Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STSP), informó este viernes que, a dos meses de la implementación de las reformas en materia de outsourcing, miles de trabajadores han salido de dicho esquema y han sido contratados por sus empleadores.
“A dos meses y medio de la entrada en vigor de la reforma, 830 mil trabajadores han salido del esquema y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, tendrán por primera vez acceso al reparto de utilidades”, puntualizó.
El Financiero publicó que el salario de cotización de estas trabajadoras y trabajadores ha incrementado hasta 11 por ciento con dicho reconocimiento, comentó la secretaria.
Alcalde recordó que todavía se está en la etapa de implementación de estas nuevas reformas, por lo que se espera que en el próximo mes y medio esta cifra de incorporación incremente.
¿Y las utilidades?
La funcionaria explicó que existe una comisión tripartita que está encargada de definir el porcentaje de utilidades que las empresas deben repartir entre sus trabajadores y trabajadoras. Añadió que en 2019 dicha comisión fijó la tasa en 10 por ciento, y esta se mantiene hasta ahora.
En tanto, con la reforma de abril pasado, se establecieron reglas que permiten hacer efectivo este derecho a las utilidades, y se establecieron dos modalidades de pago.
“La ley señaló dos modalidades: uno es hasta 90 días o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador. Con estas modalidades la proyección es que en la situación actual se están repartiendo 56 mil millones de pesos que más o menos equivale al 2.8 por ciento de las utilidades totales”, informó.
Pero con la nueva incorporación de trabajadores con la reforma, se estima que se pagarán en mayo del próximo año 157 mil millones de pesos, equivalentes al 7.7 por ciento.
La reforma que regula el outsourcing, que fue aprobada en abril pasado, prohíbe la subcontratación de personal, pero permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. (EL FINANCIERO)
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