El presunto bloqueo de las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, puso en el marco de la discusión la legalidad o ilegalidad del proceder de la Unidad de Inteligencia Financiera, organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El anuncio hecho primeramente por la actual presidenta municipal, Marina Vitela, en el sentido de que el congelamiento de las cuentas se debía a que su antecesora y el extesorero, Oscar García, incurrieron en desvío de recursos, consistente en transferir a sus cuentas personas recursos correspondientes a la recuperación del Impuesto Sobre la Renta por concepto de nómina, provocó una inmediata reacción de Herrera Ale quien dijo en redes sociales no tener conocimiento alguno del congelamiento de sus cuentas y atribuyó la acusación a que “sin duda es un señalamiento con fines políticos, manipulado por la actual administración municipal”.
La también exsenadora convocó a rueda de prensa para el día siguiente, pero el director de la UIF, Santiago Nieto, también confirmó la especie y no hubo medio de circulación nacional que no manejara la noticia. La rueda de prensa se suspendió sin aviso alguno, lo que algunos observadores y analistas interpretaron como la confirmación de las medidas cautelares adoptadas por la UIF.
En mayo del año pasado, la Suprema Corte de Justicia determinó que la UIF, cuando adopte una medida cautelar por una cuestión estrictamente nacional o no se acredite que se está ante el cumplimiento de un compromiso internacional no podrá considerarse válida, debido a que los motivos que generaron la suspensión de actividades en el sistema financiero nacional y, por ende, el bloqueo de cuentas bancarias, transgrede el principio de seguridad jurídica. Pero también señala que podrá proceder en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, “presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal”.
El tema está muy relacionado con la suspensión, por parte de autoridades estatales, de una reciente boda con lujo de derroche de recursos que se celebró en una propiedad del ejido Alejo González, municipio de San Pedro. Al Gobierno del Estado le llamó la atención los excesos en la celebración, tanto que el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, decidió, no llamarle a Santiago Nieto, sino dar instrucciones para interponer una denuncia ante la UIF investigue a los organizadores del festejo.
Más allá de las implicaciones y fundamentos jurídicos, los hechos nos dicen que la citada Unidad de la SHyCP está convertida en el garrote del presidente López Obrador para proceder, ipso facto, a la menor provocación en contra de quien considera sus enemigos o adversarios políticos. Y lo sabe el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, que apenas anunció su regreso al país y a la política, el gobierno de la 4T anunció el mismo día que lo investiga por desvío de recursos.
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