De acuerdo con la propuesta, el Estado debe garantizar a los comunicadores las condiciones para investigar, conocer y transmitir la verdad
Tres años de prisión y hasta 500 días de multa como castigo a quien ejerza violencia contra un periodista o trabajador de algún medio de comunicación es la propuesta que presentaron ante el Congreso del Estado los representes de Unión Democrática de Coahuila.
La propuesta presentada por Emilio de Hoyos Montemayor y Zulmma Berenice Guerrero plantea una adición al artículo 265 bis y un último párrafo a la fracción I del artículo 267 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, donde también se agrega que, si se registra allanamiento a la vivienda de un periodista o trabajador de los medios de comunicación, se aplicará hasta un tercio más de las penas establecidas.
“ARTÍCULO ÚNICO. – Se adicionan un artículo 265 bis y un último párrafo a la fracción I del artículo 267 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:
“Artículo 265 bis. (Violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación).
“Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a quien ejerza violencia contra un periodista o trabajador de los medios de comunicación, por razón de su profesión o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de ésta.
“Si la violencia a que se refiere el párrafo precedente ocasiona una o más lesiones de las previstas en las fracciones II a VIII del artículo 200 de este código, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.
“Artículo 267 (Allanamiento de morada, de lugares oficiales o privados)
“Si cualquiera de las conductas previstas en los párrafos precedentes, se realiza en el departamento, vivienda, aposento o dependencia cercada de una vivienda de un periodista o trabajador de los medios de comunicación, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores”.
“Vemos cómo la libertad de expresión fue piedra angular en la construcción de la democracia moderna, ya que, en virtud de ella, la opinión pública, generada por los ciudadanos libres, puede fiscalizar al poder y de esta forma controlarlo”, se lee en la iniciativa de los legisladores udecistas.
De Hoyos y Guerrero establecen que este derecho debe garantizarse de forma tal que los periodistas desempeñen su tarea de investigar, conocer y transmitir la verdad con todas las garantías que el Estado les pueda otorgar.
“Por ello, la presente iniciativa busca dotar a los órganos de persecución penal y de impartición de justicia de más herramientas para castigar las agresiones y la violencia que se ejerce a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación por motivo del ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión.
Del mismo modo, se busca estar a tono con los estándares internacionales de protección al derecho de la libertad de expresión, como lo establece la Declaración conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. (NADIA BALLESTEROS | UNIMEDIOS)
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