Por Samantha Páez Guzmán y Guadalupe Juárez Méndez /CIMACNOTICIAS
Puebla.- Sandra*, productora audiovisual poblana de 35 años, abortó en este 2020. Primero lo intentó en su casa con pastillas, pero como no funcionó, viajó a la Ciudad de México para solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Acudió a la clínica Marie Stopes de la Condesa, donde pagó alrededor de 7 mil pesos por el aborto con sedación. La intervención fue rápida, y en unas horas regresó a la capital poblana.
“Estoy muy consciente de que mis condiciones económicas me permitieron ir y pagar ese procedimiento que yo decidí. Yo creo que no todas las mujeres en Puebla pueden hacerlo, por eso es importante que haya una legislación, porque no creo que sea justo que (abortar) dependa del dinero que tengas”, señaló Sandra.
Después del Estado de México, Puebla es la segunda entidad del país desde la que más mujeres se trasladan a la CDMX para acceder a la ILE. De enero de 2007 a julio de 2020, según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, mil 438 poblanas se desplazaron para interrumpir su embarazo.
Pero optar por este servicio no está exento de complicaciones. En abril de 2019, Zayra* tenía 21 años y estudiaba en la universidad. Cuando tomó junto a su pareja la decisión de abortar, viajó a una clínica pública de la CDMX para solicitar la ILE. Como le pidieron elegir un método anticonceptivo, escogió el dispositivo intrauterino de cobre (DIU).
En la sala de espera le pusieron una pastilla bajo la lengua, le dieron toallas sanitarias y una frazada. Después de una hora, Zayra ingresó al quirófano y le hicieron un legrado, que le causó un gran dolor.
De regreso en Puebla, el DIU le provocó fuertes cólicos. En tres meses subió de peso, tuvo cambios hormonales y su vida sexual disminuyó. Zayra decidió quitarse el dispositivo menos de un año después.
A pesar de las dificultades que enfrentó, la joven se siente agradecida porque la ILE le permitió seguir con su proyecto de vida. “Los dos continuamos con nuestras carreras, en ningún momento nos arrepentimos de lo sucedido porque no estábamos preparados”.
Sentencias por homicidio en razón de parentesco
El artículo 339 del Código Penal de Puebla define el aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. A la mujer que voluntariamente interrumpa su embarazo se le castiga con seis meses a un año de prisión tras la reforma aprobada en octubre de 2019 por el Congreso del estado. Las y los legisladores avalaron la propuesta del gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta de reducir la pena máxima, que era de cinco años. A quien realice el aborto a una mujer con su consentimiento se le impondrán de uno a tres años de cárcel.
El aborto no es sancionable si es causado por imprudencia de la embarazada, si la mujer encinta corre peligro de muerte, si el embarazo es resultado de una violación, y si existen “causas eugenésicas graves” —como malformaciones congénitas—, que deberán ser dictaminadas por dos peritos médicos.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Puebla informó que, de 2009 a 2019, fueron sentenciadas 11 mujeres por el delito de aborto, según información proporcionada vía transparencia a la defensora Natalí Hernández Arias.
Verónica Cruz Sánchez, de la organización feminista Las Libres, precisa que, ya sea que hayan sufrido un aborto espontáneo o interrumpido su embarazo de manera voluntaria, las mujeres en Puebla son también acusadas del delito de homicidio en razón de parentesco. Tipificado en el artículo 336 del Código Penal estatal, puede acarrear penas de 20 a 50 años de prisión.
Según el TSJE, de 2013 a septiembre de 2020, han sido sentenciadas seis mujeres por homicidio en razón de parentesco. En todos los casos, los juicios tuvieron lugar en el distrito judicial de Puebla, la capital del estado.
Barbosa Huerta reconoció el pasado 20 de abril en rueda de prensa que había cinco mujeres en prisión que, tras abortar, fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco. Según el gobernador, todas podrían ser beneficiarias de la Ley de Amnistía para el Estado de Puebla. Cinco meses después, el 14 de septiembre, dijo que solo había dos casos, sin aclarar si eran nuevas sentencias o se había liberado a tres mujeres.
En junio de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública estatal respondió por transparencia que una mujer de 26 años estaba en prisión por el delito de aborto. Se desconoce si fue favorecida por el decreto firmado por el gobernador, en agosto de ese año, para iniciar los procedimientos de preliberación o indulto para las encarceladas por este delito.
Obstaculizan acceso a la ILE
La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que permite, en caso de violación, acceder a la ILE, es incumplida por el sistema de salud de Puebla, aseguró una médica, extrabajadora de la Secretaría de Salud (SS) estatal, que pidió el anonimato.
En las unidades hospitalarias, explicó, hay integrantes del personal médico que bloquean a las mujeres que solicitan interrumpir su embarazo pidiéndoles una orden judicial “a la antigua”, pues creen que si les practican el aborto tendrán conflictos legales. Son profesionales que alegan también objeción de conciencia y se exceden en el plazo de 72 horas para dar el anticonceptivo de emergencia.
Estas situaciones ocurren pese a que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM), emitida el 8 de abril de 2019 para 50 municipios de la entidad, estableció acciones para capacitar al personal hospitalario sobre la NOM-046, supervisar su aplicación e informar a las mujeres sobre su derecho al aborto legal.
Otro problema es que, de acuerdo con la médica, la falta de trabajadoras sociales y psicólogas también limita el acceso a la ILE, pues no hay especialistas que reciban a las pacientes víctimas de violación y las canalicen al área de ginecología. Desde que inició la actual administración federal —en 2018—, las áreas de Servicios Especializados de Atención a la Violencia han ido “desapareciendo”, agregó.
Según información del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud federal, solo disponen de estos servicios especializados tres hospitales del estado: del Niño Poblano en San Andrés Cholula, de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, y de la Mujer en Puebla.
Esto a pesar de los altos índices de violencia sexual que existen, pues según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, se abrieron mil 256 carpetas de investigación por los distintos tipos de violación (simple, equiparada y tumultuaria).
En comparación, de enero de 2016 a mayo de 2019, se le realizó a 15 mujeres —nueve eran menores de edad— la interrupción voluntaria del embarazo, según informó la SS vía transparencia. En 2017 no se registró ningún caso.
La NOM-046 establece que, en caso de violación, las mujeres mayores de 12 años pueden acceder a la ILE sin tener que levantar una denuncia, un derecho que, según fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en 2019, el Estado debe garantizar en todo el país.
Jessica Pérez Téllez, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, denunció que el personal médico se niega a cumplir esta normativa, le hace múltiples preguntas a las mujeres, las maltrata y criminaliza.
El sector salud incurre en otra omisión al no canalizar a las mujeres a un hospital público que cuente con profesionales capacitados para realizar la ILE, señaló Montserrat Hernández Flores, de Campaña Aborto Legal Puebla, quien agregó que las causales del Código Penal que permiten la interrupción del embarazo son desconocidas por la ciudadanía e incluso por las y los médicos.
Otro derecho que se vulnera es la obligación de informar a las mujeres sobre su salud —si está en riesgo su vida o la del producto—, señaló Cinayini Carrasco Colotla, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
Evitan clínicas por desconfianza
Ante estos obstáculos, las mujeres prefieren cubrir el costo del medicamento abortivo o recurren a la ILE en la CDMX, apuntan organizaciones civiles como Ddeser Puebla, el Odesyr y Campaña Aborto Legal Puebla.
“Hay que poner el foco de atención en qué está pasando; aun cuando es legal el aborto (bajo cuatro causales), las mujeres no quieren acercarse a los centros de salud públicos”, alertó Pérez Téllez.
La directora del Odesyr aseguró que en los servicios hospitalarios existe un subregistro de los casos de mujeres que fallecen a causa de abortos inseguros. Sus muertes son reportadas como “complicaciones del embarazo”, lo cual impide que existan datos fiables de la situación en la entidad. También hay instituciones como la Cruz Roja, advirtió, que denuncian a quienes sufren un aborto espontáneo.
Al respecto, el secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García, aseguró el pasado septiembre que en los últimos 13 meses no se había atendido a ninguna mujer por complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
Por estas razones, los abortos en el hogar y con acompañamiento de colectivas e integrantes de organizaciones civiles se han vuelto una opción cada vez más recurrente. Es el caso de Mariana*, que abortó a los 27 años. Relató que, tras fallar su método anticonceptivo, decidió interrumpir su embarazo porque no era el momento adecuado para que ella y su pareja tuvieran descendencia.
Su primera opción fue un aborto por aspiración en una clínica privada de la CDMX, pero al no poderse realizar el procedimiento por las pocas semanas que tenía de embarazo, recurrió a una colectiva en Puebla. Desde su perspectiva, fue la mejor opción porque el proceso no resultó doloroso, y pudo llevarlo a cabo en su casa y junto a sus seres queridos.
“Yo siempre estuve muy segura de que no era el momento, creo que eso facilitó mucho las cosas”, dijo Mariana. Cuando terminó de sangrar, se hizo un ultrasonido para verificar que el procedimiento había resultado bien.
Iniciativas congeladas
La LX Legislatura del Congreso ha evitado la discusión de las iniciativas para despenalizar el aborto que impulsa la diputada priista Rocío García Olmedo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y la enviada por colectivas poblanas como Coatlicue Siempre Viva, Rosas Rojas, Las Hijas de Xochiquetzal y La Morada en octubre de 2018. Lo han hecho “sin un argumento válido o científico para negarse al análisis, estudio y dictaminación”, acusó la legisladora.
García Olmedo explicó que ha tenido que modificar hasta en tres ocasiones sus iniciativas de reforma al Código Penal del estado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, y a la Ley Estatal de Salud para garantizar la ILE, ambas presentadas en octubre del año pasado, debido a que si no son discutidas en los siguientes 180 días después de que se turnan a comisiones para ser dictaminadas, las propuestas terminan en la congeladora.
Las iniciativas han sido enviadas para su análisis a cuatro comisiones: Igualdad de Género, Familia, Salud y Derechos Humanos, lo cual en su opinión dificulta aún más la posibilidad de que se aprueben al ampliarse su dictamen a cuatro grupos. Señaló que la Comisión de la Familia se pronunció en contra de la propuesta de despenalización del aborto sin siquiera debatirla, y en la de Salud se ha “congelado” la discusión.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el morenista Gabriel Biestro Medinilla, prometió que se discutirán las iniciativas durante el último año de la legislatura, que termina el 14 de septiembre de 2021, pero antes llevarán a cabo foros de “discusión” con especialistas y ciudadanos.
Sin embargo, la cercanía de las elecciones estatales de 2021, según García Olmedo, hará que los partidos no asuman el costo político de abordar la despenalización del aborto. (SAMANTHA PÁEZ GUZMÁN Y GUADALUPE JUÁREZ MÉNDEZ / CIMACNOTICIAS)
*Los nombres de las mujeres son ficticios para resguardar su identidad.
Reportaje publicado originalmente por Cimacnoticias: https://cimacnoticias.com.mx/castigar-la-libertad/puebla-peligro-de-carcel-y-omisiones-del-sistema-de-salud
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