Durante la décimo novena sesión, del segundo período ordinario del Congreso local realizada este miércoles, fue aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, relativo a la iniciativa presentada por el diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Jaime Bueno Zertuche, por el que se reforma la fracción III del artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Durante la sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 24 del mes de junio del presente año, se acordó turnar a la Comisión de referencia la iniciativa que da origen a dicho dictamen y que destaca en su exposición de motivos que es necesario establecer que el interés superior de la niñez deberá ser considerado primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes en el estado, sino también en las medidas, actuaciones y procedimientos sobre una cuestión debatida que los involucre y con ello establecer dentro de los principios rectores de la ley citada para reforma, el prever que cuando se presente diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución, así como en los tratados de la materia de los que México forma parte, buscando en todo momento la opción que satisfaga de manera más efectiva el principio rector del interés superior a favor de las niñas, niños y adolescentes.
Por ello la Comisión dictaminadora consideró viable la propuesta quedando de la siguiente forma: Se reforma la fracción III del artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 2.- … I al II. …
III. Interés superior del niño o de la niña: Consiste en que el desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados de manera primordial en la toma de decisiones, medidas, actuaciones y procedimientos sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, así como criterios rectores para la elaboración de normas, políticas públicas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos de su vida. Cuando se presentan diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de la materia de los que México forma parte, eligiendo la opción que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. (EL HERALDO)
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