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7 mayo, 2021

Arremete el Instituto Americano del Petróleo contra la política energética de México

En un comunicado enviado el 5 de mayo al Secretario de Estado Anthony Blinken, a la Secretaria de Comercio Gina Raimondo, a la Secretaria de Energía Jennifer Granholm y a la Embajadora Katherine Tai, la Asociación Americana del Petróleo (API) manifiesta su gran preocupación por las acciones que el Gobierno de México ha emprendido en lo que el presidente llama la independencia energética del País. En este documento se señala que, en los últimos 25 años, los mercados energéticos de América del Norte se han vuelto cada vez más entrelazados e interdependientes.

Canadá y México se han convertido en los mayores socios de Estados Unidos en lo referente a las exportaciones en el sector energético, un hecho que se pone de manifiesto en el nuevo Tratado Comercial entre los tres países que lo conforman, mismo que preserva y fortalece un flujo comercial continuo y promueve la inversión en el sector energético. En este sentido, dicha Asociación ha señalado su preocupación por las acciones que ha llevado a cabo el presidente López Obrador para socavar ese acuerdo y discriminar a los inversionistas estadounidenses en violación de los compromisos asumidos por México tanto en el TLCAN como en el T-MEC.

Previamente en junio de 2020, la misma Asociación mediante otro comunicado a la administración del entonces presidente Donald Trump, señaló las acciones discriminatorias que la administración federal en México llevaba a cabo, pero recientemente estas se han incrementado tanto en alcance como en severidad para cambiar los fundamentos del sector energético en este País, donde se señalan las iniciativas referentes a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, las cuales pretenden cambiar las reglas del mercado para favorecer a la CFE y a PEMEX, respecto a inversionistas privados. En ambas iniciativas el objetivo es impedir nuevas inversiones privadas en el sector energético, así como la eliminación de los activos que actualmente están en operación, violando los acuerdos de México en el T-MEC.

Estas acciones se contraponen a los siguientes acuerdos englobados en el T-MEC: de un trato no discriminatorio (artículos 2 y 3), inversión (artículo 14.4) y la compraventa de bienes correspondientes a empresas del estado en función de una actividad monopólica (artículo 22.4). Estas acciones pueden considerarse como violatorias en base a las reglas adicionales relativas a la inversión, incluyendo los parámetros mínimos en cuanto a su tratamiento e interpretación.

En este sentido, mencionan que el T-MEC se negoció para fortalecer los lazos de negocios entre los tres Países creando un entorno positivo para las transacciones comerciales, las inversiones y las operaciones donde participan todos los involucrados, lo que se traduciría en grandes beneficios para los consumidores del sector energético en Estados Unidos y México. Adicionalmente, una estrecha colaboración regional en esta industria es determinante para impulsar un crecimiento económico, continuar generando mayores empleos en la región y consolidar la competitividad de los países de América del Norte. Mencionan que la API siempre ha apoyado los tratados comerciales con México, siendo la base para el desarrollo de un tratado sólido que beneficia a todos los involucrados.

Aunque hay quien considerará este documento como una intromisión a la política económica de México, no lo es, al violentar los tratados y acuerdos internacionales donde México participa, y que, a su vez, impactan de manera directa tanto a inversionistas como a otros gobiernos. En este sentido, los Capítulos del T-MEC relacionados con el sector energético son 12 en total, de los cuales la mayoría de ellos son afectados por las iniciativas y acuerdos presentadas por el Gobierno Federal.

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