Ciudad de México.- Desde la puesta en marcha de la Guardia Nacional, 47 de sus elementos han sido detenidos y remitidos ante distintas agencias del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos que van desde el robo de una bicicleta o el asalto a un taxista, hasta hechos graves como pornografía infantil, violaciones, secuestro e incluso feminicidios.
Animal Político publicó que los primeros casos se remontan a julio de 2019 cuando inició el despliegue de esta nueva fuerza policial que hoy acumula más de 70 mil militares transferidos a sus filas, la mayoría de los cuales carecen de evaluaciones: 7 de cada 10 no ha sido sometido a las pruebas de control de confianza y el 100% carece del certificado que avala que son aptos para desempeñar el cargo.
Los pocos que sí han sido evaluados fueron examinados por la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que la Guardia Nacional (adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) sepa el estatus de sus propios elementos.
Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia, los cuales muestran que, en todos los meses desde su creación y con excepción de marzo de 2020, se han detenido a guardias por su involucramiento en algún ilícito.
La información proporcionada por la Guardia Nacional (GN) detalla que entre sus elementos puestos a disposición del Ministerio Público hay uno por el delito de feminicidio y otro más por tentativa de feminicidio, ambos registrados en septiembre pasado. A ello se suman dos casos de homicidio registrados en octubre de 2019. La información proporcionada no revela mayor detalle de los casos ni la situación legal de los guardias detenidos.
En la lista proporcionada también destaca la detención de tres guardias nacionales por casos de secuestro, uno de ellos agravado. A su vez se registran tres casos de violación y uno de abuso sexual. Incluso, los datos muestran la detención, en agosto de 2010, de un elemento de la GN por un cargo de pornografía infantil, y de otro por tráfico de personas un mes después. En octubre del año pasado se detuvo a un efectivo por corrupción de menores.
También destacan los casos de dos guardias detenidos por su probable responsabilidad en delitos de violencia familiar, uno por extorsión y tres por portación ilegal de armas de fuego.
Por otro lado, la Guardia Nacional reportó la detención de seis de sus elementos por distintos casos de robo. Entre ellos hay un caso de robo a taxista y otro de robo de una bicicleta.
Finalmente, en la relación de personas puestas a disposición del Ministerio Público hay situaciones donde lo que se reporta es la comisión de faltas administrativas. Por ejemplo, figura el caso de un elemento de la Guardia Nacional detenido por detonaciones de arma de fuego en la vía pública sin justificación, otro por chocar con un poste de luz y uno más por conducir en estado de ebriedad.
Y aunque el informe proporcionado no abunda en otros casos, Animal Político publicó en septiembre que los efectivos de la Guardia Nacional han estado implicados en al menos cinco casos de abuso de la fuerza que han dejado dos personas muertas y cuatro más lesionadas.
21 guardias muertos
La Guardia Nacional reveló, a petición de este medio, el balance de efectivos que han perdido la vida cuando estaban en funciones. El total es de 21 guardias caídos, aunque las razones son variadas.
11 de los elementos perdieron la vida a consecuencia de agresiones de civiles armados; los 10 restantes corresponden a otras circunstancias fortuitas: cinco fallecieron ahogados tras un accidente vehicular en el que cayeron a un río, dos perdieron la vida calcinados, y el resto en otro tipo de accidentes.
Tamaulipas es la entidad que registra la mayor cantidad de decesos de elementos desplegados de la Guardia Nacional con seis casos, seguido de Guanajuato, Chiapas y Baja California cada una con tres, Querétaro con dos, y Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Michoacán con un caso.
Dudosa evaluación, nula certificación
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que en el país se ha conseguido desplegar a poco más de 98 mil elementos de la nueva Guardia Nacional. Pero de ese total 27 mil 697 son elementos de la extinta Policía Federal que ya se encontraban movilizados.
Los nuevos elementos ascienden a 73 mil 501 pero, aunque la ley define a la Guardia Nacional como una policía civil, en realidad se trata de elementos de las fuerzas armadas reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina que, en su mayoría, carecen de los exámenes controles de confianza que se aplican a cualquiera que quiera convertirse en policía.
Datos oficiales presentados el pasado 24 de noviembre señalan que, para ese momento, solo 19 mil 858 militares asignados a la Guardia habían sido sometidos al proceso de control de confianza. Es apenas el 27% de todos los afectivos desplegados. Dicho de otra forma: 7 de cada 10 militares asignados a la Guardia no ha sido examinado.
Además, entre los que sí fueron examinados, hay 4 mil 439 que equivalen a la quinta parte de los evaluados que reprobaron el procedimiento y no deberían desempeñar la función de policías.
Aunque el país cuenta con centros de control de confianza certificados para evaluar a aspirantes a policías civiles, en el caso de la Guardia Nacional dicho procedimiento está bajo control de las propias fuerzas armadas, al punto en que ni la propia administración de la Guardia sabe el estatus de las evaluaciones de sus elementos.
“Respecto de aquellos integrantes que fueron reclutados y asignados por las Secretarías de Sedena y Marina, dichas dependencias llevan a cabo la práctica de evaluaciones de control de confianza, sin que el Centro Evaluador de la Guardia Nacional resguarde archivos, o cualquier otro documento relacionado con dichos procesos evaluadores, sin que se tenga por parte de esta GN el control estadístico de las mismas”, indicó dicha corporación en una tarjeta informativa entregada a Animal Político.
Al responder la solicitud de transparencia folio 2800100059120, la Guardia Nacional también reconoció que ni uno solo de los nuevos elementos reclutados y asignados a la nueva fuerza cuenta con el llamado Certificado Único Policial (CUP), que de acuerdo con la ley es el documento que avala que dicho elemento cuenta con las habilidades físicas, sicológicas, intelectuales además de las de confianza para desempeñar ese trabajo.
Aunque carecer de control de confianza y del CUP son impedimentos para que cualquier civil pueda ser policía, la reforma que dio pie a la creación de la Guardia Nacional concedió un plazo de tolerancia de hasta dos años para completar dicho procedimiento, situación que ha permitido desplegar a militares en función de “policías” sin contar con los requisitos obligatorios. (ANIMAL POLÍTICO)
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