Conocí al abogado Jorge Carpizo McGregor a mediados de 1992. Meses antes, en abril de ese mismo año, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, había enviado al Senado una iniciativa de Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su artículo 2o. se establecía que la Comisión Nacional sería un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo esencial era la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos previstos en el orden jurídico mexicano.
El encuentro con el maestro Carpizo se dio porque en ese año los azares burocráticos me habían llevado a trabajar a la dirección general de programación, organización y presupuesto de la Secretaría de Gobernación, y en todo lo del citado artículo 2o. había algo que nos correspondía a nosotros como dependencia: el de trasladarles los recursos que les darían patrimonio propio.
Explico el antecedente, en la década de 1980 bajo un contexto de grave aumento en el número de violaciones a los derechos humanos particularmente relacionados con la procuración de justicia y las labores policiales, la administración de Carlos Salinas intentó hacer frente a esta situación. Para lo cual, en febrero de 1989 creó la dirección general de derechos humanos, dependiente de la secretaría de gobernación.
A esta oficina se le atribuyeron, entre otras funciones, las de recibir y atender las quejas sobre violaciones de derechos humanos que presentaran particulares e instituciones privadas, además de tener como facultad de proponer al titular de la secretaría de gobernación las acciones necesarias para su inmediata resolución, así como formular las iniciativas, programas, acciones y mecanismos que contribuyeran a la planeación de la política de derechos humanos a nivel nacional.
La gravedad de la situación que se vivía en el país hizo que esta dependencia tuviera una vida efímera, y se optó por una medida más contundente: la aparición por primera vez en la legislación federal de la figura del ombudsman, con la fundación de la comisión nacional de derechos humanos. Creada, hace treinta años, originalmente como un órgano desconcentrado dependiente de la secretaría de gobernación, a la CNDH se le atribuyeron las facultades de promover y vigilar el cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa de los derechos humanos.
El maestro Mauricio Farah Gebara recuerda: A fin de que la primera experiencia de un ombudsman nacional tuviera posibilidades de éxito, era fundamental que la institución estuviera encabezada por alguien que contara con el respeto en todos ámbitos. De a cuerdo con Carlos Salinas: “Invité a que presidiera la CNDH a Jorge Carpizo… Su prestigio nacional e internacional de hombre comprometido con la verdad y el derecho lo convertía en una clara promesa de seriedad y eficacia” (juridicas.unam.mx)
A treinta años de su fundación, la CNDH tiene hoy grandes y nuevos retos. La crisis generada por la aparición del virus COVID-19 ha dejado a la intemperie, a la vista de todos, hechos y circunstancias que permanecían ocultas, o que al menos no estaban en la preocupación de la sociedad en general.
Temas como la desigualdad económica. Para el cierre de 2020 se considera que 47.8 de cada 100 mexicanos serán pobres y 15.9 de cada 100 se encontrarán en pobreza extrema (jornada.com.mx). Con dichos indicadores el país estaría al frente de la ampliación de la desigualdad, que es la principal fuente de polarización de la sociedad.
A ello se añade el problema del desempleo que se le viene a sumar el derivado de la actual coyuntura: durante el pasado mes de abril, 12 millones de personas dejaron de trabajar o de buscar empleo por efectos de la pandemia, reveló la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (forbes.com.mx).
Por otra parte, quedó de manifiesto la falta de servicios públicos de salud que den abasto a las necesidades de una población en crecimiento y con un grave problema de enfermedades crónicas. México enfrenta la pandemia del COVID-19 con recursos limitados y, con un gobierno “despertando” ante la gravedad de la crisis, por lo que existe el temor de que los recortes presupuestales que ha hecho la actual administración afecten la capacidad para atender la pandemia, según alerta un estudio del Centro Woodrow Wilson (expansion.mx).
Tal escenario está actuando de una manera directa en la conciencia de la gente y ha despertado la inquietud de gran parte de la sociedad que cada vez cuestiona más la actuación de los gobernantes y cada vez está más dispuesta a manifestar su inconformidad. Marchas y manifestaciones como las vividas en estos últimos días son solo el reflejo de ese despertar que se dio con la agitación que trajo la aparición del COVID-19 y sus secuelas.
La CNDH tiene, además de los que ya encara, este nuevo reto en su horizonte inmediato, asegurar el estricto respeto a los derechos humanos a quien desee manifestarse. El sistema democrático no solo se basa en normas y procedimientos reglados, sino que requiere de hábitos y modos de actuar por parte del gobierno. El pluralismo y la diversidad; el dialogo y la tolerancia; respeto institucional y la cohesión territorial deberán prevalecer como condición de una convivencia sana y con futuro.
José Vega Bautista
josevega@nuestrarevista.com.mx
@Pepevegasicilia
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