¿PRIORIDADES?

Estamos en el último cuatrimestre de un año que ha sido por demás complejo por el impacto de la crisis sanitaria en la economía, el comercio, los empleos, y en general el bienestar de la población. Sabemos que hay secuelas considerables, y sin embargo no es posible hacer proyecciones del comportamiento que tendrá la pandemia en los próximos meses, ni cálculos de las afectaciones que dejará.

En un contexto así, y estando ya en el momento de definir el presupuesto de egresos que tendrá el gobierno federal para el año próximo, que Hacienda ya propuso y ahora se deberá analizar en la Cámara de Diputados, los legisladores deben tener en claro a dónde se deben de dirigir los recursos para atenuar los múltiples efectos de esta crisis.

Previo a que se hiciera público el proyecto de presupuesto, el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentó un muy completo estudio con consideraciones sobre el manejo de los programas sociales en el marco de esta contingencia, y su proyección hacia el año próximo.

Aunque el documento se preparó con todo profesionalismo, y el sustento de los más de quince años que el organismo tiene monitoreando y estudiando las estrategias oficiales para el combate a la pobreza, es poco probable que se le haya tomado en cuenta a la hora de diseñar la propuesta de presupuesto, pues como se sabe desde el año anterior el presidente López Obrador mantiene una pugna con el CONEVAL e incluso ha amagado con desaparecerlo.

Son importantes sin embargo los señalamientos que se hacen en el estudio, y bien harían los diputados, que tienen la facultad de aprobar el presupuesto, en considerar lo que se está planteando.

Se refieren a la importancia de diseñar una estrategia integral que permita afrontar con la urgencia necesaria la crisis sanitaria y disminuir la pérdida de vidas, lo cual requiere proteger a los grupos más expuestos al contagio, así como aquellos en situaciones de mayor vulnerabilidad a presentar complicaciones severas o fallecer por la enfermedad COVID-19.

Igualmente el CONEVAL señala que se debe mejorar la capacidad operativa de los programas prioritarios y asegurar que su focalización sea adecuada, con la finalidad de ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta a la enfermedad, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso como resultado de la contingencia y a sectores urbanos que están más expuestos.

En suma, llaman a reflexionar sobre la nueva complejidad de los problemas que enfrentará la población y por ende los nuevos programas públicos requeridos para atender estos de manera efectiva.

La atención a los rubros de salud, servicios básicos, educación e ingresos económicos son considerados en el estudio como prioridades.

¿Qué encontramos en el proyecto de presupuesto? Que el gobierno piensa gastar más en sus proyectos de los trenes Maya e Interoceánico, el aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas.

 

Lo que se plantea destinar a becas educativas en los niveles medios superior y básico, sesenta y cinco mil millones de pesos, es menos de lo etiquetado para el Tren Maya y la Refinería, 81 mil millones de pesos.

Para el programa Jóvenes Construyendo Futuro, se propone invertir menos que lo planteado para el nuevo aeropuerto.

El único programa social que contempla más recursos que los proyectos prioritarios de infraestructura, es el de pensión para adultos mayores, al que se destinarían 135 mil millones de pesos, y es justamente el programa que más cuestionamientos ha generado por sus errores de diseño, sus laxos criterios para asignación de beneficiarios, y su evidente sentido clientelar.

Hay diagnóstico, hay propuestas, lo que no hay es voluntad de atender y enderezar el rumbo.

 

edelapena@infonor.com.mx

 

Autor

Eduardo De la Peña de León