Dicen los promocionales de Morena que ningún gobierno se había planteado antes como prioridad el combate a la corrupción. Cortos de memoria pasan por alto que esa fue precisamente la bandera de Miguel de la Madrid, con su famosa cruzada por la renovación moral, que no pasó de ser una bonita frase para disfrazar a un régimen que cobijó –igual que el actual– a personajes tan desacreditados como Manuel Bartlett, y que terminó con un nuevo saqueo a las arcas públicas.
Andrés López ganó las elecciones de 2018 con la única bandera del combate a la corrupción, y la llevó al Plan Nacional de Desarrollo como la primera de sus políticas de gobierno: «el ejercicio de los recursos públicos debe estar cimentado en la honradez y honestidad, de tal forma que sea posible conformar y fomentar una cultura de prevención, detección y combate a la corrupción».
Pero ni siquiera como recurso propagandístico les ha funcionado, pues aunque, de acuerdo con el organismo Transparencia Internacional, México mejoró en el Índice de Percepción de la Corrupción –que se construye con encuestas a expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción que existe en el sector público– el nuestro sigue siendo el peor evaulado entre los países integrantes de la OCDE.
De 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México está en la posición 37.
Con todo y los pregones matinales y las persecuciones enderazadas desde la Unidad de Inteligencia Financiera, con más intencionalidad política que sustento jurídico, quienes analizan el tema con seriedad, y quienes en su actividad productiva y empresarial tienen que lidiar con el gobierno y su estructura burocrática, perciben que la corrupción subsiste.
Más aún, se señala que no ha habido sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento público, y el riesgo de impunidad sigue latente.
Transparencia Internacional se enfoca en ese señalamiento en la impunidad hacia los casos que vienen del pasado, hechos de corrupción que se cometieron e incluso se conocieron antes de la llegada de Morena al poder, pero otros organismos ya están identificando también excesos y desviaciones en el gobierno actual, que deja ver a la cuarta transformación igual o aún más rapaz que sus antecesores.
México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey presentaron esta semana un informe en el que señalan que la Federación erogó en 2020 más de 50 mil 800 millones de pesos sin un reporte preciso de en qué se gastaron, al clasificarlos como «otras contrataciones».
Como referente señalan que en 2018 y 2017, los dos últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, las «otras contrataciones» fueron por 152.4 y 61.3 millones de pesos.
Señala el informe: «Las autoridades federales continúan trabajando bajo los mismos patrones opacos y discrecionales. Con ello, los espacios para la posible operación de redes de corrupción y contrataciones ad hoc, lejos de irse reduciendo se han multiplicado».
Cerca de 51 mil millones de pesos tuvieron en 2020 un destino desconocido, para dimensionar lo que ello representa tengamos en cuenta que para reconversión hospitalaria en la contingencia sanitaria se inviertieron 40 mil millones de pesos, y para la compra de vacunas contra el coronavirus hasta ahora se contempla destinar 33 mil millones de pesos.
Impunidad, opacidad, este gobierno adolece de los mismos males que los anteriores. ¿Qué recomiendan a México organismos como Transparencia Internacional para revertir esta realidad?
En su reporte del Índice de Percepción de la Corrupción, presentado esta semana, el organismo señala: «México debe fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI)».
¿Cuál es la realidad?, que desde la cúpula misma del poder se ha iniciado una estrategia para desmantelar a los órganos autónomos, los que deben ser vigilantes, los que las voces internacionales recomiendan fortalecer para hacer realidad el combate a la corrupción.
En esas manos, sucias, estamos.
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