Aún sigue siendo tema entre analistas y usuarios de redes sociales la forma burda en que la DEA montó la acusación en contra del General Salvador Cienfuegos, y ya se comienzan a llenar las páginas de los periódicos y los informativos de la radio con las versiones de que el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, estuvo en nómina de un grupo criminal en Guerrero, historia construida a partir de señalamientos de un «testigo protegido».
La DEA hizo tremendo ridículo al dar por buenas comunicaciones que interceptó entre dos delincuentes, en la que el de menor rango se daba gusto engañando a su superior, haciéndole creer que tenía comprada la voluntad del Secretario de la Defensa Nacional.
Si aún antes de que se conocieran a detalle esas comunicaciones, ya parecía inverosímil que un titular de la Sedena hubiera tenido el nivel de relación del que se hablaba, ahora que se han hecho públicos los mensajes, ha quedado en evidencia la charada, y está claro que era una acusación de paja.
No se trata de meter las manos al fuego por el ex titular de Defensa, ni tampoco por García Harfuch, sino llamar la atención sobre cómo se puede dar tanto crédito e incluso proceder a imputaciones formales, en base a testimonios de individuos que no son dignos de confianza ni de credibilidad alguna.
Los casos de Cienfuegos y García Harfuch hoy destacan en la agenda nacional, pero no son los únicos ni los primeros.
En el sexenio de Felipe Calderón la entonces Procuraduría General de la República llegó a tal descaro en el uso de testigos protegidos, que se llegó a dar el caso de uno que colaboraba por igual en casos que ninguna relación tenían entre sí, tenían que ver con distintos grupos delictivos, y se enredaba en sus mentiras, que el Ministerio Público le compraba sin chistar.
Ese testigo, al que se identificó como Pitufo, «aportó» información en siete casos relevantes, y en seis de ellos los imputados fueron absueltos.
Esos imputados quedaron libres, pero con su reputación manchada, pues ya después nadie aclaró las cosas.
De antemano se sabe que estos informantes son delincuentes que buscan o un trato preferencial en los casos que a ellos mismos se les siguen, o venganza, o incluso prebendas, pues algunos son favorecidos hasta con prestaciones como manutención a vivienda.
Las fiscalías, en México y otros países, los utilizan porque les ayudan a empujar sus casos, a cumplir con la estadística, o a satisfacer algún interés político, pero ¿por qué les damos crédito en la sociedad?
Hay que tomar con reservas todos estos testimonios y filtraciones, pues contribuyen al deterioro institucional, además de que en algunos casos manchan prestigios o privan de la libertad a inocentes.
La vulnerabilidad del sistema de justicia con el reconocimiento de la figura de los testigos protegidos, fue identificada años atrás y se hicieron reformas con lo que en los juicios ya no bastan estos testimonios como prueba, sin embargo las fiscalías los siguen tomando en cuenta en las investigaciones.
Hay que exigir profesionalismo y rigor en las investigaciones, pues por igual se llevan de manera superficial en contra de ex funcionarios vinculados con la seguridad, que de personajes políticos y empresariales, y más que un combate a la impunidad se trata de jugadas que persiguen otros intereses de manipulación en los que no debemos caer como sociedad.
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