Ciudad de México. Durante 2020, el primer año de pandemia en México, la situación de personas defensoras y periodistas se agravó, 6 periodistas y 24 personas defensoras fueron asesinadas en México (entre ellas 7 mujeres y 23 hombres) por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con lo que documentaron diversas organizaciones civiles en el informe “Situación de la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México a partir de la pandemia por COVID-19”.
Cimacnoticias publicó que durante la presentación de este informe que elaboraron organizaciones como la “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos” y el “Centro por la Justicia y el Derecho Internacional”, se alertó de este agravamiento en el país a partir de la emergencia sanitaria, económica y social generada por el SARS-COV-2 (COVID-19).
De acuerdo con el informe, durante 2020, el primer año de pandemia en México, 6 periodistas y 24 personas defensoras fueron asesinadas en México, entre ellas 7 mujeres y 23 hombres.
La defensora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Laura Orozco, explicó que este aumento de agresiones vino en un contexto de omisión, desatención y vulneración continua por parte del Estado, ya que la pandemia ha significado la ausencia de acciones y estrategias inmediatas.
Por el contrario, dijo, el Estado ha tenido un papel central en las razones de este aumento, ya que se violó reiteradamente el derecho a la protesta social y se hizo uso desproporcionado de la fuerza pública, con detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, malos tratos, abusos y hasta tortura sexual a personas defensoras.
En el caso de las mujeres, la situación fue crítica. Tan sólo de enero a julio de 2020 se registraron 266 agresiones contra defensoras y colectivos de mujeres; 49 por ciento de las agresiones fueron a defensoras y 37 por ciento a periodistas y colectivas. Las agresiones más reiteradas fueron calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, intimidación, hostigamiento psicológico, amenazas, advertencias, ultimatums, restricciones a la libertad de expresión y criminalización.
En el caso específico de personas periodistas se registraron 112 agresiones relacionadas con coberturas de la pandemia, y seis 6 asesinatos de periodistas (incluida una mujer), de acuerdo con la información aportada por Comunicación e Información de la Mujer CIMAC y Artículo 19. Las entidades que reflejaron mayores atentados contra periodistas fueron Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, y Baja California.
“La emergencia sanitaria internacional del SARS-COV-2 ha reflejado las crisis económica, social y política que agudizan las condiciones estructurales de la labor periodística en México”, explicó el informe. La periodista Adela Navarro, del Semanario Z, en Tijuana, Baja California, relató que cuando ella y su medio publicaron información que contrastaba con los datos oficiales dados por el gobierno de la entidad, el gobernador Jaime Bonilla les agredió.
A esto se suma que un total de 42 periodistas han fallecido por COVID-19, lo que ha sido consecuencia de que algunas casas editoriales carecen de protocolos e incluso ha habido casos de reporteros que tuvieron que continuar su trabajo pese a tener la enfermedad.
Otros grupos que recibieron agresiones específicas en este contexto de pandemia fueron las personas defensoras de los derechos LGBTTI; quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; quienes defienden a personas migrantes; y familiares de personas desaparecidas, de acuerdo con lo documentado en el informe.
Se necesita un sistema nacional de protección, no un Mecanismo: Segob
El informe destaca que el Mecanismo Federal de Protección ha enfrentado diferentes limitaciones para hacer frente a la protección a personas defensoras y periodistas durante en la pandemia. Se identificó un debilitamiento político, un retraso en los procedimientos de ingreso y seguimiento de revaluación de planes de protección de las personas beneficiarias; la carencia de personal suficiente y capacitado al interior del Mecanismo y la falta de debida coordinación entre las unidades y las instituciones que conforman la junta de Gobierno.
Al respecto, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Enrique Irazoque Palazuelos, presente en el evento virtual, dijo que coinciden oficialmente con el aumento de la violencia contra personas defensoras y periodistas durante la pandemia toda vez que, según sus datos, en el 2020 se registraron 369 agresiones en comparación con las 295 registradas en 2019. Por homicidios, tienen documentado 20 homicidios de periodistas y 30 de personas defensoras durante todo el 2020.
De acuerdo con Irazoque Palazuelos, frente a este panorama la Segob ha mantenido un monitoreo constante de la labor de las personas defensoras y periodistas. Convocó a una mesa interinstitucional con los gobiernos estatales y habrá una próxima reunión este febrero; y las juntas de gobierno que definen la admisión de los casos han reforzado sus medidas de seguridad para la protección de la información que se comparte vía remota, y que sus analistas de riesgo siguen en campo y en contacto con las personas beneficiarias.
Actualmente, dijo, el Mecanismo tiene más de mil 300 personas integradas, 33 por ciento son periodistas y el resto son personas defensoras de DH, y que para el ejercicio presupuestal de 2021 cuenta con 234 millones de pesos, lo que, aseguró, se reforzará durante la segunda mitad del año.
El funcionario reconoció que el Mecanismo Federal no puede ser la única política pública de protección para personas defensoras y periodistas sino que se debe transitar a un sistema nacional de protección con corresponsabilidad de gobiernos estatales y municipales, bajo un modelo de prevención y no de reacción.
La Fiscalía General de la República también fue invitada a participar en la presentación de este informe pero rechazó estar presente. (CIMACNOTICIAS)
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