El gobernador Miguel Ángel Riquelme hizo el lunes anterior dos planteamientos para la Secretaría de Educación Pública federal. El primero que definan, detallado y por escrito, cómo deberá ser el regreso presencial a clases; y, el segundo, que informen sobre los recursos federales disponibles para la rehabilitación de los planteles y el suministro de lo necesario para aplicar los protocolos sanitarios.
Coahuila ha llevado un plan piloto de retorno gradual en un modelo híbrido en el que se alternan clases presenciales y a distancia, y esto ha permitido dimensionar los desafíos que representa el retorno a las aulas cuando se ha levantado el confinamiento, pero prevalecen condiciones que obligan a prevenciones sanitarias.
En este proceso dirigentes del SNTE en la entidad han señalado que se encontraron con planteles que durante los meses de cierre sufrieron robos mayores, en donde se requerirán inversiones que pueden llegar al millón de pesos para reponer equipos hidráulicos, que hacen posible el suministro de agua, y cableado eléctrico.
La semana anterior, el Secretario de Educación, Higinio González Calderón, reveló que en algunas escuelas contempladas en el plan piloto no se pudo iniciar clases, porque después de que se validó que estaban en condiciones físicas aptas, sufrieron robos que inhabilitaron redes eléctricas y equipos de aire acondicionado.
En la realidad anterior a la pandemia las escuelas también sufrían robos y desperfectos, se quedaban sin agua o sin climas, pero las clases proseguían, lo cual no puede autorizarse ahora porque la prevención de contagios va de la mano con la higiene.
La Dirección de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, preparó un reporte sobre las implicaciones del retorno a las aulas, con hallazgos y consideraciones importantes.
Ahí señalan que durante el primer año de la pandemia de Covid-19, 210 países cerraron sus escuelas parcial o totalmente, afectando múltiples aspectos de la vida social y familiar de millones de niños y jóvenes; las repercusiones educativas aún no se hacen evidentes, aunque se estima que el daño es mayúsculo.
Poco más de la mitad de los países que cerraron escuelas ha vuelto a abrirlas; en general se trata de naciones con alto nivel de vida y cuyos gobiernos han destinado recursos públicos extraordinarios para que cada plantel escolar pueda poner en práctica las recomendaciones internacionales para mitigar el riesgo de contagio.
Destacan: «En nuestro país muchas de estas acciones han sido incorporadas por una buena parte de la población, pero en el contexto escolar su atención implica un desembolso económico para las familias: ¿Cómo se lavarán las manos los estudiantes de escuelas sin agua o cuya dotación no es continua? ¿Cómo se ventilarán las aulas cuyas ventanas han sido canceladas ante la inseguridad u otro motivo?».
También hacen ver que los estudios sobre transmisión del SARSCoV-2 en el ámbito escolar se han realizado en países de ingreso alto, lo cual significa que aún no se valora el riesgo de mantener las escuelas abiertas en otro tipo de contexto.
Concluyen los investigadores del Belisario Domínguez que, en México, crear condiciones de seguridad para la reapertura en muchos casos será posible, especialmente en las escuelas —privadas o públicas— ubicadas en contextos favorecidos, pero no en las de localidades pobres debido al rezago existente, desde antes de la pandemia, en la dotación de servicios básicos como el agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas.
«Desde el punto de vista educativo la reapertura de escuelas es necesaria, pero exige un plan cuidadoso y gradual que se base no solo en el comportamiento de la epidemia a nivel local sino en las condiciones de cada plantel para ofrecer a los estudiantes seguridad frente a la enfermedad y certezas frente al reto educativo que nos espera. Para ello es necesario que los gobiernos federal y locales asignen recursos públicos extraordinarios, que cubran al menos las localidades más pobres del país, de manera que los costos no se depositen en las familias y no se las coloque en la disyuntiva de arriesgar la salud de sus hijos (si asisten) o afecten aún más su rendimiento académico (si no lo hacen)».
Estamos pues ante un tema de gran trascendencia, y sin embargo no ha habido de parte de las autoridades federales ni directrices claras ni respuesta respecto a las necesidades materiales especiales que surgen en las escuelas en estas circunstancias. De ahí que es atinado el emplazamiento que hace el gobernador de Coahuila a la SEP federal para que especifique cómo será el retorno a las aulas, y con qué recursos se le hará frente.
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