A mediados de la semana anterior la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en una reunión con dirigentes de la Canacintra expuso que hay disposición para «llevar con calma» la discusión acerca de la regulación de la subcontratación, y la eventual prohibición del outsourcing en el país.
Dijo la funcionaria que el tema incluso lo ha platicado «con el Congreso» y lo ha «puesto alerta con respecto de algunas cosas».
Esta semana diputados de Morena dieron a conocer que en la agenda para el último periodo de sesiones destacan el tema del fortalecimiento a la CFE, que como sabemos entrará como iniciativa preferente del presidente, la regulación del outsourcing, y la reforma a la Ley General de Aguas.
Lo dicho por la titular de Economía a los industriales tenía el propósito de tranquilizarlos, pero a menos de una semana surge una versión encontrada del grupo parlamentario que representa al partido en el poder y esto no hace más que generar mayor incertidumbre.
La Coparmex ha dado a conocer esta semana un análisis del impacto que puede tener la prohibición de la figura de la subcontratación, en un escenario que ya de por si es complejo, teniendo en cuenta que la economía mexicana se contrajo el año anterior 8.5% en la que se considera la caída más profunda desde 1932, y se perdieron 648 mil empleos formales en 2020.
De acuerdo con la central patronal, el 20% de todo el empleo formal en el país, un estimado de 4.1 millones de trabajadores, están en la modalidad de subcontratación, que tiene un crecimiento mayor a cualquier otro esquema de empleo.
Se estima que la prohibición de la subcontratación implicaría una pérdida de al menos 2 millones de empleos.
Se le ha dado al outsourcing una connotación negativa y se le hace ver como si fuera en todos los casos una práctica abusiva, y aunque no se puede negar ni desconocer que haya situaciones en que así ocurra, lo cierto es que la subcontratación es un mecanismo legítimo en México, reconocido en la reforma laboral de 2012, y avalado por la Organización Internacional del Trabajo.
La propia OIT, así como la OCDE y el G20 han reconocido que los esquemas de contratación flexible, si están bien regulados, fomentan el crecimiento del empleo y protegen los derechos laborales.
De acuerdo con la American Society of México (cúpula del sector empresarial estadounidense en nuestro país) el 92% de las empresas americanas tienen un sistema de outsourcing o insourcing para operar en territorio nacional.
En Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Uruguay se permite la subcontratación, si México la restringe perderíamos competitividad como país y como destino de nuevas inversiones.
La Coparmex ha hecho un llamado a la Cámara de Diputados a fortalecer los ya existentes mecanismos legales para sancionar conductas abusivas e irregulares, en lugar de eliminar la modalidad de subcontratación.
No es pretensión de las cámaras empresariales que se olvide la iniciativa de regulación al outsourcing, lo que piden es participar en el análisis y fluir hacia una solución que no afecte el empleo.
Preocupa que haya versiones encontradas, no parece haber coincidencia en los tiempos de los que habla la Secretaria de Economía y los que tiene el grupo parlamentario de Morena, ojalá y esto no termine en un albazo legislativo de graves consecuencias.
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