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22 octubre, 2020

La política energética centralizada de México, ¿a quién beneficia?

En un artículo publicado por el organismo norteamericano “The Dialogue”, se hace referencia a que desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, el presidente López Obrador ha impulsado una serie de medidas que afectaran la inversión privada en el sector eléctrico del país, incluido su floreciente sector de las energías renovables, y lesionan aspectos clave de la amplia reforma energética orientada al mercado aprobada por el Congreso en 2013. Dichas medidas parecen estar impulsadas por el deseo de reducir la inversión de empresas privadas en el sector eléctrico y consolidar el monopolio de CFE como parte del proyecto de su proyecto para obtener la tan mencionada “soberanía energética”.

Este concepto de soberanía energética ha sido un tema central de López Obrador y generalmente se centra en un objetivo de autosuficiencia energética, desconfianza del sector privado y darle prioridad no sólo de CFE en el sector eléctrico, sino también a PEMEX en el sector de hidrocarburos. Esta política implementada desde el inicio de su administración es impulsada por la creencia de que ambas paraestatales han sido socavadas por políticas que favorecen al sector privado, y que esto se debe de resarcir apoyando e invirtiendo en estas empresas del Gobierno para corregir las asimetrías mencionadas.

Los objetivos específicos de López Obrador incluyen evitar cualquier aumento de las tarifas energéticas, aumentar la cuota de mercado de CFE al 54 por ciento de la generación de energía, reducir la dependencia de las importaciones de gas natural y productos refinados de los Estados Unidos, impulsar la producción de petróleo a través de Pemex y revisar los contratos de energía que no se consideran lo suficientemente beneficiosos para el Estado. Hasta ahora, su administración ha tratado de eludir la reforma energética, incluida la principal ley que rige el sector eléctrico a través de la regulación: la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, el presidente y los Senadores de Morena han advertido recientemente planes para impulsar una contrarreforma constitucional.

Los cambios regulatorios que afectan al sector de la energía eléctrica a favor de estos objetivos tienen implicaciones más amplias para la economía mexicana, especialmente cuando busca recuperarse de los estragos causados por la pandemia relacionada con el Covid-19. Algunos de los avances en el sector de la energía en la creación de puestos de trabajo del sector privado y la reducción de los costos de electricidad a través de subastas competitivas podrían perderse de continuar con esta política proteccionista hacia Pemex y CFE, sin considerar las enormes sumas de dinero destinadas a tratar de volverlas mas operativas con estrategias completamente obsoletas.

Las finanzas nacionales también podrían verse afectadas por la reducción de los ingresos fiscales de las empresas privadas en sectores tales como el industrial y energético. Los cambios probablemente conducirán a mayores costos de electricidad, y para evitar aumentos en las tarifas a los usuarios residenciales, como ha prometido López Obrador, los subsidios destinados a cubrir los costos más altos de la CFE probablemente aumentarían, poniendo en jaque el presupuesto federal.

Las nuevas regulaciones también podrían tener repercusiones perjudiciales en las relaciones comerciales y económicas con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.

Las recientes medidas han disuadido la inversión en la industria energética de México y otros sectores económicos al elevar la percepción del riesgo regulatorio. Los inversionistas en México y Estados Unidos ya han tomado medidas legales contra algunos de los cambios regulatorios. Además, si se incrementan los costos a los consumidores industriales a través de aumentos de tarifas, aumentaría el precio de algunos productos de exportación mexicanos y se afecta la capacidad de las empresas estadounidenses de diversificar sus cadenas de suministro y trasladar algunas operaciones de China a nuestro País.

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