Ginebra, Suiza.- Los máximos responsables de vigilar el cumplimiento de la libertad de expresión y opinión en las Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron una declaración conjunta en defensa de la labor de los profesionales de los medios de comunicación en Estados Unidos.
El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y su homólogo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman haber recibido numerosos informes en los que se describen ataques, detenciones y acoso a los periodistas que cubrían las distintas protestas ocurridas durante los últimos días contra el racismo estructural y la brutalidad policial en el país norteamericano.
David Kaye* y Edison Lanza** recordaron que el deber de las fuerzas del orden es garantizar la seguridad de los periodistas que cubren las manifestaciones «y de proteger el derecho del público a buscar y recibir información sobre esas movilizaciones sociales».
Al mismo tiempo, destacaron que la prensa «cumple una función de vigilancia esencial en las sociedades democráticas».
Ambos expertos señalaron que las autoridades a todos los niveles de gobierno han de ofrecer la máxima protección a los profesionales de la comunicación que incluye «tanto el deber de evitar el uso o la amenaza de la fuerza contra los periodistas, como el de protegerlos contra la violencia de terceros».
En la declaración, recordaron asimismo la prohibición del uso de fuerza letal o de menor grado contra los periodistas, tal y como establecen las normas internacionales de derechos humanos y las prácticas policiales.
«Quienes violen esas normas deben ser sometidos a procesos de rendición de cuentas», señalaron.
A su vez, indicaron que las autoridades deberían condenar los ataques contra los periodistas y favorecer el rol de la prensa.
Por ese motivo, reiteraron su preocupación por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante los últimos años calificó repetidamente a los medios de comunicación como el «enemigo del pueblo».
Según los expertos, estas manifestaciones favorecen «un entorno de hostilidad e intolerancia» hacia los informadores.
Por último, manifestaron su inquietud por el hecho de que la progresiva militarización de la policía en los Estados Unidos no solo dificulte el derecho a la reunión pacífica de las personas, sino que también reduzca «la capacidad de la prensa para cubrir las protestas».
Indicaron que esta militarización alienta a las fuerzas del orden público a considerar «a los manifestantes y a los periodistas como elementos beligerantes», por ello recomendaron la desmilitarización de la policía y la confianza en las normas internacionales para la gestión de las protestas.
Uso injustificado de la violencia
Al mismo tiempo, otro grupo de expertos independientes de la ONU*** en derechos humanos condenaron la violenta represión a las protestas pacíficas tras la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que falleció en custodia de la policía de Minneapolis.
Estos expertos instaron a tomar medidas contundentes para erradicar la discriminación racial y reformar radicalmente el modo de actuación de la policía estadounidense con de las comunidades de color y las protestas pacíficas.
«Disparar gases lacrimógenos y golpear a los manifestantes pacíficos no los silencia. Sólo reafirma la urgencia de la lucha por la reforma de la policía y la justicia racial en los Estados Unidos», afirmaron.
Los expertos explicaron que la reciente difusión de un video que mostraba como la policía de Buffalo, en el estado de Nueva York, empujaba al suelo a un hombre de 75 años y le provocaba una lesión en la cabeza, «es sólo uno de los cientos de videos que destacan el uso injustificado por parte de la policía de porras, gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes pacíficos».
Al igual que sus compañeros, mostraron su inquietud por la militarización de la represión, que incluye el despliegue de al menos 62.000 soldados de la Guardia Nacional que no están entrenados para gestionar las protestas, y los informes sobre los ataques de la policía contra los periodistas que cubrían las protestas.
«El derecho internacional protege el derecho de todos -incluidos los periodistas y los defensores de los derechos humanos- a observar, vigilar e informar sobre tales acontecimientos. Atacar y detener a los periodistas y defensores de los derechos humanos que desempeñan este importante deber público es simplemente inaceptable», dijeron los expertos, haciéndose eco del llamamiento realizados por los expertos de la ONU y la CIDH.
Sin embargo, su principal preocupación reside en el despliegue de fuerzas sin ningún tipo de identificación en algunas ciudades, como por ejemplo Washington D.C. «Esta es una fórmula que permite la impunidad de las violaciones y abusos de los derechos humanos», destacaron.
Por otro lado, aplaudieron las medidas adoptadas por las autoridades de algunas ciudades, entre ellas Minneapolis, de abrir un diálogo con las comunidades afroamericanas y las organizaciones de la sociedad civil y responder a sus llamamientos para acabar con al racismo y la violencia estructurales en los cuerpos de policía.
Añadieron que la magnitud de los arrestos y las condiciones de las detenciones durante la crisis de la COVID-19 son profundamente inquietantes y «aumentan el riesgo de enfermedades graves», al tiempo que pidieron la liberación de todos los detenidos.
Por último, instaron a las autoridades competentes a respetar el derecho de reunión pacífica durante futuras protestas y evitar recurrir al uso de la fuerza. (ONU NOTICIAS)
* David Kaye, en su calidad de relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo. Los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. No forman parte del personal de la ONU y son independientes de cualquier gobierno u organización. Actúan a título individual y no reciben un salario por su trabajo.
**Edison Lanza es el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión. La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la Comisión para fomentar la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado el papel fundamental que este derecho juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.
***Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Agnes Callamard, relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
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