Dueños y autoridades, responsables de la tragedia en la mina: OFPC

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11 junio, 2021

Barroterán, Coahuila.- Al culminar el rescate de los siete trabajadores fallecidos en el siniestro de la cueva de Micarán, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) reiteró que el accidente no fue un hecho fortuito ni inevitable, “sino resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos”.

Elvira Martínez, viuda de uno de los mineros cuyos restos permanecen en la mina de Grupo México, señaló que el siniestro vino a demostrar las insuficiencias en la acción del Gobierno Federal y principalmente de la Secretaría del Trabajo, “que en este y los anteriores gobiernos no han aplicado medidas efectivas para proteger la vida de los trabajadores que dependen de la pequeña minería del carbón”.

Expresó que el actual modelo de inspección e la STPS es ineficiente, carece de recursos humanos y materiales y es continuamente burlado por los dueños de pozos y cuevas, “que se arreglan entre ellos para simular el cumplimiento; es necesario sacar la lección de este y todos los siniestros que han ocurrido después de Pasta de Conchos, para endurecer sanciones hasta la cancelación y así cumplir la ´no repetición´ a la que se comprometieron la Secretaria y el Presidente”.

Externó un reconocimiento a los rescatistas voluntarios “porque cada vez que sucede un siniestro siempre llegan primero los Rescatistas de Minera del Norte y son quienes coordinan a todos los que se acercan a ayudar; en todos estos años hemos aprendido que podemos contar con ellos y cuando se les deja trabajar, siempre entregan a las familias a su ser querido”.

En ese sentido, el antiguo rescatista Pedro Domínguez, hoy jubilado, expresó enojo por la conferencia matinal del Presidente y la Secretaria Luisa Alcalde: “No se midieron en la mentira, porque el todo el rescate lo hicieron nuestros compañeros de Mimosa y la señora o señorita estuvo aquí de figurita y solo se acercó a las familias cuando le llovieron reclamos por su actitud distante”.

“Ellos son responsables de lo que pasó, porque le habían dicho incluso a Bartlett que esas cuevas estaban mal, pero no tienen la menor idea de lo que es un accidente en una mina ni cuentan con el equipo para actuar y se cuelgan medallas ajenas; como le dije el otro día, no se si por culpa o vergüenza, la secretaria vino de incógnita cuando hubo presión en la prensa por lo que pasó, pero vino para nada”.

En el comunicado, la OFPC señala haber denunciado y documentado que “el modelo de ´pocitos de carbón´ y minitas de arrastre se basa en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores y hemos ofrecido nuestra colaboración total para corregir estas graves deficiencias”.

Cristina Auerbach, directora de la organización, dijo que “las ilegales condiciones de trabajo siguen en la mayoría de las empresas asentadas en la zona, con omisión de medidas y equipo de seguridad, así como no registro de todos los trabajadores ante el IMSS, por lo cual en casos de accidentes, enfermedad o muerte, ellos y sus familias quedan en la desprotección”.

En el mismo sentido, el comunicado refiere: “Los empresarios del carbón han logrado mantener su operación burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, hasta el grado de que todo el carbón mineral obtenido de esta manera, es comprado por la Comisión Federal de Electricidad”.

Reitera que en octubre de 2020 entregaron a Manuel Bartlett, titular de la CFE, una carta con fotografías en que advirtieron los riesgos en pozos y cuevas a las que se les estaba adjudicando pedidos “con el ejemplo particular de la mina de Múzquiz” y ofrecieron sumarse al trabajo para proteger la integridad de los mineros, sin que el funcionario hasta el momento les haya respondido.

Exigen, entre otras acciones, adoptar medidas que eviten más siniestros y muertes con la prohibición efectiva de cuevas y pozos, no comprar carbón extraído de ellos, la revisión de los contratos asignados, cancelación de títulos en áreas explotadas y la sanción efectiva a los empresarios responsables, por no cumplir sus obligaciones en seguridad. (FÉLIX RODRÍGUEZ / INFONOR)