Con el propósito de analizar la inconstitucionalidad del cobro del abasto de agua –por parte de Aguas de Saltillo– para la Casa del Migrante, como organización defensora de personas en desventaja, este martes el magistrado instructor Luis Efrén Ríos Vega sostuvo una audiencia de alegatos con expertos locales, nacionales e internacionales en el tema para dialogar sobre la viabilidad de esta moción, lo que en extensión permitiría que el citado espacio pudiera acceder a subsidios para este servicio, por el cual adeuda alrededor de 400 mil pesos.
Lo anterior, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) promoviera una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de Aguas de los municipios de Coahuila, al señalar que existe un apartado para otorgar subsidios en beneficio de grupos vulnerables sin que se incluya a la población migrante.
«Hubo un incidente en el cual Aguas de Saltillo cortó el agua temporalmente a la Casa del Migrante y, en ese contexto, nos parece que debe pensarse el contenido de la Ley de Aguas para que esa posibilidad de que existan subsidios también se pueda ver reflejada en otros grupos vulnerables no exclusivamente en los que se encuentran referidos de forma expresa en la ley», comentó en entrevista con El Heraldo, Hugo Morales Valdés, titular de la CDHEC.
«El servicio le fue reactivado en su oportunidad. Sin embargo, el adeudo histórico que tiene la Casa del Migrante continúa porque, precisamente, no ha habido un esquema de solución definitivo», agregó.
Asimismo, el entrevistado estimó que en los próximos 15 días el Tribunal Constitucional del Estado de Coahuila definirá la procedencia o no de dicha inconstitucionalidad, que de ser aprobada pasaría al Congreso del Estado para su aplicación legislativa.
«Este martes se llamó a sentencia, lo que quiere decir que en los próximos 15 días veremos que el Tribunal Constitucional se reúna y genere esta resolución con base en un proyecto que pondrá en discusión el magistrado Ríos Vega. Sobre la base de ese resultado, si se declara fundado, daría lugar a que se desencadenara por primera vez en la historia Coahuila, una resolución por la cual el Tribunal Constitucional ordenara al Congreso del Estado la reposición de específicos puntos de la Ley de Aguas de los municipios del estado de Coahuila», remarcó.
«Básicamente (los puntos) contemplan la posibilidad de que no exista ningún tipo de descuento (…). Posteriormente señala el mismo Congreso en la Ley de Aguas que no obstante que no haya descuentos a grupos vulnerables y organismos protectores de derechos humanos se les debe considerar un subsidio o una tarifa especial, sin embargo, uno de los grupos vulnerables que no se encuentran contemplados en esta Ley es el de los grupos migrantes». (OMAR SOTO / EL HERALDO)
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