La tarde del miércoles, justo en la víspera de que entrara en vigor la veda por la consulta popular, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador vulneró el principio de imparcialidad en el pasado proceso electoral por declaraciones en las conferencias mañaneras.
En concreto se refieren a la conferencia del 23 de diciembre, en la que AMLO se descoció en contra de la coalición “Va por México”, que conformaron PRI, PAN y PRD, acusándolos de “representar el antiguo régimen”. Sí hasta en contra del PRD se fue en aquella ocasión, aunque él haya sido candidato de ese partido a la presidencia en 2006 y 2012.
Previo a la resolución de la Sala Superior, existió una sentencia de la Sala Especializada determinando que no hubo falta en las declaraciones en que López Obrador dijo: “Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo hicieron asociados, simulando que eran distintos; ahora, ya como se está llevando a cabo una transformación en el país, pues se quitan las máscaras y ya se abrazan y formalmente se agrupan para defender al antiguo régimen, defender los privilegios, lo que significó la política neoliberal: el beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia”.
Y el presidente del TEPJ, el muy cuestionado José Luis Vargas, propuso confirmar esa sentencia, sin embargo cuatro magistrados consideraron que las expresiones de López Obrador constituyeron propaganda negativa hacia algunos partidos políticos, por lo que ordenaron la individualización de la sanción.
La Sala Especializada tendrá que imponer una sanción en la que se establezcan medidas de no repetición, según lo ordenado por los Magistrados.
Es la cuarta sentencia en contra del Presidente por sus declaraciones, pero ningún fallo hasta ahora ha derivado en sanción.
La resolución del miércoles es importante porque confirma que el Presidente del TEPJF sigue de rodillas, pero la buena noticia es que hay Magistrados que no lo están.
Lo grave es la resistencia de López Obrador a respetar la ley y a aceptar que la han infringido cuando ya una autoridad resolvió que así fue, pues ahora el Presidente ha iniciado litigios para impugnar las resoluciones del Tribunal.
Y tan poco le importa al Presidente que lo dejen en evidencia con sus excesos en el anterior proceso, que ahora tampoco acata las restricciones que hay con motivo de la consulta popular del primero de agosto.
Por ley este 15 de julio entró en vigor la veda de promoción de programas y acciones de gobierno, y todavía la mañana de este jueves en las oficinas de la Secretaría del Bienestar en Saltillo había largas filas de personas en trámites relacionados con los programas clientelares.
La ley establece que únicamente el INE puede promover la consulta, y en algunos estados durante la entrega de las becas federales de senectud se entregó a los beneficiarios propaganda para motivarlos a participar en la consulta “para enjuiciar a ex presidentes”, lo que es además un engaño.
Diputados federales de Morena abiertamente están promoviendo la consulta y hasta dicen estar participando en los preparativos, queriendo vender la idea de que forma parte de sus funciones, lo cual es falso.
Hay pues una reiterada tendencia a infringir la ley por parte del Presidente y sus afines, y hasta hoy el INE y el Tribunal Electoral, con sus resoluciones, le han hecho a la 4T “lo que el viento a Juárez”. ¿Qué debe pasar para que esto cambie?.
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