La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados 871 auditorías al gasto federal del 2019 y detectó que fueron utilizados de forma irregular 67 mil 498.4 millones de pesos.
Los informes corresponden a las auditorías del primer año de gobierno del presidente Andrés López e incluyen las observaciones a obras insignia de esta administración como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía), según publicó Latinus.
También se hicieron auditorías a los programas sociales que nacieron en este sexenio como Becas para el Bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida y el Crédito Ganadero a la Palabra.
De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de auditorías, 28 mil 934.1 millones de pesos utilizados de forma irregular corresponde al gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.
Las instituciones federales que más irregularidades tienen son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar.
En su exposición ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, dijo que la institución que encabeza ha iniciado mil 804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la integración de mil 439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa.
También mil 385 pliegos de observaciones se encuentran dictaminados por su no solventación, en revisión legal para iniciar los procedimientos correspondientes de investigación o fincamiento de responsabilidad resarcitoria, según corresponda.
Añadió que con la pandemia de Covid-19, la ASF reinició el trabajo presencial en julio del 2020, pero los auditores se enfrentaron con obstáculos por parte de las instituciones auditadas.
“Con el retorno a la nueva normalidad, nos enfrentamos con muchos casos de negativa para la entrega de información, y su condicionamiento al cambio de semáforo a verde en la Ciudad de México, en el caso de las radicadas, en la ciudad sede de los Poderes de la Unión; sin embargo, utilizando las medidas que nos otorga la Ley, logramos superar esa primera barrera, así como la incomprensión y resistencia en otros casos”, expuso.
Reveló además que la semana pasada se presentaron 13 denuncias penales que corresponden a cuentas públicas anteriores.
“En relación con los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, de noviembre de 2019 a la fecha, se han iniciado 298 procedimientos correspondientes también a cuentas públicas anteriores que implicaron la notificación a 812 presuntos responsables”, indicó. (LATINUS)
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