Ciudad de México.- Las Oficinas en México de las Naciones Unidas llamaron a las autoridades mexicanas a salvaguardar la salud e integridad de las personas privadas de la libertad, las cuales suman 197 mil 516 hombres y 10 mil 827 mujeres, de acuerdo con el Informe de actividades 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Cimacnoticias publicó que en un comunicado de prensa, fechado este 31 de marzo, las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidieron prevenir el contagio en centros penitenciarios.
Los organismos internacionales señalaron que debido a las condiciones de reclusión y los espacios reducidos de convivencia al interior de los centros penitenciarios, las acciones para hacer frente a la pandemia se vuelven particularmente urgentes y relevantes.
Por lo anterior, las agencias firmantes elaboraron de manera conjunta y coordinada el cuadernillo: “Estándares Especiales UNAPS COVID-19”, una herramienta basada en instrumentos internacionales y buenas prácticas para apoyar a los sistemas penitenciarios en la prevención y contención de esta enfermedad.
El documento, informaron, fue realizado tomando como marco general los lineamientos de los “Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario (UNAPS, por sus siglas en inglés), un modelo de evaluación y certificación que busca mejorar la calidad de vida y el entorno carcelario de las personas que viven privadas de la libertad, el personal penitenciario, la niñez que viven en estos centros con sus madres y sus visitas.
Este modelo fue aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el 16 de diciembre de 2019.
El cuadernillo se compone de cuatro estándares: 1) El centro penitenciario protege y atiende a las personas privadas de la libertad contra el COVID-19. 2) El centro penitenciario protege y atiende a su personal contra el COVID-19. 3) El centro penitenciario protege a los visitantes contra el COVID-19. 4) El centro penitenciario protege a las niñas y niños contra el COVID-19.
Estas nuevas fichas contienen prácticas específicas en materia de salud, educación, seguridad, capacitación y suministros, con el objetivo de retardar la inserción y transmisión del virus, dar atención médica oportuna ante la enfermedad y respetar los Derechos Humanos de las poblaciones objetivo en todo momento.
Esta iniciativa se enmarca en las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien pidió a los países del mundo actuar juntos para frenar la propagación del virus: “Como miembros de la familia de la humanidad, estamos trabajando las 24 horas con los Gobiernos, proporcionando orientaciones internacionales y ayudando al mundo a hacer frente a esta amenaza”.
En este contexto, la UNODC puso a disposición de los centros penitenciarios el modelo UNAPS, cuyo objetivo es fungir como una herramienta práctica para su evaluación y mejora, basada en las condiciones específicas del país.
La OPS-OMS colabora con personal experto, gobiernos y asociados para ampliar los conocimientos científicos sobre este nuevo virus; además, asesora a los países sobre las medidas para proteger la salud de la población y prevenir la propagación del brote.
En tanto, la ONU-DH hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que tomen medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas privadas de la libertad.
A través de esta labor conjunta, las Agencias de las Naciones Unidas apoyan la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y bienestar y 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
El 30 de marzo el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT, por sus siglas en inglés) emitió recomendaciones detalladas sobre acciones que pueden realizar los gobiernos y los órganos de monitoreo independientes para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia de COVID-19.
Estas recomendaciones incluyen considerar la reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad; la revisión de todos los casos de prisión preventiva; extender el uso de fianzas con excepción de los casos más graves; así como revisar y reducir la detención de migrantes y los campos cerrados para refugiados.
El documento del SPT también enfatiza que todas las personas privadas de libertad, personas en cuarentena y en entornos médicos cerrados, sus familias y todo el personal deben recibir información confiable, precisa y actualizada respecto de todas las medidas.
Falta de servicios
En la Ciudad de México, el 20 de marzo las mujeres en reclusión del Centro Femenil de Santa Martha Acatitla denunciaron, a través de sus familias, que no tenían agua. La respuesta de la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez fue asegurar que se enviarían pipas y que este lunes se resolvería la compostura de una bomba.
El 22 de marzo Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que quedó restablecido el suministro de agua potable y explicó que el servicio solo se interrumpió por unas horas y que en todo momento se brindó apoyo a la población penitenciaria y a los familiares se les permitió ingresar con agua potable. (CIMACNOTICIAS)
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