Ciudad de México.- El pasado 3 de mayo, la Ciudad de México vivía el primer lunes del mes y diversas colonias conmemoraban el Día de la Santa Cruz, una celebración dedicada a los trabajadores de la construcción. La capital aún estaba en semáforo naranja y cumplía la primera mitad de las campañas electorales, cuando un hecho llegó a irrumpir en la vida pública de la urbe y de todo el país.
Expansión publicó que a las 22:25 horas —según la reporte oficial—, las vigas de acero y el concreto que sostenían el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, entre las estaciones Tezonco y Olivos, se vencieron sobre avenida Tláhuac, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren cayeran sobre la vialidad con decenas de usuarios en su interior.
Este jueves se cumple un mes del siniestro en la llamada «Línea dorada», a raíz del que han muerto 26 personas, casi un centenar resultaron heridas, las autoridades locales quedaron bajo la mira y diversos actores políticos han intentado responsabilizarse por lo sucedido, pese a lo cual aún no se conoce la causa del colapso y no ha habido un solo funcionario sancionado.
Los números a un mes del colapso
De las 26 personas fallecidas, 21 murieron en el lugar del accidente y cinco más en hospitales, entre ellas, un menor de 12 años.
En cuanto a los heridos, el comisionado de Atención a Víctimas de la ciudad, Armando Ocampo Zambrano, informó este miércoles que todavía hay siete personas hospitalizadas. Otras 90 ya fueron dadas de alta y nueve lesionados más fueron atendidos directamente en el sitio de los hechos, sin necesidad de traslado.
«De siete personas sensiblemente hospitalizadas, dos se encuentran en una situación de gravedad, tres personas (se encuentran) en estado delicado y dos personas afortunadamente están estables», dijo el funcionario en su más reciente reporte.
En las horas posteriores al derrumbe, familiares de las personas fallecidas o heridas iniciaron recorridos por hospitales y, en ese proceso, denunciaron haber tenido que pasar por trámites engorrosos y malos tratos por parte de personal médico y agentes del Ministerio Público.
Ante ello, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas capitalina (Ceavi) decidió instalar en las oficinas centrales del Metro una mesa que concentrara a todas las autoridades involucradas en el seguimiento a los afectados, de manera que sus familias pudieran encontrar respuesta en un solo punto sin tener que desplazarse entre varias oficinas.
En cuanto a la operación de la Línea 12 —que une Tláhuac, en el oriente de la urbe, con Mixcoac, en el poniente—, esta quedó suspendida desde principios de mayo. Las autoridades locales evalúan cuándo sería posible reabrir el tramo subterráneo, mientras que realizan pruebas para que unidades del Metrobús puedan brindar el servicio de transporte y cubrir el trayecto que corresponde al tramo elevado.
Indemnizaciones y apoyo a víctimas
El 8 de mayo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que, tras una negociación con la aseguradora del Metro, familiares de los deudos recibirían 650 mil pesos como indemnización y no los 350 mil que contemplaba el acuerdo inicial, así como 50 mil pesos para gastos emergentes y apoyo alimentario.
Aunado a ello, la UNAM informó que dará becas de nivel medio superior y superior para que familiares de fallecidos puedan continuar con sus estudios, mientras que autoridades capitalinas anunciaron becas económicas para 300 niñas, niños y adolescentes, con montos que van desde los 4 mil 250 hasta los 6 mil 376 pesos.
La mayoría de las personas que fallecieron o que resultaron heridas eran jefes o jefas de familia, es decir, el principal sostén económico de sus hogares.
Al último corte oficial, 20 familias ya aceptaron el pago de la indemnización. Seis más aún se mantienen en negociaciones, pues sus asesores jurídicos pelean por montos de reparación del daño mayores. En cuanto a las becas, las autoridades han otorgado 153 apoyos, el 51.1% del total.
Demandas por negligencia y falta de mantenimiento
Tras el colapso, usuarios señalaron en redes sociales que los tramos elevados de esa y otras líneas tienen grietas u otros problemas. Entre los puntos mencionados y evidenciados en fotografías están las estaciones Pantitlán de la Línea 9, Consulado en la Línea 4 y Romero Rubio y Ocenanía en la Línea B.
Más aún, al menos tres ciudadanos han interpuesto demandas de amparo en contra de la jefa de gobierno y de la directora del Metro, Florencia Serranía, a quienes ven como responsables de falta de mantenimiento a la red. Dos fueron admitidas por el Juzgado Decimoquinto en Materia Administrativa, del nivel federal, y será a mediados de junio cuando se lleve a cabo la audiencia incidental para determinar el siguiente paso en el juicio.
La tercera demanda llegó al Juzgado Decimosexto en Materia Administrativa, asentada en el expediente 548/2021, pero ya fue desechada por el juez por un problema con la representación de quien la presentó.
En paralelo, la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) interpuso una demanda colectiva en contra del Metro para protestar por la indemnización ofrecida, pues argumenta que los deudos merecen no 650 mil sino 6.3 millones de pesos.
Una demanda más fue interpuesta contra la jefa de gobierno y sus antecesores Marcelo Ebrard (2006-2012) y Miguel Ángel Mancera (2012-2018) por parte de Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni Hernández Tapia, el menor de 12 años fallecido. Ante la Fiscalía General y la Contraloría locales, la mujer acusa negligencia y exige que funcionarios y exfuncionarios sean investigados.
La Línea 12 fue la gran obra de infraestructura del sexenio de Ebrard, a quien se cuestiona por la calidad del proyecto, en tanto que ciudadanos consideran que las administraciones de Mancera y Sheinbaum no dieron el mantenimiento que era debido.
Peritajes en marcha y resultados «tope donde tope»
Será a mediados de junio cuando se den a conocer los primeros resultados del peritaje que realizan especialistas de la fiscalía local sobre las causas del colapso.
La fiscal general, Ernestina Godoy, ha dicho que se informará sobre lo sucedido sin importar la relevancia política o económica de las personas involucradas.
«Será una investigación a fondo en la cual indagaremos el proyecto ejecutivo, la revisión de obras, la calidad de los materiales, las causas técnicas del siniestro, el sobrecosto de la obra…», dijo en conferencia de prensa el 11 de mayo.
Una investigación paralela es la que realizan peritos noruegos de la empresa DNV, a la cual el gobierno capitalino pagó 20 millones de pesos para determinar las causas del desplome.
Esta semana, tanto la fiscalía como los peritos ya comenzaron a recabar muestras de concreto y de acero para llevarlas a laboratorio.
De su lado, la jefa de gobierno ha dicho que habrá sanciones hasta que terminen las investigaciones y se conozcan las causas de lo sucedido, por lo que ha respaldado la permanencia de Florencia Serranía en la dirección del Metro.
La propia Serranía deberá comparecer ante el Congreso local entre junio y julio, donde deberá dar explicaciones tanto sobre el colapso en la Línea 12 como sobre siniestros previos en la estación Tacubaya de la Línea 1 y en la Subestación Eléctrica Buen Tono. (EXPANSIÓN)
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