COAHUILA

Terapia psicológica será obligatoria en casos de violencia familiar

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1 julio, 2020

Durante la sesión ordinaria celebrada este martes por el Congreso Local, se aprobó por unanimidad el dictamen por el que se reforma y adición a un último párrafo al artículo 234 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteado por el Diputado Jaime Bueno Zertuche Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI.

El artículo 234 de la Ley para la Familia, establece el derecho de los cónyuges que estén en un proceso de divorcio a recibir terapia psicológica especializada, cuando sean padres de por lo menos una hija o hijo, suspendiendo el procedimiento de divorcio si ambos cónyuges aceptan la terapia. Con esta norma se busca garantizar el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a crecer dentro de una familia que les otorgue protección y seguridad.

Sin embargo, en los casos de violencia familiar, se considera que es más importante salvaguardar la vida, la integridad personal y la salud de los menores hijos y adolescentes, por lo que se debe considerar como obligatorio tomar terapia psicológica con el objeto de erradicar cualquier tipo de comportamiento violento.

Tomando en cuenta tal situación y en atención a la máxima protección de los derechos de la niñez y a los principios de proporcionalidad de la norma, es importante reformar el artículo 234 de la Ley para la Familia con la finalidad de establecer como obligatorio el tomar terapia psicológica, cuando hay violencia familiar.

El objetivo de hacer obligatorio la terapia psicológica en caso de existir violencia familiar, es evitar conductas agresivas dentro del ámbito del hogar y en especial en contra de los infantes, dándole relevancia a la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, reforzando con ello las medidas con las que cuenta la autoridad para salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Con esta reforma, se busca contribuir a que la unidad familiar se dé en condiciones dignas para todos los miembros, pero sobre todo que se garanticen los derechos de los menores quienes resultan ser casi siempre los más afectados en estos procesos. (EL HERALDO)