Ciudad de México.- “Hazte la prueba rápida de anticuerpos IgG/IgM COVID-19 a solo 499 pesos”, dice una publicidad de una farmacia en Nuevo León. Otra más de Puebla llama a no poner “en riesgo” a los seres queridos. “Prueba rápida para diagnóstico de COVID-19 a domicilio. Resultados en 15 minutos”. Ambas circulan en internet sin precisar que el resultado no determina que la persona tenga la enfermedad al momento de la prueba.
Animal Político publicó que las pruebas rápidas o serológicas sólo detectan la presencia de cierto tipo de anticuerpos que la persona generó si en algún momento estuvo infectada de la COVID; además una “auto aplicación de la prueba rápida” en un periodo erróneo podría derivar en un resultado equivocado y, por ende, en mayor propagación del virus.
El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (COMED) acusa que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está incumpliendo con la vigilancia para asegurar que estas pruebas publicitadas estén certificadas y, sobre todo, que se apliquen de manera correcta.
El COMED agrupa a 54 empresas de análisis clínico y gabinetes de imagenología en todo el país.
“No estamos en contra de ninguna prueba, pero lo que hemos detectado entre la gente es muchísima confusión de cuáles pruebas hay, para qué sirven, qué hacen y en qué momento son adecuadas”, dice Guillermo Máynez, en entrevista con Animal Político.
Pero lo realmente grave, agrega, es que “hay quienes están aplicando pruebas no autorizadas por Cofepris, que ni siquiera están aprobadas para usarse en México y eso sí es ilegal. Esa gente está haciendo un daño doble”.
Pero la autoridad no está realizando vigilancia al respecto. “No hay manera de comunicarse con Cofepris. No ha respondido las cartas que le hemos enviado, la Comisión está siendo poco responsiva”, agrega Máynez. Aunque Animal Político buscó a la Comisión para saber si está aplicando una estrategia de verificación sobre este tipo de pruebas, no hubo respuesta.
La Secretaría de Salud ha explicado que la única prueba que detecta la presencia de la COVID son las llamadas PCR (prueba de reacción en cadena de la polimerasa) y los únicos capacitados para hacerla son los laboratorios estatales, de instituciones de salud pública, universitarias, 54 laboratorios privados que fueron avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y laboratorios certificados.
En el caso de los laboratorios privados la prueba puede costar hasta 4 mil 500 pesos, mientras que en el sector público sólo se aplican con base en el modelo centinela, es decir, a personas hospitalizadas y sólo uno de cada 10 que presenten síntomas leves y, por lo tanto, puedan llevar la enfermedad en casa.
Esto deja sin prueba en el sector público a los contactos de personas con el virus y que, posiblemente fuesen asintomáticos. Y ante los precios de las pruebas PCR, la publicidad de pruebas rápidas ofertadas por 500 pesos podría parecer atractiva, pero no necesariamente es efectiva.
Las pruebas rápidas o serológicas sirven para medir los anticuerpos, es decir, detecta la inmunidad de la persona en caso de haber sido infectada, pero no si en ese momento tiene COVID.
Además, el factor más importante es el momento en que se debe aplicar. Su efectividad depende de hacer la prueba para anticuerpos IgM a los siete días después de un contacto con el virus o la IgG, a los 14 días de contacto, por lo que no son pruebas de “auto aplicación”, sino que deben ser aplicadas por personal capacitado.
La Cofepris ha aprobado 14 pruebas serológicas y rápidas hasta este 27 de julio. Sin embargo, el problema es que las empresas que las comercializan deben asegurarse de que el consumidor sepa que la prueba no detecta COVID y cumplir con el protocolo del periodo de aplicación.
De hecho el gobierno de la Ciudad de México anunció que aplicará pruebas rápidas avaladas por la Cofepris como parte de su plan de detección de casos de COVID, mientras que el gobierno de Jalisco también las aplica como parte de su estrategia de muestreo.
Guillermo Máynez explica que los laboratorios certificados también aplican pruebas serológicas o rápidas, pero asegurándose de que la toma sea entre los 7 y 14 días de contacto con el virus.
La aplicación de estas pruebas sirve para el regreso al trabajo. Aplicar, por ejemplo, sólo pruebas PCR a quienes sean de alto riesgo por tener alguna enfermedad o vivir en hacinamiento, mientras que las pruebas rápidas podrían ser para las personas de bajo riesgo y “los que te den positivo en las serológicas son quienes podían regresar al trabajo con mayor tranquilidad”, porque demostraría que generó anticuerpos después de tener la enfermedad. (ANIMAL POLÍTICO)
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