Como es natural, a la par de la conmoción que ha generado el incendio que se registra en la Sierra de Arteaga, hay demasiado ruido –en todos los tonos– en redes sociales y medios de comunicación.
No tardó en expresarse la solidaridad de decenas de personas que tomaron la iniciativa de colectar agua y víveres, y pronto las autoridades de Arteaga se vieron rebasadas en su capacidad de organización, al grado de pedir que ya no les llevaran donaciones, cuando en realidad tanto en el campamento de los combatientes como en algunos albergues que se improvisaron para recibir a las familias desplazadas, sí hacen falta alimentos y otros insumos.
Y así como surgieron las cadenas pidiendo donaciones, empezaron a aflorar también las versiones sobre las causas del siniestro, apuntando algunas hacia negligencia de paseantes, otras a descuidos de empleados de fraccionamientos campestres, pero todas recriminando y exigiendo castigo.
Además, surgieron las voces de quienes piden cerrar durante Semana Santa el acceso a las comunidades de la Sierra para evitar riesgos.
El daño que dejará el incendio es gravísimo y no lo alcanzaremos a dimensionar, se entiende el enojo y la indignación, y es legítima la exigencia de que no quede impune si acaso hubo una causa atribuible a alguien. Sin embargo, debe entenderse lo complejo que es precisar cómo se originó el fuego, identificar al responsable y llevar un proceso penal en su contra.
Si hubo una persona responsable, debe desde luego procederse, pero no olvidemos que cuando el incendio en el Cañón de San Lorenzo en abril de 2018, se detuvo a los causantes, se inició un proceso penal en su contra, y eso ni significó la reparación del daño ni evitó que volviera a ocurrir una tragedia similar.
Entonces a la par de exigir que no haya impunidad, sería deseable dirigir el debate y el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo, hacia legislación, mecanismos y acciones que abonen a la prevención y a la intervención oportuna cuando ocurra un incendio.
Podría empezarse por establecer la obligación para los desarrolladores de fraccionamientos campestres de contar con una brigada para control de incendios, un cuerpo con personal capacitado y el equipo mínimo para intervenir con prontitud ante cualquier conato.
Hace una semana en el ejido San Juanito, también de Arteaga, hubo otro incendio, al parecer originado por la explosión de un transformador eléctrico. Las condiciones eran igualmente favorables para que se extendiera rápidamente saliendo de control, pero no ocurrió porque la brigada que tienen en Monterreal intervino con prontitud, y se sumó posteriormente personal del Ayuntamiento de Arteaga y lograron extinguirlo.
Hasta donde se sabe únicamente Monterreal y Portal de San Antonio tienen brigadas propias, no así «La Pinalosa», donde se dice que inició el actual incendio, ni muchos otros fraccionamientos que hay en los diferentes cañones de la Sierra de Arteaga.
Además de establecer la obligación de tener esas brigadas, también debería legislarse para que en esos desarrollos sea obligado el contar con brechas corta fuego.
Desde luego que no todo debe enfocarse en obligaciones y cargas para los desarrolladores, hay muchas otras medidas en que deben participar los dueños de cabañas que no están en fraccionamientos, los propietarios de huertas y también quienes van como paseantes ocasionales, sin dejar de lado a los que han establecido restaurantes y comercios que se benefician de la presencia de turistas.
Hay que encontrar también la viabilidad económica para que exista de manera permanente un cuerpo de guardabosques en la región. Financiado sí con recursos fiscales, pero también con aportaciones ciudadanas como ocurre con los guardaparques que tiene Profauna en el Cañón de San Lorenzo y la Sierra de Zapalinamé.
Incluso explorar la posibilidad de que se encomiende formalmente a Profauna o a alguna otra Asociación Civil, la custodia de la sierra, pues hay mucho trabajo por hacer todo el año, no únicamente cuando ocurre un incendio.
Profauna no ha logrado evitar que haya incendios en Zapalinamé, pero si garantiza una intervención oportuna, además de que atiende los temas de sanidad vegetal, de protección de la fauna, y hasta el tutelaje para la recreación responsable en las zonas boscosas.
De nuevo, enfocar el debate y el esfuerzo hacia la construcción de soluciones, y no abonar más a la confrontación y el ruido que no lleva a ningún lado.
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