OPINIÓN

SERENDIPIA

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16 septiembre, 2020

A catorce años del carbón rojo de Coahuila

“Mi esperanza es recuperar a mi muchacho para estar tranquilo y mi intención es disfrutar mi vejez”, dijo el lunes pasado, Cesáreo Calvillo. Familiar de uno de los fallecidos en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ubicada en el Estado de Coahuila de Zaragoza. La angustia que recorre el cuerpo cuándo no sabemos dónde dejamos el teléfono celular, cuándo dudamos de haber cerrado la puerta de la casa, o por no recordar dónde guardamos tal cosa, es grande. Perder a un ser querido y no poder darle un “último adiós” de cuerpo presente, es otro nivel de desesperación e impotencia desconocido para muchos y muchas. Empero, no para tantos y tantas, como me gustaría afirmar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 19 de febrero de 2006. 65 de 73 mineros quedaron atrapados en la Mina Pasta de Conchos, y fallecieron. El 1º de mayo del año pasado, el actual presidente se comprometió a hacer todo lo posible para iniciar con las tareas de rescate que se suspendieron un año después del suceso, es decir, en 2007. En ese breve lapso de recuperación, fueron rescatados 2 cuerpos. Los de José Manuel Peña Saucedo y el de Felipe Jesús Torres Reyna.

Luisa María Alcalde Luján es la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Dio a conocer el pasado lunes, por medio de un tuit, la minuta del 14 de septiembre de 2020. En ella se hace constar los acuerdos por unanimidad, en los que se compromete el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con víctimas de la tragedia de Pasta de Conchos. Las acciones específicas consisten en: 1) Inicio del rescate de los cuerpos, por la CFE; 2) Construcción de un memorial; 3) Indemnización individual a los 65 núcleos familiares; 4) Reparación colectiva y medidas de no repetición. Además de lo anterior, la reunión tuvo como fruto, el compromiso por parte del presidente, para atender personalmente el próximo 23 de octubre, los avances del acuerdo, en Nueva Rosita, Coahuila.

Respecto al rescate de los cuerpos. Las partes concertaron iniciar de manera inmediata el proceso, a través de la empresa de propiedad exclusiva del Gobierno Federal. Una vez que hayan concluido el rescate, esta misma extraerá el carbón para su autoabastecimiento. Para ello, tanto la Secretaría antes mencionada, como el Servicio Genealógico Nacional le entregaran a CFE la documentación y restudios técnicos relacionados con la mina Pasta de Conchos, a efecto de que la integren al trabajo de ingeniería de detalle.

En una entrevista rendida por Luisa María para Aristegui, comentó que se estima alrededor de 4 años para consumar el rescate, y que “pasaron más de 14 años para empezar a hablar de justicia para las familias”. Es producto de un análisis de viabilidad elaborado por un grupo de expertos nacionales y extranjeros. Unánimemente, se determinó que sí era viable realizar el rescate, haciendo un nuevo inclinado; es decir, no reconstruyendo la boca de la mina. Para esto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas informó que el rescate de los cuerpos se estima en un aproximado de 75 millones de dólares, lo que es igual a cerca 1,700 millones de pesos.

Por lo que hace a la construcción de un memorial. Se trata de un espacio museográfico. Será en una parte del predio de la mina de Pasta de Conchos, y estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Decir que será “inviolable” como lo señalan en la minuta, parecería implícito, pero tiene una finalidad. Las obras públicas que conforman esta reparación integral iniciarán en enero de 2021. De conformidad con el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Campo Algodonero, esta medida es de satisfacción, y tiene como finalidad reparar el daño inmaterial, no tiene naturaleza pecuniaria y es de repercusión pública. Lo que se busca es la dignificación de la memoria de las víctimas.

Con relación a esto, cabe decir, que en 2018 en la avenida Reforma de la Ciudad de México se colocó un “antimonumento 65+” por los fallecidos en Pasta de Conchos. Fue producto de una jornada de protesta al cabo de 12 años de la tragedia, y se encuentra próxima a las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto, tiene un gran peso simbólico, pues la organización “Familia Pasta de Conchos” sostiene que, no fue un accidente, sino una catástrofe consecuencia de las condiciones de seguridad y mantenimiento, evidentemente precarias. Entonces, cobra sentido un recordatorio material, para dignificar la vida de los mineros, y sus derechos laborales, entre otros de igual relevancia.

¿Por qué a la altura de la BMV? Si bien es cierto, el Paseo de la Reforma está plagado de otros memoriales por los que se puede inferir, se trata de un recordatorio a la vista de todos, de la inmensa violencia y corrupción en México. Igualmente, cierto es, que se puede establecer una relación evidente en el por qué se posiciona dónde está, y no en otro lugar. La mina 8, Unidad Pasta de Conchos hasta antes de la devolución de una concesión al gobierno -dato que aún no se restituye por completo-, pertenecía a la multinacional Grupo México del empresario Germán Larrea. Grupo México es la cuarta empresa más grande del país, con una capitalización de mercado de US$22,829 millones de dólares.

Tiene múltiples filiales de diferentes divisiones, entre las que se encuentran Ferromex, Ferrosur, Los Frailes, México Compañía Constructora, Controladora de Infraestructura Petrolera, Souther Copper Corporation, entre otras. De acuerdo con Aleida Azamar, Profesora Investigadora de del Departamento de Producción Económica de la UAM, y columnista para El Universal, “Grupo México es más un resultado político que un esfuerzo empresarial, pues su actual situación deriva de la absorción de paraestatales a través de compadrazgos y asignaciones directas de concesiones en las entidades con mayor riqueza minera nacional en nuestro país”.

¿Qué hay de la indemnización? Para ello se dará inicio con un proceso de negociación de un Acuerdo de Solución Amistosa, en el que se plasmarán los detalles de la reparación integral previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se efectuará a través de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de diciembre del presente año, previo acuerdo de las víctimas. Una pluralidad de medios señala que, consistiría en un monto de 3.7 millones por cada uno de los 65 fallecidos.

La importancia de la reparación colectiva y medidas de no repetición. Las garantías de no repetición son significativas tanto para la preservación de la memoria y satisfacción de las víctimas, y la recuperación y restablecimiento de la memoria histórica en una sociedad democrática. Así se estableció en la sentencia Radilla Pacheco de la Corte Interamericana. Por su parte, la reparación colectiva tiene lugar, ya que hay un nexo causal entre las violaciones a los derechos de los mineros, y las afectaciones a esta comunidad familiar de los fallecidos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determinó en su Recomendación 26/2006 que, “los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”. La Familia Pasta de Conchos con apoyo de otras organizaciones civiles presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que les fue negada la justicia jurisdiccional en el ámbito nacional. El objetivo, era el rescate de los trabajadores, así como la investigación, procesamiento y sanción de los responsables. En febrero de 2018, la Comisión Interamericana da la razón a los familiares, haciendo hincapié entre otros puntos, que, por tratarse de un delito perseguible de oficio, es el Estado mexicano quien tiene el deber de impulsar el proceso. Es decir, con o sin el impulso procesal, en este caso, de las víctimas.

¿Qué implicaciones tiene el acuerdo del pasado 14 de septiembre de 2020? No hubo ninguna disposición o cláusula expresa, respecto a una prohibición de fincar responsabilidades a los responsables. De hecho, no sería ético ni legal. No obstante, la política que maneja la actual administración ha dejado claro una vez más, que al igual que anteriores sexenios, política, administración y justicia no son harinas de costales separados. Por el contrario, mezclan las tres y crean una masa tempestiva de caos. Ejemplo de ello, es la consulta ciudadana sobre juicio a expresidentes de México avalada por el INE.

Es una materialización de que sí lo quieres puedes tenerlo, por parte de quienes detentan el poder. ¿Tener qué? Lo que sea. ¿A costa de qué? Descaradamente, de vidas, de justicia, de libertad y de dignidad humana. Por decir los bienes más preciados. No me parece que sea una brecha moral en, o por la que podamos escudriñar el argumento de “les llegaron al precio”, refiriéndose a las familias víctimas indirectas de Pasta de Conchos. Han sido más de 14 años en un sinuoso camino en el que luchan, entregan su vida, y algo más, por obtener justicia en un juego en el que, de entrada, no llevan las de perder, sino que ya perdieron. Con las reglas y ventajas de su oponente.

Finalmente, recomiendo la lectura de “El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio”, elaborado por la Organización Familia Pasta de Conchos y Heinrich Böll Stiftung México y el Caribe, publicado en 2018. El título de la presente columna es, respetuosamente, a propósito de la obra referida.

La autora es estudiante de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila