Se analizan en comisiones de la Cámara de Diputados nuevas reformas a la Ley General para el Control del Tabaco, que han generado polémica principalmente entre los comerciantes y la industria tabacalera.
Las modificaciones propuestas son tan estrictas que llevarían incluso a prohibir la exhibición de cigarros, y productos de tabaco en general, en puntos de venta del comercio, y quedaría prohibida también cualquier tipo de publicidad.
También se ha planteado obligar a las empresas a comercializar los cigarros con un empaquetado único, del mismo color y con la misma tipografía.
Igualmente se considera –como si no lo estuviera ya– prohibir la importación, exportación, comercialización, venta, producción o fabricación de cigarros electrónicos, vaporizadores, productos de administración de nicotina y calentado de tabaco.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo, ningún otro producto es tan peligroso ni mata a tantas personas. Cada año mueren 4 millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco (esto equivale a una persona cada 10 segundos).
En México, señala la OPS, en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas y las enfermedades asociadas al tabaquismo matan a más de 53 mil personas cada año, es decir, 147 cada día.
En ese contexto, pudiera pensarse que ante grandes problemas se requieren grandes soluciones y leyes estrictas,y se justificaría entonces la reforma que se está analizando en la Cámara de Diputados.
Sin embargo la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, ANTAD, en voz de su presidente Vicente Yáñez ha advertido que restricciones como las que se han planteado fomentarían la informalidad, y venta sin ningún tipo de control evadiendo la legislación.
También han hecho ver que resulta contradictorio avanzar al mismo tiempo en flexibilizar el mercado de la mariguana y restringir el del tabaco.
Puede haber muchos elementos para el debate, estudios científicos, análisis estadísticos y hasta planteamientos lógicos, pero al lado de todo ello tenemos la realidad, y esta es que las regulaciones ya existentes no se respetan, y por ahí tendría que empezarse antes de avanzar en cualquier reforma.
Por ejemplo se vuelve a hablar de la prohibición de los vaporizadores y cigarrillos electrónicos, cuando su comercio en México está prohibido desde mayo de 2008, en que se expidió la actual Ley General para el Control del Tabaco.
En febrero del año pasado se publicó un decreto presidencial prohibiendo la importación de los «Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina», mejor conocidos como cigarrillos eletrónicos o dispositivos vaporizadores.
Las autoridades hablan de un inminente peligro en el uso de estos dispositivos, habiendo casos documentados de pacientes con lesión pulmonar grave, y advierten que su uso se ha extendido rápidamente en adolescentes que nunca han fumado y, como consecuencia, existe un incremento en riesgos a la salud, incluyendo la adicción a la nicotina, y en base a todo ello los prohíben y dejan en la Cofepris y la Secretaría de Economía la responsabilidad de adoptar medidas «para proporcionar certeza jurídica al marco normativo».
Tendrían entonces Cofepris y la Secretaría de Economía que establecer medidas para asegurar que se respete la prohibición.
¿La realidad? hoy en día los vaporizadores se pueden conseguir en comercios abiertos al público, es decir que no hay una venta clandestina pese a ser artículos prohibidos, y aún más, en plazas comerciales hay maquinas expendedoras donde cualquiera, sin importar su edad, puede comprar esos dispositivos, que también se ofrecen en internet en sitios accesibles a todo público, y en los que claramente se informa a lo que se dedican.
¿De qué sirve entonces reformar una vez más la ley si la realidad es que tenemos autoridades permisivas?, ¿quién es el responsable de que estos vaporizadores, aunque prohíbidos, estén realmente al alcance de todos?.
El consumo de tabaco y ahora de la nicotina con sabores frutales nos ponen ante un grave problema de salud pública, pero lo más grave es la indolencia oficial, la de autoridades que tranquilizan su conciencia expidiendo leyes que luego no hace cumplir.
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