El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este sábado que en la iniciativa para promover la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes se detectaron 5 mil 530 firmas de personas que fueron dadas de baja por defunción y otras más de 400 mil irregularidades, según publicó Latinus.
El INE presentó al Senado de la República el informe sobre la verificación de las 2 millones 538 mil 048 firmas que se entregaron para apoyar la solicitud de consulta y en 421 mil 211 se identificaron irregularidades.
Del total de firmas, que presentaron Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano, 276 mil 677 correspondían a nombres no existentes en la Lista Nominal del instituto.
Además, 23 mil 533 fueron excluidos de la lista nominal por las siguientes razones:
– Por muerte: 5 mil 530.
– Por pérdida de vigencia: 14 mil 442.
– Por cancelación de trámite: mil 969.
– Por suspensión de derechos políticos: 744.
– Por registro duplicado en el padrón: 619.
– Por datos personales irregulares: 138.
– Por domicilio irregular: 91.
El Instituto Nacional Electoral indicó, en un comunicado, que otros 120 mil 902 firmantes que apoyaron la consulta sobre el juicio a los expresidentes se encontraban en registros repetidos y 99 correspondían a ciudadanos sin firma o huella.
Al entrevistar a una muestra de ciudadanos que tenían firmas registradas en la iniciativa, 117 personas afirmaron que no habían proporcionado su autorización para respaldar la consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de verificar todas las firmas presentadas, el INE avaló 2 millones 116 mil 837, lo que cumple el porcentaje de apoyo mínimo para la consulta de más del 2% de la Lista Nominal de Electores.
El pasado 26 de octubre, el instituto informó que el costo para realizar la consulta popular para juzgar a expresidentes será de mil 499 millones 392 mil 669 pesos.
La consulta se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, indica el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral (INE).
La pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para empezar un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Las respuestas serán: “Sí estoy de acuerdo” o “No estoy de acuerdo”. (LATINUS)
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