Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI demandaron al Gobierno Federal un informe de las políticas públicas de fomento a la agroecología, particularmente del uso agrícola del herbicida llamado glifosato; substancia que para organizaciones ambientalistas y la Organización Mundial de la Salud, está clasificado como un probable agente cancerígeno en seres humanos y animales.
La diputada Dulce María Sauri Riancho y el diputado Rubén Moreira Valdez, consideraron necesario que en el gabinete se pongan de acuerdo y normen criterios para evaluar el uso y control de herbicidas, por lo que solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pida a tres secretarías de Estado información respecto a los efectos económicos y de soberanía alimentaria por la posible prohibición de este producto químico, así como, el impacto en la salud de los mexicanos.
La petición compromete al Ejecutivo Federal, a crear una Comisión Intersecretarial con el objetivo de coordinar y elaborar políticas públicas que puedan regular el uso del herbicida de forma sustentable, sin afectar el medio ambiente, ni la salud pública, pero sin perjudicar a los agricultores que requieran su utilización responsable, así como transparentar las decisiones que al respecto se tomen, en beneficio de la agricultura sustentable y de la soberanía de nuestro país.
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, demandan un informe de resultados de los efectos del glifosato en el medio ambiente y la agroecología, así como de las secuelas investigadas en seres vivos, mamíferos, peces, insectos y humanos, relacionados con la agricultura.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural deberá reportar al Poder Legislativo, las repercusiones en la producción de alimentos, alteración en las cosechas y el impacto al sistema alimentario, los empleos y suministro de insumos para la agricultura de exportación, ante la probable prohibición de este ácido orgánico, exterminador de maleza.
Por lo que se refiere a la Secretaría de Relaciones Exteriores, reclaman información respecto a los acuerdos binacionales, de intención o cooperación de México con el gobierno los Estados Unidos de Norte América, a fin de combatir la producción y distribución de estupefacientes o sustancias prohibidas, respectivamente con el uso de herbicidas como el glifosato para la aspersión aérea o terrestre en los cultivos ilegales.
El GPPRI determinó que el Gobierno federal debe transparentar sus decisiones respecto al uso o prohibición de esta sustancia, porque no es posible que exista desavenencia entre las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Desarrollo Rural.
En 2019, Semarnat ordenó limitar la importación del ácido con el argumento de privilegiar el derecho ambiental sobre los derechos de propiedad o de industria y el 4 de agosto de 2020, el titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el de la Agricultura y Desarrollo Rural, se confrontaron debido a un anteproyecto del titular del Ejecutivo para regular el herbicida en el país. (EL HERALDO)
