Ciudad de México.- La extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, inició el contacto formal con la Fiscalía General de la República (FGR) para negociar un criterio de oportunidad que le permita volverse testigo colaboradora a cambio de no ser procesada por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado, derivados del caso de La Estafa Maestra.
El equipo legal de la funcionaria confirmó a Animal Político que después del mediodía de este miércoles 25 de noviembre se entregó un oficio a la Fiscalía en el que se manifiesta la intención de Robles de colaborar con las investigaciones. Lo que sigue es una reunión de sus abogados con los fiscales para afinar los detalles de su primera declaración.
De resultar exitosa la negociación, Robles podría conseguir no solo que no se le procese por delitos graves, sino incluso recobrar su libertad a más tardar en los primeros meses de 2021. Para que esto ocurra se requiere que la Fiscalía General acepte concederle el criterio de oportunidad y otros beneficios.
En tanto, la abogada Estefanía Medina, fundadora de TOJIL, organización que también denunció el entramado de La Estafa Maestra, advierte que en este proceso existe riesgo de impunidad si se privilegian solo las acusaciones espectaculares, pero no investigaciones serias que permitan conocer la verdad y reparar, al menos en alguna medida, el daño causado.
A partir de la explicación que proporcionó su equipo de abogados a este medio, Animal Político detalla a continuación los pasos que seguirá Robles en su estrategia de negociación, y las objeciones que plantea la especialista.
La solicitud
Se trata de una manifestación de intenciones por escrito que ya fue enviada por la defensa de Robles a la FGR. En ella, se avisó que la exfuncionaria posee información útil para esclarecer los hechos que se investigan y que está dispuesta a aportarlos ante el Ministerio Público.
En concreto, la información que aportará se relaciona con la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 iniciada por la SEIDO por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivado de un convenio que la Sedesol firmó con la Universidad Estatal de Morelos, y en la que se habrían desviado al menos 70 millones de pesos.
Derivado de esa carpeta de investigación, la SEIDO obtuvo de un juez 11 órdenes de aprehensión entre ellas la girada en contra de Robles que hasta el día de hoy sigue vigente, aunque no se le ha cumplimentado.
Su comparecencia inicial
Si la FGR acepta escuchar la colaboración de Robles se procederá con su primera declaración ministerial. Para ello un equipo de fiscales acudirá al penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida desde hace más de un año, a recoger su testimonio y, de considerarlo necesario, a hacerle diversos cuestionamientos.
En dicha declaración se prevé que la exfuncionaria ratifique la existencia del mecanismo de fraudes conocido como La Estafa Maestra y denuncie al que fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberlo ordenado. También se prevé que de detalles del destino del dinero y el beneficio que obtuvo del mismo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Esta comparecencia no significa en automático la absolución, pero sí el inicio de la colaboración. Alguien que ya optó por esa misma vía fue Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de Sedesol y Sedatu, el cual testificó el pasado 21 de octubre sobre la existencia de la Estafa y el uso político y electoral que se le dio a los recursos desviados.
De acuerdo con el equipo legal de Robles, se espera que esta primera declaración se lleve a cabo dentro de las próximas dos semanas
El acuerdo
A partir de la declaración que Robles realice y de la información que pueda aportar la Fiscalía decidirá si emite o no el acuerdo del criterio de oportunidad en favor de la exfuncionaria federal. La autorización de dicho acuerdo es facultad exclusiva de los subprocuradores y del propio Fiscal general.
De concederse el criterio la Fiscalía deberá sustentar las razones y abordar de que forma se cubren aspectos como una posible reparación del daño. Además, ese convenio deberá ser notificado a la Secretaría de Hacienda, quien figura como víctima en este caso, la cual podrá objetar dicha resolución si considera que no es adecuada.
Cancelación de la orden de aprehensión
Si Robles logra que se le conceda el criterio de oportunidad, los delitos que se le imputan en el referido expediente serán desestimados. Su estatus cambiará de probable responsable a testigo colaboradora. En consecuencia, la FGR cancelará la orden de aprehensión que había obtenido en su contra.
Si el criterio no prospera, la Fiscalía entonces deberá cumplimentar la orden con la que cuenta y solicitar a un juez federal que llame a comparecencia a Robles para imputarle los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Declaración de culpabilidad
El último paso para que la exfuncionaria federal recobre su libertad será resolver el proceso penal por el cual ha estado presa desde más de un año. Se trata de una acusación por presuntas omisiones al no haber impedido la firma convenios desde Sedesol y Sedatu con diversas universidades y entes públicos, que facilitaron el desvío de cientos de millones de pesos.
La estrategia de la defensa, de prosperar el acuerdo en el otro caso de lavado, es que Robles busque un procedimiento abreviado. Es decir, que pacte con la Fiscalía declararse culpable del delito de omisiones y renunciar a probar su inocencia, a cambio de que se le imponga una pena mínima.
Como el delito que se le imputa en este caso a la exfuncionaria no es grave, la pena reducida le permitiría obtener su libertad.
El próximo 8 de diciembre está programada la audiencia intermedia en la que Robles podría solicitar este procedimiento. No obstante, su defensa prevé solicitar que se difiera para dar tiempo a cerrar el acuerdo de colaboración con la FGR. Lo anterior significaría que la libertad de la exfuncionaria podría consumarse en los primeros meses de 2021.
Riesgo de impunidad
La abogada especializada en temas de corrupción y cofundadora de la organización TOJIL, Estefanía Medina, consideró inadecuado que en casos como el de Robles se concedan criterios de oportunidad, pues dijo que se trata de asuntos de corrupción de amplio interés público, donde lo que se debería privilegiar es la investigación y la reparación del daño.
“Hay un mecanismo sistemático de la Fiscalía en donde se ha preferido optar por esta figura del criterio en lugar de llevar investigaciones que deriven en juicios. Resulta bastante preocupante porque estos casos son de interés público y la ley prohíbe aplicar en ellos estos criterios porque la reparación del daño es complicada” indicó.
Medina considera que una eventual acusación en contra de Videgaray no justificaría exonerar a Robles pues en ambos casos se trata de secretarios de Estado del mismo nivel jerárquico.
“Parece más bien un juego de tener información que genere bastante ruido a nivel político pero no en realmente investigar los casos de manera seria y allegarse de medios de prueba eficiente y eso es muy mala noticia en el combate a la corrupción”, añadió.
En ese contexto, la abogada consideró que hoy más que nunca es urgente que las víctimas en estos casos que son los ciudadanos, y que pueden ser representados por organizaciones, tengan un papel fundamental en la toma de decisiones y procedimientos para que actuaciones discrecionales frenen alcanzar una verdadera justicia y reparación del daño. (ANIMAL POLÍTICO
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