SALTILLO

Atora a municipios falta de normativas

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7 marzo, 2020

Los municipios de Coahuila están perdiendo las demandas laborales que policías les presentan ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), debido a que los primeros ni siquiera cuentan con una normativa clara para determinar el cese definitivo del elemento, informó la titular del organismo Sandra Luz Rodríguez Wong.

Un total 65 asuntos de separaciones de cargo de policías que de acuerdo a los afectados son injustificadas, ha atendido desde que inició su función el Tribunal, informó la Magistrada Presidente, quien aclaró que ésta figura no cabe desde el punto de vista legal, debido a que éstos están sujetos a normativa específica.

Sin embargo, al momento de llegar a hacer la cuantificación de la remuneración que se le debe otorgar al oficial por la separación, el TJA ha observado que los montos han ido en aumento, ya que las resoluciones se han revertido en contra de autoridades municipales pues no siguen procesos específicos antes de separarlos.

“No es separación injustificada porque al final de cuentas el policía o los mandos de seguridad están sujetos a normativa específica, entonces no cabe la separación injustificada porque la autoridad municipal por alguna causa puede separar al oficial de seguridad o al policía de su función porque ésta es velar por el orden y el bienestar público”.

No obstante, y ante el hecho de que los municipios no tienen claro el proceso, se acordó en conjunto con el Sistema Estatal Anticorrupción reunirse con contralores y jurídicos municipales a fin de cómo sistema, se aborde el tema de que para los municipios es gravoso estar pagando a los policías que separó por alguna causa, pero que en su momento no justifica.

Y es que el Tribunal debe vigilar que la autoridad separe en la forma y con la remuneración adecuada al oficial, y es aquí que se ha observado que la cifra va en aumento, pese a que al mismo tiempo, la autoridad trata de argumentar causas de separación, lo que no se discute dentro del procedimiento de nulidad.

“El Tribunal revisa la nulidad del procedimiento por el que se le separó, en este caso aún y cuando el trabajador o el policía reclame la separación injustificada, no nos toca revisar si se le reincorpora o no, porque la ley establece que no hay reincorporación, pero sí, si la separación siguió los procedimientos conforme a la legislación que les aplica a ellos, y al mismo tiempo se les respetan sus derechos laborales en cuanto a lo económico”.

Aclaró que hay los mecanismos y medios legales y legítimos para separar a los oficiales de sus cargos iniciándoles un procedimiento administrativo y si se encuentra una falta grave, hacerlo de una forma diferente, que no signifique una carga económica para la autoridad.

Respecto a si ocurre en todos los municipios, indicó que en el caso de los ayuntamientos de ciudades más grandes la infraestructura les permite tener más claros los procedimientos porque se ha afectado más a los municipios pequeños, pero precisamente esto les ha afectado en sus arcas.

“Les resulta más complejo porque de por sí no traes una estructura para realizar el procedimiento, o el contralor, o el jurídico o el director de seguridad no están capacitados para llevarlo a cabo, obviamente el despido no lo podemos considerar como justificado, pero sí les va a repercutir de manera económica al momento de la determinación del pago para la separación”.

Dijo que corresponde a todos ellos constituir estos procedimientos pues se trata de una cadena de hechos que se debe justificar, tal y como ocurre en un trabajo cualquiera, en el que se especifican las causales que se consideran como faltas para llegar a un despido. (ESMERALDA SÁNCHEZ-INFONOR)