta de Barrera Lavín en una clínica dental, mientras que el 30 de julio de ese año se efectuó un cobro de 1 mil 374 pesos de la compañía telefónica Izzi.
Lo exquisito con dinero público
Aunque este 2021 percibirán un sueldo anual neto de 3.4 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los magistrados de la Sala Superior reciben, adicionalmente, un apoyo mensual para gastos de alimentación.
El monto de dicho apoyo varía año con año y es autorizado por la Comisión de Administración del Tribunal Electoral. En 2017, la cifra fue de 22 mil 949 pesos al mes; en 2018, de 24 mil 502 pesos; en 2019 ascendió a 30 mil 822 pesos, y en 2020 a 31 mil 693 pesos.
La institución otorgó a dos magistrados –Felipe Fuentes e Indalfer Infante– tarjetas de crédito asociadas a la cuenta bancaria institucional para ejercer la ayuda de alimentación.
Dicho apoyo debe ser gastado conforme los “Lineamientos para el pago, comprobación y registro de gastos de alimentación”, que establecen que no serán tomados como válidos los consumos de bebidas alcohólicas ni los cargos de alimentación efectuados durante el periodo vacacional o de licencia de los magistrados.
En más de dos años, entre enero de 2017 y febrero de 2019, Infante utilizó la tarjeta fundamentalmente para pagar consumos en restaurantes, salvo por un cargo irregular en Cinépolis en julio de 2017 por 746 pesos.
En varias ocasiones, el magistrado Infante superó el límite del apoyo para alimentación establecido por la Comisión de Administración. Por ejemplo, en el periodo mayo-junio de 2017, acumuló cargos por 27 mil 608 pesos (4 mil 659 más que lo autorizado); en el periodo septiembre-octubre de 2018 tuvo consumos por 30 mil 396 pesos; en octubre-noviembre por 33 mil 614, y en noviembre-diciembre por 39 mil 160 (el magistrado rebasó los montos cada mes en 5 mil 894, 9 mil 112 y 14 mil 658 pesos, respectivamente).
Para esta investigación se consultó directamente a la ponencia de Infante a fin de verificar si reembolsó los gastos excedentes en los que incurrió, pero respondió que no haría ningún comentario al respecto.
El magistrado Infante es aficionado a los restaurantes costosos e hizo consumos con cargo a la tarjeta institucional prácticamente todos los días durante el tiempo que tuvo autorización para utilizar la cuenta, según muestran los estados de cuenta en poder de este medio.
El 14 de noviembre de 2017 hizo un consumo de 4 mil 119 pesos en el restaurante Pujol, del chef Enrique Olvera. El 29 de noviembre de 2018 acudió al Sir Winston Churchill’s, donde, en esa sola visita, hizo un consumo de 5 mil 162 pesos; el establecimiento estaba ubicado en Polanco, pero cerró hace un año a causa de la crisis de la pandemia. Y el 17 de diciembre de 2018 fue a comer al restaurante de estilo francés Au Pied de Cochon, donde pagó 3 mil 410 pesos.
Esos no fueron, sin embargo, los consumos más onerosos del magistrado. Los estados de cuenta revisados por Animal Político muestran un pago por 5 mil 550 pesos en la cantina La No. 20 en junio de 2017. Infante visitaría ese lugar otras siete veces y pagaría consumos por 10 mil 692 pesos.
El magistrado también gusta de los cortes de carne argentinos. Entre 2017 y 2019 visitó 14 veces el restaurante Sylvestre, donde pagó un total de 31 mil 794 pesos. Otros establecimientos del mismo tipo recurridos por Infante son Puerto Madero, Rodizio Grill, Harry’s Prime Steakhouse, Morton’s The Steakhouse, Entre Fuegos, Mochomos, El Buen Bife, Fogo de Chao, Loma Linda y Asadero Uno. Sus consumos en estos lugares suman 41 mil 836 pesos.
Infante también era cliente frecuente de los restaurantes de Grupo Hunan (Prosecco, Negroni, Nobu, Aida, Guadiana y Hunan), que están ubicados principalmente en el poniente de la CDMX y en los que pagó 90 mil 112 pesos en 50 visitas.
En El Cardenal hizo consumos por 31 mil 143 pesos en 28 visitas; en los restaurantes de El Palacio de Hierro pagó 30 mil 955 pesos en 45 visitas; al Puntarena, que se especializa en comida del mar, fue 13 veces y pagó 19 mil 265 pesos; en El Charco de las Ranas estuvo 24 veces y gastó 18 mil 336 pesos; al 50 Friends, que vende pizza, pastas y vino, fue 10 veces e hizo consumos por 15 mil 335 pesos; en Alboa, un establecimiento de comida y boliche, estuvo cuatro veces y pagó 5 mil 478 pesos.
El magistrado Infante no sólo cargó sus consumos más onerosos a la tarjeta institucional, sino también los gastos más mínimos, como una cuenta en Starbucks de 67 pesos; una de Sushi Itto de 99 pesos; una de 177 pesos en la taquería El Tizoncito; una de 184 pesos en la cafetería Le Pain Quotidien, y una de 195 pesos en Vips.
Al rescate del bolsillo de los magistrados
Los estados de cuenta del TEPJF revelan que la “Unidad de Atención a Magistrados” también pagó consumos en restaurantes a integrantes de la Sala Superior desde las tarjetas institucionales, especialmente desde la que tenía a su cargo Héctor Barrera Lavín, exjefe de dicha área.
Por ejemplo, en diciembre de 2017, este funcionario hizo un pago de 16 mil 500 pesos en el Ristorante D’Andrea, un establecimiento de comida mediterránea ubicado en San Miguel de Allende; en octubre de 2019 pagó 16 mil pesos en el restaurante Antigua Hacienda Tlalpan; en febrero de 2020 pagó 24 mil 783 pesos en Casa Bonilla -ubicado en Coatepec, Veracruz- y 16 mil 688 pesos en La Nacional San Jerónimo.
También registró cargos por 15 mil 600 pesos en el restaurante Mi Gusto Es en diciembre de 2019; por 6 mil 298 pesos en el San Ángel Inn en octubre de 2020, y por 13 mil 225 pesos en el restaurante Alaia en diciembre de 2020.
En total, con las tarjetas institucionales a cargo de Barrera Lavín y Sergio Soriano Caselín se pagaron consumos en restaurantes por 333 mil 958 pesos de 2017 a 2020 para los magistrados, aunque de los estados de cuenta no es posible identificar específicamente qué integrante de la Sala Superior solicitó los cargos.
Fuentes del TEPJF explicaron que, para que los consumos se reflejaran en las tarjetas de los funcionarios de la “Unidad de Atención a Magistrados”, estos tenían que estar presentes personalmente en los establecimientos para efectuar los pagos.
A veces estos funcionarios tomaban parte de las comidas, pero, en ocasiones, eran llamados sólo para que se apersonaran a pagar las cuentas de los magistrados al finalizar las comilonas, refirieron las fuentes consultadas. (ANIMAL POLÍTICO)
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