Ciudad de México.- En México, los grupos de mayores ingresos consideran que son menos ricos de lo que realmente son, y se piensa que los pobres no son tan pobres, lo que obstruye la implementación de políticas tendientes a la reducción de la desigualdad, de acuerdo con un informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en países de América Latina y el Caribe.
Animal Política publicó que el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 describe las características de los países hundidos en una “trampa” de excesiva desigualdad y bajo crecimiento económico que frena su desarrollo, circunstancia que agravó la pandemia de COVID-19. El estudio revisa qué tanto se concentra el poder económico y político en las naciones; qué tanto la inseguridad y la violencia criminal agravan la desigualdad, y qué tan eficaces son las políticas de protección social implementadas por los gobiernos.
El PNUD retomó datos subjetivos de 17 países de la región recopilados por Latinobarómetro en 2020 para conocer la percepción de la población sobre la desigualdad, esto es, cómo se ve a sí misma y a otros; cuál es su disposición a la aplicación de medidas de redistribución justa, y cómo ve el papel del gobierno y la responsabilidad de otros miembros de la sociedad en la lucha contra la desigualdad.
Si bien, en general, los habitantes de la región saben que es desigual e injusta la distribución del ingreso, hay países donde es marcada la incorrespondencia entre la desigualdad objetiva y la percibida. La primera se calcula por la proporción del ingreso que corresponde a cada quintil de la población (20%) conforme datos de encuestas nacionales de hogares; la segunda -la distribución percibida- se mide preguntando a las personas qué proporción de los ingresos creen que es capturada para cada quintil de la distribución.
“En todos los países, la gente tiende a sobrestimar los ingresos del 20% más bajo de la distribución. En general, los latinoamericanos no son conscientes de qué tan pobres son en realidad los pobres. Este desconocimiento puede frenar la demanda de políticas más redistributivas. En efecto, la literatura ha encontrado que la gente que sobrestima los ingresos de los más pobres tiende a apoyar menos las políticas redistributivas”, indica el estudio.
“Además, aunque en promedio la población también sobrestima el ingreso del 20% más rico, en cinco países de la región (Colombia, Brasil, México, Nicaragua y Perú), la gente lo subestima. En estos países, los ciudadanos creen también que el 40% más pobre de la distribución captura una proporción mayor de los ingresos que la que realmente captura. Creen que la distribución del ingreso es más igualitaria de lo que es y que la concentración en la parte más alta es menor”.
México se ubica entre los cinco países que menos reconocen que la desigualdad sea un problema, junto con Uruguay, Dominicana, Nicaragua y El Salvador. Según el informe, el 77% de los mexicanos piensa que la distribución del ingreso es injusta. Y, aunque es una cifra elevada, está aún lejos de los países cuyas poblaciones parecen más conscientes del problema, como Chile, Venezuela y Paraguay, donde más del 90% de la población reconoce que la distribución del ingreso es injusta. La puntuación de México en este rubro es incluso menor que la media de la región, que es de 81%.
A diferencia de lo que ocurre en cuanto a la distribución del ingreso, el estudio señala que los mexicanos consideran que el acceso a los servicios públicos básicos sí es injusto: el 83% de ciudadanos define así el acceso al sistema de justicia; para el 72% es injusto el acceso a la salud, y el 64% considera injusto el acceso a la educación. En los tres casos, México se coloca por encima de la media regional, que es de 80, 66 y 60%, respectivamente.
El informe del PNUD explica que el desfase en la percepción de la desigualdad depende de la posición que las personas creen que ocupan en la distribución del ingreso: quienes se ubican en el quintil más rico serán más reacios a ver esa situación como injusta y apelarán al mito meritocrático, a diferencia de quienes se identifican con el quintil más pobre.
“Así, las personas que piensan que se benefician del statu quo son menos propensas a ver problemas en la desigualdad. Aunque los datos no permiten un examen más profundo de las razones por las que esto es así, una hipótesis es que la gente que se beneficia de sistemas injustos no quiere creer que obtuvo ventaja injustamente. En cambio, tal vez prefiere creer, por ejemplo, que obtuvo un trabajo bien remunerado o el ingreso a una universidad de élite gracias únicamente a su inteligencia superior y su esfuerzo. Este mito de la meritocracia puede ser perjudicial para la solidaridad social y puede debilitar el apoyo a las medidas de política que harían progresar el bien común”, dice el estudio.
Señala que en América Latina y el Caribe, la población de los dos quintiles más bajos (el 40% más bajo) suele pensar que es un poco más rica de lo que realmente es, y la población en los tres quintiles más altos suele pensar que es más pobre.
“Puede haber razones para sobrerreportar o subrreportar los ingresos, especialmente en los extremos de la distribución. Por ejemplo, los pobres pueden querer ocultar su pobreza por vergüenza o para mantener la dignidad y los ricos pueden querer ocultar su riqueza para proteger su seguridad o controlar su imagen en la sociedad”, explica.
Entre los latinoamericanos persiste un fuerte sentimiento de que los países son gobernados en beneficio de los intereses de unos cuantos (el promedio regional es de 77% de los entrevistados), pero México, con el 70%, se ubicó entre los cinco países donde este parámetro es más bajo, aun cuando son naciones objetivamente desiguales y en donde las élites tienen influencia directa en la toma de decisiones.
En el grupo de México están El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Dominicana. En el polo opuesto, donde los ciudadanos están convencidos de que el gobierno está al servicio de minorías poderosas, se ubican Paraguay, Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú, que registran entre 89 y 95%.
El informe indica que el 54% de mexicanos estaría de acuerdo en tener un gobierno no democrático pero que fuera eficaz. La media regional es de 55%. En este rubro México se separa de otros países con los que había compartido opinión en otros aspectos, como Dominicana (donde el 68% de la población apoyaría un gobierno no-democrático pero eficaz), El Salvador (68%), Nicaragua (67%), Honduras (66%) y Guatemala (65%).
Crimen organizado y su rol en la desigualdad
América Latina y el Caribe no sólo es una de las regiones más desiguales, sino de las más violentas del mundo, principalmente en materia de homicidios dolosos, secuestros, robos, extorsiones y trata de personas, de acuerdo con el estudio del PNUD, que también incluye la violencia política como una categoría en la que destaca la región, traducida en actos de represión estatal, violaciones a los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad, o persecución y asesinato de periodistas, políticos de oposición, defensores de derechos humanos, activistas ambientales y líderes cívicos.
“Las agresiones llevadas a cabo por las fuerzas armadas también se han intensificado tras la decisión de algunos países de militarizar las tareas de seguridad pública, lo que ha provocado un aumento de la violencia en Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela”, dice el reporte.
La investigación dice que existe evidencia de la relación “positiva, significativa y robusta” entre desigualdad y crimen: mayores niveles de desigualdad de ingresos están asociados a aumentos en las tasas de homicidio y otros delitos, lo que produce, afirma, que los sectores pobres estén “sobrerrepresentados” en las cifras de victimización.
“La violencia criminal se concentra en los barrios urbanos más pobres y en las zonas rurales con presencia estatal precaria y fuertes economías ilícitas, y en comunidades fronterizas. Los homicidios suelen afectar excesivamente a los pobres”, refiere. “También se ha observado que la victimización es más común entre las personas que enfrentan múltiples desventajas simultáneas por cuenta de su género, etnia, orientación sexual o identidad de género, o condición socioeconómica”.
El PNUD halló que el crimen organizado puede tener influencia directa en la productividad de regiones económicas.
“En México, las localidades afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico experimentaron una disminución de la producción, las ganancias, los salarios y el número de empresas y trabajadores del sector manufacturero”, señala.
La violencia también puede tener repercusión en la participación política de la ciudadanía, dice el reporte, pues acalla las voces y la implicación de los sectores pobres en la toma de decisiones. La investigación hace referencia a que grupos criminales pueden incidir en el ejercicio del derecho al voto, intimidando a los electores o abiertamente forzándolos a apoyar determinada candidatura.
Esta precisión adquiere sentido luego de que, en la pasada elección del 6 de junio en México, se denunciaron diversos ataques atribuidos al crimen organizado, desde actos de intimidación en casillas hasta secuestros de representantes de partidos políticos, especialmente en Sinaloa. En Michoacán, por ejemplo, hubo zonas inseguras que los candidatos decidieron no visitar para hacer actos proselitistas.
“Las víctimas pueden también evitar participar en la vida política ante la presencia de altos niveles de violencia, como en el caso de México. En toda la región, mientras que el crimen no violento parece aumentar la participación política, los crímenes violentos parecen tener el efecto contrario. Los grupos armados no estatales pueden socavar la participación política con su mera presencia. Pueden impedir que los ciudadanos voten o pueden forzarlos a votar por determinados candidatos”, señala el estudio del PNUD. (ANIMAL POLÍTICO)
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