MEXICO

Limitado, sistema de medición de violencia contra mujeres

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27 mayo, 2020

Ciudad de México.- El sistema para medir la violencia contra las mujeres en México es limitado e insuficiente para reflejar la problemática real, está rezagado y no cumple los ordenamientos que establecen los instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres, de acuerdo con la organización México Evalúa.

Consultado al respecto de la metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para reportar la violencia contra las mujeres, el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, David Ramírez De Garay, dijo a Cimacnoticias que el gobierno mexicano, no sólo esta administración, tiene un rezago importante en los compromisos que tiene con los organismos internacionales que buscan erradicar la violencia contra las mujeres, en específico la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Como se establece en la Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer que emitió la CEDAW en 2017, México tiene la obligación de contar con un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer, incluida la violencia ejercida mediante las tecnologías, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de desestimación y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas.

El sistema debería incluir, de acuerdo con la CEDAW, información sobre las condenas impuestas a los autores y las reparaciones, en particular las indemnizaciones, concedidas a las víctimas y supervivientes y todos los datos deberían desglosarse según el tipo de violencia, la relación entre la víctima o superviviente y el autor y en relación con las formas interrelacionadas de discriminación contra la mujer y otras características sociodemográficas pertinentes, como por ejemplo la edad de la víctima o superviviente.

De Garay precisó que, contrario a este mandato, la nueva metodología que presentó el Secretariado en 2018, que entre lo novedoso incluía un reporte de violencia contra las mujeres, hace una clasificación limitada de la violencia contra éstas ya que no incluye todas las modalidades ni todos los ámbitos en los que ocurre la violencia, todos descritos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En ese entonces el gobierno federal justificó estas limitantes al decir que la idea es poder perfeccionar con el tiempo ese sistema y llevarlo hacia a lo que está obligado el gobierno mexicano. Este mismo argumento dio a Cimacnoticias el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en una entrevista pasada.

No obstante, de acuerdo con De Garay, el gobierno federal aún no tiene un plan concreto para avanzar al respecto y el rezago no se está atendiendo. “Cuando se le pregunta a los funcionarios sobre la hoja de ruta para mejorar esta metodología no se obtienen respuestas”, advirtió.

México Evalúa criticó que el gobierno federal llame incidencia delictiva a su registro, ya que no reporta delitos sino sólo carpetas de investigación que no se sabe si derivará en un proceso penal. Además, la forma en la que se desagregan los datos es muy limitada, por ejemplo, para el rango de edad sólo hay dos variables: mayor o menor de edad, lo que impide hace un análisis más amplio de los datos.

Lo mismo pasa con el caso de la categoría sexo, ya que la nueva metodología sólo reporta sexo a partir de 2015.

De acuerdo con la organización México Evalúa, tampoco se puede saber dónde ocurren los delitos, ya que los datos que ofrece el Secretariado están desagregados hasta nivel municipal, pero para diseñar políticas públicas de calidad se requiere tener una diferenciación a nivel de calle porque dentro de los mismos municipios hay zonas donde la violencia es más focalizada que en otras.

A esto se suma que el criterio que utilizó el Secretariado Ejecutivo para las definiciones de las violencias contras las mujeres, explicó el experto en seguridad, es el “objeto jurídico” (el bien o el derecho protegido por la ley), no así los ámbitos y modalidades establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que limita el análisis de esta problemática.

Con respecto a si 90 por ciento de llamadas al 911 son falsas, como advirtió el Presidente de México en una conferencia del 15 de mayo, De Garay señaló que la declaración de López Obrador es errónea porque extrapoló el porcentaje del total de llamadas que se reciben a las llamadas que corresponden a violencia contra las mujeres. Es decir, lo que el Presidente debió hacer para dar una cifra real es tomar el total de llamadas por violencia de género y de ahí sacar el porcentaje, pero no lo hizo así sino que generalizó.

Con base en información que ha obtenido México Evalúa de las y los operadores del 911, ha podido documentar que, por ser una herramienta reciente, aún tiene muchos problemas en cuanto a la profesionalización de los operadores, además de que están en condiciones de trabajo desfavorables con turnos muy largos, no tienen los mejores salarios y no tienen la suficiente capacitación como para poder categorizar las llamadas como se debe.

El experto detalló que no es cierto que el sistema de información ya esté funcionando al cien y no haya espacio para errores de diversa índole, ya que aún enfrenta retos en materia desde financiera, hasta capacitación y laborales. Además, no existe los suficientes protocolos de control para verificar la calidad de la información que se están recibiendo en las llamadas, pero no se ha visto que esta administración haya presentado un plan ejecutivo para mejorar el 911 en estos cinco años.

La cifra negra es importante. De acuerdo con una investigación reciente de México Evalúa, sólo entre julio y diciembre de 2019, 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados, con base en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que en su edición de diciembre de 2019 por primera vez estima el número de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual.

Frente a ello, “esperar que este mecanismo muy limitado ofrezca el pulso real de la problemática de violencia de género es una ilusión, hay que buscar otros caminos. Si el gobierno tuviera la intención de captar la violencia estaría trabajar el sistema limitado que tiene y empezar a meterle expertos técnicos para tener otras fuentes de medición”, dijo De Garay.